“ANLA y Emgesa más o menos son la misma cosa”

Aunque no está listo el documento final de solicitud de una Audiencia Pública a la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, lo que ayer se vivió en la III Mesa temática por la Defensa del Territorio y el agua fue inconformismo por la autoridad ambiental.

La CAM había sugerido fortalecer el documento de solicitud que se le iba a enviar a la ANLA, razón por la cual, ayer se buscó discutir los puntos que deberían ir en esta solicitud, son de movimientos ecológicos, ambientales, agrarios, movimientos por la defensa del territorio y del agua, alcaldes, concejales, exgobernadores y diputados. Adicionalmente, estaban como acompañantes del proceso la Procuraduría, la Corporación del Alto Magdalena y lo hará la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, solo se vieron dos concejales de Neiva, los diputados estuvieron ausentes aunque sí hubo una buena participación del gabinete de la gobernación y, por su supuesto, el gobernador dirigió el encuentro.

Lo que se busca

“Nos estamos organizando para la audiencia pública, para definir las compensaciones y verificar el cumplimiento de las mismas a las que ha tenido derecho el Huila, sus municipios y sus habitantes, y será exitosa ya que tiene carácter vinculante”, afirmó el gobernador Carlos Julio González Villa.

En las jornadas se han empezado a sembrar las primeras bases de lo que podrá convertirse en cátedra ambiental, se socializó la solicitud que nuevamente se hará llegar al Presidente, Juan Manuel Santos, para firmar el Conpes en defensa del Macizo Colombiano y aspectos fundamentales sobre el acompañamiento internacional en defensa de los recursos naturales.

Declarar la emergencia económica

Los pescadores de Hobo que participaron en la Mesa Temática lograron que se autorizara un comité que analice las acciones para amparar la crisis que 350 familias que derivan el sustento de la pesca artesanal en el municipio de Hobo.

“Debe el Gobierno Departamental -y se creó hoy una mesa para, con el Departamento Jurídico, tomar una decisión-, y es la posibilidad que ha sido solicitada por los pescadores artesanales que también hacen presencia en la Mesa por la Defensa del Territorio y del Agua, de declarar la emergencia económica y de seguridad alimentaria; ellos están incluidos en el tema de la calamidad pública, se entregaron algunas ayudas humanitarias de inmediatez pero no son suficientes”, señaló el mandatario regional.

“Lo más importante es que le damos forma a una organización estructurada en defensa del territorio y del agua, que no solo es la Gobernación del Departamento del Huila o actores que lo han hecho hasta ahora, sino el departamento del Huila organizadamente”, puntualizó.

Por su parte, Juan Carlos Ortiz Cuéllar, subdirector de Regulación y Calidad ambiental de la CAM, afirmó que “se han tocado unos temas importantes de continuidad de unos aspectos que se han hecho en la mesa, uno de formalizar las subcomisiones que se han creado, de trabajo en los diferentes temas: minero energético, socio ambientales, económicos y en procura de que se toquen otros asuntos regionales que impactan sobre el territorio”.

Crítica a ANLA

Para el profesor, investigador y líder de Asoquimbo, Míller Dussán, “ANLA y Emgesa más o menos son la misma cosa, es decir, ANLA parece la subsidiaria de Emgesa, es decir, valida todo lo que hace Emgesa”.

“Lo que estoy observando en el departamento del Huila es que los jueces están actuando a favor de Emgesa. Acá hay una tradición y es que en el tribunal no se ha ganado absolutamente una tutela. La única que nos ha favorecido es la Corte Constitucional”,  anotó Dussán.

Pescadores les niegan derechos

El profesor Míller Dussán, quien ha sido un aguerrido crítico del proyecto El Quimbo, criticó severamente la posición de la justicia en el Huila, que no les ha dado la razón en ninguna oportunidad a las víctimas de esta megaobra.

“Fueron 123 pescadores que incluían a sus propios hijos del municipio de Hobo, donde solicitaban al juez el restablecimiento de los derechos constitucionales”, afirmó Dussán, quien además, afirmó que todos los pescadores reconocen que la contaminación del embalse llevó a la destrucción de casi el 100% de la pesca artesanal. Sin embargo, cuando uno espera que esa es la vía que está establecida en la constitución, restablezca los derechos constitucionales, el juez falla diciendo que se puede acudir a otro tipo de vía judicial que es la demanda. No entendemos eso, una demanda puede demorarse unos 20 años”, afirmó.

Para Míller Dussán, “lo que a uno le indigna es que cuando el ministro de Minas interpuso una acción de tutela para generar energía, a nombre de que si no se generaba y si no se ponía a funcionar El Quimbo se violaban derechos constitucionales que no tenían nada que ver, pero inmediatamente el juez a nombre de los afectados ordenó generar energía, y resulta que ahora, cuando los afectados interponen un recurso de tutela, precisamente porque no son los afectados reales, el juez dice que no es el mecanismo”.