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Actualidad/ Creado el: 2017-07-22 11:23 - Última actualización: 2017-07-22 11:24

Revelan cifra de beneficiados con la JEP

De acuerdo al informe,  534 integrantes de la Fuerza Pública y 1.568 guerrilleros han sido beneficiados. General (R) Torres Escalante pidió su inclusión a la JEP.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | julio 22 de 2017

Un informe revelado por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, da cuenta del estado actual del proceso de la ley de amnistías, indultos y tratamientos especiales, tanto para integrantes de la Fuerza Pública como para miembros de las FARC.

El documento reveló que a la fecha se han suscrito 1.502 actas para los militares y 2.817 para los guerrilleros de la FARC. También se conoció que la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha visitado 26 y 70 centros de reclusión respectivamente, para adelantar la verificación de las solicitudes y el estado de las mismas.

El dato total es de 1.729 integrantes de la Fuerza Pública y 3.336 miembros de las FARC, que están en las listas oficiales para recibir los respectivos beneficios de la ley aprobada en el Congreso de la República.

El informe discrimina la información así:

Fuerza Pública:

-269 libertades condicionadas.

-28 Traslados a Unidades Militares.

-207 Decreto 237

FARC:

– 718 libertades condicionadas.

– 418 amnistías de IURE.

– 432 traslados a zonas veredales.

General Torres Escalante pide ingresar a la JEP

Paralelo al informe, se conoció que el abogado defensor del general en retiro Torres Escalante, solicitó que el proceso penal que se adelanta contra el que fuese excomandante de la Brigada XVI del Ejército, por su presunta participación en dos ejecuciones extrajudiciales, pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El general Torres Escalante, quien rindió interrogatorio en diciembre de 2015, es investigado luego de que un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) le compulsara copias es decir, que ordenaba investigarlo tras condenar a 22 años de cárcel al teniente Fabián García, uno de sus subalternos. Las muertes de Daniel Torres y Julio Torres, padre e hijo, ocurridas en la finca El Triunfo en Aguazul ocurrieron, al parecer, porque habían denunciado otra ejecución extrajudicial en la zona.

A los hombres de 38 y 16 años los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Según le dijo el teniente Fabián García a las autoridades, el general Torres Escalante, quien para le época era el comandante de la Brigada XVI del Ejército, conocía los hechos que se venían presentando en la región y que "siempre se le tuvo al tanto de las operaciones y de los casos que se presentaban".

En la investigación que adelanta un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se habla de que en el expediente del general Torres Escalante se indaga por casi 85 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el departamento de Casanare, especialmente en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.

El expediente del oficial activo del Ejército es uno de los más avanzados por la cantidad de material probatorio que se tiene en la Fiscalía, que ha registrado como desde lo más alto de la cadena de mando se dio la posibilidad de que se aumentaran los falsos positivos para dar resultados operativos.

El general Henry William Torres Escalante es conocido por ser un oficial tropero, que siempre ha estado en el campo combatiendo. Por eso, fue comandante de la Quinta División del Ejército, de las brigadas IX y XVI y del Batallón No.3 contra el Narcotráfico. Asimismo, estuvo al frente de la Jefatura de Defensa Institucional Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares y del Comando Conjunto Número dos del Suroccidente del país, que tiene a su cargo los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

Así mismo, también tiene cursos de lancero, paracaidismo, gerencia de proyectos, seminarios contra el narcotráfico, un magíster en defensa y seguridad, y es ingeniero de obras civiles y militares. Ha estado igualmente en comisiones en el exterior en Brasil y Estados Unidos, y ha recibido 13 medallas y condecoraciones de los más altos honores. Por eso, cuando se dio su captura fue calificada como un hecho histórico, no solo porque fue el primer general activo al que le ordenaron su arresto por falsos positivos, sino porque durante su carrera militar ocupó importantes puestos de mando en distintas zonas del país asediadas por la guerrilla y salpicadas por los escándalos de las ejecuciones extrajudiciales.

La petición del abogado

Con su pedido de entrada a la JEP, el abogado Jaime Granados Peña indicó que mientras se realiza este trámite el proceso debe ser suspendido: “hasta tanto no entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz y se remita el proceso a la misma y por otra parte, disponga de la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa contra mi prohijado, de conformidad con los hechos”.

Y agregó que el general cumple con los requisitos para que su caso sea estudiado por la jurisdicción especial: “estar bajo una medida de aseguramiento que esta sea en razón a la lucha antisubversiva o conflicto armado y que haya relación propia en la condición de miembro de las Fuerzas Militares. Varios fiscales y jueces han obviado ya el requisito de los 5 años de vigencia de la medida de aseguramiento”.

Precisó en el documento de solicitud que: “De no haber sido así, el ordenamiento jurídico colombiano estaría incurriendo en un absoluto desafuero al predicar políticamente la necesidad de perdón, paz y reconciliación y jurídicamente cancelar beneficios jurídicos a miembros de las FARC, al paso que caprichosamente los niega y agrava la situación de los miembros de las Fuerzas Militares que han resultados inmersas en procesos penales por múltiples situaciones que en cualquier caso guardián estrecha relación con el conflicto armado”.

Si la respuesta a la petición es negativa, el abogado pedirá que se otorgue a su cliente una sustitución de la medida de aseguramiento, es decir detención domiciliaria.

Objetivos de la JEP

  • Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia
    • Ofrecer verdad a la sociedad colombiana
    • Contribuir a la reparación de las víctimas
    • Contribuir a luchar contra la impunidad
    • Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.
    • Contribuir al logro de una paz estable y duradera.

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