“Hay que coger el toro por los cachos”: Alejandro Ordóñez
La Procuraduría inició ayer en Pitalito jornadas regionales, para escuchar a los alcaldes sobre sus impedimentos para cumplir sus programas de gobierno, y acercarlos a dependencias del orden departamental y nacional a través de mesas trabajo, para contribuir con su gestión.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, estuvo presente el día de ayer en el municipio de Pitalito en el inicio de las jornadas regionales de trabajo que se realizarán en todo el territorio nacional. Reuniones que tienen como fin quitar todas las trabas que algunas dependencias de los gobiernos departamentales y nacional ponen a los gobernantes locales y que les impide a estos realizar un buen gobierno.
Ordóñez se reunió con los alcaldes del Huila, Cauca y Putumayo con el fin de supervisar el trabajo realizado en las distintas mesas de trabajo establecidas. El alto funcionario estuvo acompañado por el señor Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios.
Antes de iniciar la sesión el procurador habló sobre la dinámica de estas reuniones y expresó que estas están destinadas a las autoridades locales, con el fin de reconstruir la credibilidad, confianza entre la ciudadanía, siendo eficientes en el cumpliendo las políticas públicas, y protegiendo los derechos fundamentales.
“Tenemos que realizar los acompañamientos a los gobiernos locales en dificultades para la ejecución y estableciendo compromiso a corto y a mediano plazo, la Procuraduría es garante y hará los seguimientos para que los compromisos se cumplan y las decisiones administrativas se produzcan, para que los obstáculos se remuevan”, expresó el representante del Ministerio Público.
Alejandro Ordóñez dialogó con DIARIO DEL HUILA sobre lo que representa para su despacho estar presente en esta reunión en el sur del departamento del Huila y todo el acompañamiento que desde el mismo planean hacerle al proceso.
¿Cómo surge la idea de desplazarse?
Si bien es cierto que la Procuraduría no tiene funciones de co-administración, sí podemos articular los diversos órganos del Estado, generar espacios para que las autoridades nacionales y departamentales se sienten con los alcaldes para remover los obstáculos que puedan existir en el cumplimiento de la ejecuciones presupuestales, o políticas públicas. Se trata de un ejercicio del buen gobierno, actuamos como garantes.
¿Cuáles son esos obstáculos para el desarrollo de un buen gobierno?
Existen inconvenientes con la asignación de los recursos de regalías, telecomunicaciones. En muchos aspectos que afectan las políticas públicas y la ejecución presupuestal, lo que se hace es que los mismos alcaldes los manifiesten, cada alcalde tendrá sus peculiaridades, sus inconvenientes que quieran resolver y ellos mismos se los manifiestan a las autoridades nacionales.
¿Cómo califica este espacio de interlocución, entre alcaldes y delegados del gobierno?
Es la primera experiencia que se efectúa producto de una solicitud que recibimos de la Federación de Municipios, de las autoridades locales; es indudable que es desde lo local donde se pueden conocer esas deficiencias, es donde uno sabe “dónde le duele el zapato”.
¿Qué pasará con los OCAD y PDA?
Todas esas figuras administrativas de los recursos discutidas por los alcaldes. Deben tener la eficiencia adecuada para revertir en el cumplimiento eficaz de las políticas públicas… porque no nos digamos mentiras una política pública insatisfecha, o un derecho fundamental lesionado, se refleja en menos escuelas, vías de comunicación, vulneración de derechos políticos y culturales.
El alcalde de Pitalito, Pedro Martín Silva, le mostró su preocupación por el transporte de hidrocarburos en esta región, ¿la Procuraduría cómo ve dicha actividad?
Hay numerosas quejas que se están tramitando que generan la preocupación de la Procuraduría, pero aquí dijéramos que estamos actuando con mucha coordinación para lograr reducir lo disciplinario, actuando en lo preventivo para blindar los procesos administrativos, y las políticas públicas.
Las políticas públicas y necesidades básicas insatisfechas, traen consigo la movilización social, ¿es un mecanismo de reclamo a sus gobernantes?
La protesta social es la consecuencia en gran medida de la ineficacia del Estado en sus políticas públicas. El Huila ha sufrido de una manera grande por estos aspectos, todos los escenarios de conflicto que tuvieron que abocarse al terminarse el año anterior y al inicio de la presente vigencia es una prueba de lo que estoy haciendo. Esta una prueba de lo que estoy haciendo, es por eso nuestro compromiso como diría el adagio popular: “Hay que coger el toro por los cachos”, es nuestro deber funcional y obligación generar estos espacios de articulación, para que los alcaldes puedan cumplirle a sus electores.
