“Participaron en la asamblea con un certificado chimbo”

Por no cumplir con el artículo 048 del reglamento de propiedad horizontal y por participar en la asamblea de segunda convocatoria del Centro Comercial Popular Los Comuneros con un certificado de paz y salvo falso, copropietarios de algunos locales comerciales entrarán a demandar al Municipio pues, según ellos, “no es la primera inconsistencia que pasan por alto”.

De acuerdo con lo revelado por Jhon Jairo Martínez Jáuregui, presidente de la junta de administración del centro comercial, el pasado 7 de marzo la Alcaldía Municipal participó en la asamblea teniendo como representante a Jesús Antonio Vega Silva de una manera ilegal, pues “para participar en esta debían estar a paz y salvo y ellos no lo estaban”.

Sin embargo, esto no se conoció hasta ayer, día en el que se encontró el paz y salvo donde asegura que la Administración ya había cancelado todos los servicios de: Administración, servicio de energía, construcción de áreas comunes, unidad de ventilación, aires acondicionados y seguro del edificio hasta el año 2016, lo cual es falso, de acuerdo con lo revelado por Martínez Jáuregui.

“Resulta que cuando la Administradora del centro comercial emitió el paz y salvo el 7 de febrero del 2016, la alcaldía debía al centro los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, por lo cual, emitieron una certificación chimba”, indicó Óscar Ibagón, copropietario del centro comercial

Ahora bien, es de resaltar que para que una parte de la junta directiva pueda tener voz y voto en la asamblea, debe estar con todos los gastos pagos 8 días antes de la fecha establecida y “al día 7 de marzo la alcaldía debía, ellos se pusieron al día solo hasta el 8 de marzo, o sea, un día después”, añadió el comerciante.

Según Ibagón, ellos como propietarios habían solicitado el certificado pero la Administración Municipal había sido hermética en expedir la copia, “ya tenemos el denuncio penal, ya lo vamos a radicar, sobre anomalías y falsedad en documento privado”.

“Chucho Vega no quiere aceptar lo resuelto”

Tal como lo expresa la tutela, el delegado de la alcaldía que viene ejerciendo el cargo desde el periodo de Pedro Suárez y, actualmente, en el de Rodrigo Lara Sánchez, debería reconocer la personería al señor John Jairo Martínez Jáuregui, el cual fue elegido el día de la asamblea para ese cargo por unanimidad.

Pero en lo expresado por Martínez Jáuregui, el delegado no ha querido aceptar los nombramientos hechos en la asamblea general ordinaria de propietarios de segunda convocatoria, la cual fue realizada y convocada de manera legal.

“El problema es que ellos no quieren aceptar los nombramientos realizados en la asamblea porque eso conlleva a que se les acabe la bolsa de empleo que se acerca a los 45 empleos que representan el centro comercial popular para cumplimiento de compromisos políticos tanto del alcalde como del doctor Vega”, afirmó el elegido.

Igualmente, los dueños de los locales comerciales denuncian que no solo la alcaldía es morosa sino también entidades como DIAN, la Surcolombiana, Empresas Públicas de Neiva, la Electrificadora del Huila.

“La Alcaldía estaba a paz y salvo”

DIARIO DEL HUILA habló con Jesús Antonio Vega y lo primero que él aclara es que el paz y salvo es firmado por Martha Cecilia Puentes, la administradora del centro comercial, pues la ley 675 del 2001, artículo 50 numeral 14, que le corresponde expedir los paz y salvo de cualquier propiedad horizontal es al administrador, no al revisor fiscal, “como lo quieren hacer ellos, es una falacia que se inventó el revisor fiscal para que no lo sacaran y aprovechó para descalificar a la Alcaldía diciendo que no estaba a paz y salvo”.

De acuerdo con lo hablado con Vega, éste manifiesta que “el revisor fiscal lo hizo porque sabía de ante mano que nosotros teníamos la intención de cambiarlo por una persona que recogiera más requisitos que él”.

Ahora bien, el centro comercial lleva dos asambleas realizadas, la última de estas el 7 de marzo donde, como lo explica Vega, la Alcaldía tenía 273.000 votos y los copropietarios entre todos 50.000, “la alcaldía cuenta con tantos votos primero, por las entidades aliadas y porque es la mayor accionista y como los copropietarios no se unen, no se apoyan entre sí”.

Y tal como lo asegura el delegado, para la fecha de realización de la segunda asamblea la alcaldía estaba a paz y salvo, “en la primera no, aún se le debía al centro comercial, pero para el 7 ya estábamos a paz y salvo, ese mismo día pagamos, pero a las 6:00 de la tarde ya habíamos pagado”.

La controversia

El delegado de la alcaldía defiende su posición frente a que estaban a paz y salvo a la hora de la asamblea en la que ellos legalmente participaron; “y digo legalmente porque así ellos se escuden en la ley de propiedad horizontal artículo 048 del Centro Comercial, esta está desactualizada y es ineficaz pues es de junio de 1997. A lo que estoy diciendo lo respalda el artículo 86 de la ley 675”.

Además, Vega resalta que no se le puede negar la participación en una asamblea, votar y ser elegido a un propietario porque no está al día, “y ellos no van a sacar a Chucho Vega, ellos quieren sacar a la alcaldía y eso no se puede”.

En cuanto a la tutela donde se resuelve que Chucho Vega debería entregar la presidencia a Martínez Jáuregui, el primero en nombrar dice que “en mi criterio, el juez de tutela no tiene competencia para eso, porque hay otros mecanismos de defensa para esos conflictos de acuerdo con el código del proceso que es el juez civil municipal, a quien debió presentársele la tutela; pero como ellos se hacen pasar por víctimas, no lo hacen”.

La asamblea

Por un lado, los copropietarios del centro comercial indican que fue Vega quien saboteó la asamblea para que no se llevara a cabo y aplazarla; sin embargo, “nosotros hicimos la asamblea, elegimos la junta, se notificó por cartelera y está en trámite la aceptación de la asamblea en la secretaría de gobierno Municipal. El señor Chucho Vega, ese día evitó a toda costa que se llevara a cabo la asamblea porque no quiere dejar que se cambie el administrador”, indicó Ibagón.

Y por su lado, el delejado explica que tiene pruebas de que los saboteadores fueron los copropietarios los que no dejaron hacer la asamblea, por lo cual, había quedado aplazada para el día 1º de abril, “ellos lo hicieron solo para quedarse hasta las 12 de la noche y elegir de manera ilegal a los nuevos miembros de la junta”.