“El Huila tiene 120 mil hectáreas de páramo blindadas de actividades mineras”

El pasado lunes, la Corte Constitucional emitió un histórico fallo en materia ambiental que le podrá devolver las esperanzas a las fábricas de agua en Colombia, más conocidas como páramos, ecosistemas que hasta hace dos días estaban en riesgo por la proliferación de licencias exprés que el mismo gobierno nacional cedía a corporaciones y multinacionales para la ejecución de actividades mineras, y como objeto de interés para las mismas. Al respecto, el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), Carlos Alberto Cuéllar Medina, manifestó que el fallo es una buena señal en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, además de que le devuelve las competencias a las entidades locales y regionales en materia de licenciamiento y manejo ambiental.

“Para la corporación es una gran señal en estos tiempos de posconflicto, buscando una sostenibilidad ambiental de nuestros principales ecosistemas del planeta como son los páramos. Este fallo es extremadamente valioso porque restringe cualquier tipo de acción en lo que tiene que ver con estas áreas y limita lo que tiene que ver con los procedimientos al interior de esas áreas”, señaló.

Áreas blindadas en el Huila

El funcionario expresó además que el Huila cuenta con 120 mil hectáreas de páramo protegidas, producto de un ejercicio de conservación desarrollado no solo por esa entidad, sino por las comunidades involucradas en las áreas. “Todo este trabajo nos ha permitido tener esta red de áreas protegidas regionales, las cuales superan las 300 mil hectáreas, dentro de las cuales se encuentran incorporadas más del 95% de los territorios en páramo que hay en el Huila”, manifestó y añadió que “estas 120 mil hectáreas de páramo se encuentran blindadas de cualquier actividad minera, más allá del fallo de la corte y que imposibilite que en esas seis áreas protegidas de interés general se desarrollen este tipo de actividades”.

El director de la corporación insistió en desmentir algunas declaraciones que aseguran que algunas áreas de páramo, como la del Cerro Miraflores estarían siendo destinadas a explotación minera. “Se ha dicho que en algunas áreas como el cerro páramo de Miraflores hay potenciales intervenciones al interior de las áreas protegidas y eso es totalmente falso, pues el área que está delimitada en este caso y de los otros cinco parques se encuentran totalmente blindadas de cualquier actividad minera”, manifestó.

De otro lado, Cuéllar Medina celebró la decisión, pues le devuelve a las corporaciones autónomas y a las autoridades del departamento y los municipios, las competencias que deberían tener, en esencia, para el manejo ambiental de las áreas de la región.

“Tenemos unas competencias otorgadas en el marco de una legislación. Lo que hubo fue una intervención de la Corte sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde unos artículos particularmente omitían cualquier tipo de obligaciones a las que se veía abocado cualquier solicitante de licenciamiento de cualquier proyecto o megaproyecto de interés nacional. Se les ha devuelto las competencias a las autoridades regionales, municipales, gobernaciones y por su puesto a las corporaciones autónomas en lo que tiene que ver con la participación activa en estos procesos de licenciamiento”, concluyó.