Licencias de El Quimbo, en el ojo de la Fiscalía por presuntas irregularidades

Luego de que grupos de ambientalistas y habitantes de la zona de influencia de la represa El Quimbo denunciaran incongruencias en la entrega de los permisos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la construcción del proyecto hidroeléctrico, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal para establecer la validez de dichas declaraciones y de esta forma, emprender las medidas pertinentes.

La Unidad Anticorrupción de del ente investigador comenzó con el proceso de recolección del material probatorio, dentro del cual se tendrán en cuenta documentos oficiales, testimonios de las personas que tuvieron vinculación con el proceso de las licencias y por supuesto, los mismos denunciantes.

De acuerdo con el ente investigador, las denuncias presentadas por el grupo de ambientalistas y habitantes de la zona estaban sustentadas en dichas presuntas irregularidades, como también en fallas relacionadas con la vigilancia y el control de la construcción del megaproyecto hidroeléctrico. Las irregularidades, según las denuncias, habrían generado un daño ambiental sin precedentes en la región, principalmente en el embalse de Betania. “Son claros los engorrosos procesos de adjudicación de permisos para el uso de los terrenos, concedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”, manifestó la Fiscalía.

El Quimbo, un polémico proyecto

La decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso de investigación formal por presuntas irregularidades en la entrega de las licencias ambientales por parte de la ANLA, se da un mes después de que un juez de la capital huilense ordenó a Emgesa reanudar la generación de energía, con los argumentos de que el estancamiento de las aguas del embalse podrían ocasionar un grave daño ambiental, pero además de eso, por la necesidad de abastecimiento energético como consecuencia de la sequía originada por el fenómeno de El Niño.

La decisión del juez se dio tiempo después de que el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), interpusieran una tutela tras la decisión del Tribunal Administrativo del Huila de imponer una medida cautelar por las afectaciones ambientales que acarreaba la generación de energía de la represa. Hasta el momento, el Tribunal Administrativo no ha decidido de fondo sobre dicha medida cautelar.

Loa hallazgos de la Contraloría

Cabe destacar, en este sentido, que la Contraloría General de la República emitió un informe e septiembre de 2014, donde señaló catorce hallazgos relacionados con presuntas inconsistencias en el otorgamiento de los permisos. El documento, firmado por un contralor delegado para el Medio Ambiente, confirmó como hallazgo administrativo que la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo se otorgó “sin contar con un estudio de vulnerabilidad y solo dos años después de la ejecución del proyecto se aceptó por parte de la ANLA dicho estudio”.

El informe agregó también que esta omisión en el proceso de licenciamiento puso “en riesgo a la población vulnerable del proyecto que no había sido caracterizada hasta el momento de elaboración del estudio de vulnerabilidad de 2011 y por lo tanto no contaba con las medidas de protección necesarias para compensar, reparar, prevenir y mitigar los efectos negativos sobre la población en términos sociales, económicos y culturales”.

Los demás hallazgos especificados por el ente de control estuvieron relacionados con insuficiencias técnicas en la licencia ambiental, inconsistencias en compensación ambiental y compensaciones económicas no autorizadas.