viernes, 03 de abril de 2026
Regional/ Creado el: 2016-05-25 11:24

No podemos cumplir Decreto 1500 de 2007: Alcaldes del Huila

Para el Gobierno Nacional, se hace urgente que se le dé cumplimiento a los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012. Mandatarios del Huila, abogan por ampliar los plazos.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | mayo 25 de 2016

La reunión sostenida entre delegados del sector cárnico y de lácteos del departamento del Huila con funcionarios de la gobernación que buscan que los municipios cumplan el Decreto 1500 De 2007 dejó como conclusión que las alcaldías no tienen recursos para operar plantas de sacrificio técnicamente como lo establece la norma.

Para los alcaldes del Huila está claro que con esta disposición del Gobierno Nacional una de las consecuencias que traerá a corto plazo es el aumento del abigeato; así mismo sostuvieron que tendrán que seguir sacrificando de manera artesanal para surtir del producto a sus municipios.

Es por ello que para algunos mandatarios locales, la medida les parece injusta toda vez que se les aplicará con máximo rigor una ley a sabiendas de que llevan pocos meses de posesión en sus cargos.

Aumentarán mataderos clandestinos

En este sentido se manifestó Javier Rivera Cortez, alcalde de Algeciras quien señaló que con el cierre se aumentarán mataderos clandestinos.

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“Un problema con el cierre es que aumentarán los mataderos clandestinos que no tienen ningún tipo de asepsia y acá en esta localidad tenemos cerca de 10 mataderos clandestinos. Acá la responsabilidad del cierre del matadero es del Gobierno Nacional porque nos exigen cumplir pero así mismo nos deben dar las herramientas para poderlo hacer. Lo mejor es sentarnos a trabajar en los mecanismos que permitan no privar a los municipios de prestar este servicio público tan importante en la oferta de carne a los ciudadanos busquemos medidas que nos permitan solucionar este problema que se nos presenta a muchos mandatarios que recién nos estamos sintonizando con la situación”, dijo Rivera Cortez.

Por su parte, Víctor Polanía alcalde de Palermo, sostiene que la decisión del Gobierno Nacional está condicionada por la firma que años atrás realizó del TLC; para Polanía es claro que esta disposición es polémica porque el 99 por ciento de los mataderos del país no están cumpliendo con esta exigencia que es de carácter internacional.

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“Nunca se hará una exportación de una libra de carne porque todos los mataderos del país no estarían funcionando”, sostuvo Víctor Polanía.

Y es que de acuerdo al Invima, la planta de Palermo sería una de las primeras en cerrar en el mes de agosto del presente año.

“Nosotros estamos entre los primeros para cierre, habida cuenta que no quedamos ni entre los anexos; el alcalde de turno no nos inscribió y tampoco presentó plan de mejoramiento y ahora lo que podemos hacer es realizarlo y entrar como privados  a ejercer mientras se cumple con el 100 por ciento de la exigencia”

El pedido explícito de los alcaldes es que a través del gobierno departamental se gestione ampliar los plazos para que los municipios logren solucionar los inconvenientes, puedan operar bajo la ley y así evitar sus cierres.

De las reuniones han participado delegados del Invima, La Cam, el ICA y la Procuraduría Agraria y Ambiental; se prevé sostener un próximo encuentro este 31 de mayo con delegados del Ministerio de Agricultura y se espera allí escoger al representante de los alcaldes en la mesa del plan de racionalización de planta de beneficio animal.

Invima no cede

Para el Invima, los plazos no pueden ser ampliados en todas las reuniones adelantadas a lo largo y ancho del país han manifestado que es “esencial y crucial” darles a entender a los nuevos gobiernos locales y departamentales la relevancia del Decreto bajo el cual se comenzarán a “cerrar plantas que presenten riesgo gradual y de abastecimiento de carne”.

Para la entidad, el sector privado ha hecho inversiones para garantizar el cumplimiento del Decreto 1500, las cuales recaen sobre pocas plantas de beneficio, que han demostrado ser las mejores y que garantizan la salud colombiana tras la comercialización de una carne inocua.