jueves, 02 de abril de 2026
Regional/ Creado el: 2016-04-09 10:07

Las huellas del conflicto armado en el sur del Huila

Saladoblanco no olvida la amarga navidad de 1998. El regalo de las FARC fue un cruento ataque a la población con el que asesinaron tres personas, destruyeron el pueblo y dejaron lisiada para toda la vida una niña, hija de un policía.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | abril 09 de 2016

Un recorrido histórico por el accionar de las FARC, en el sur del Huila, en los últimos 20 años, tiene como referente la noche infernal del 25 de diciembre de 1998 que les tocó vivir a los habitantes del municipio de Saladoblanco.

La toma guerrillera que amargó la navidad de los saladeños estaba anunciada. Como en el cuento de Gabo, los habitantes sabían que “Algo muy grave iba a suceder en este pueblo”.

“Una llamada anónima a la estación de Policía de Saladoblanco a comienzos de diciembre de ese año había alertado sobre un ataque de la guerrilla y, sin embargo, no hubo refuerzos ni prevenciones porque consideraban que era “mamadera de gallo”, dice Rogelio, un viejo habitante de la población.

 

La toma guerrillera

El frente tercero de las FARC había protagonizado una serie de acciones contra la campaña de las elecciones regionales del 97 para el periodo 1998 – 2000.

Entre las acciones guerrilleras figuraron amenazas a los candidatos, bloqueo de las poblaciones para que no votaran sus habitantes el día de elecciones y el secuestro posterior de varios alcaldes electos, entre ellos el de Saladoblanco, Julio Quintero.

La fatídica noche del 25 de diciembre, mientras algunos habitantes de Saladoblanco remataban la navidad de ese año en las discotecas y bares del pueblo, y otros en sus casas, 200 guerrilleros del frente 13 de las FARC, armados con roquets y fusiles al mando de Oswaldo Patiño, un veterano combatiente fariano, iniciaron un cruento ataque contra el cuartel de policía, que se prolongó por más  de seis horas.

Un policía, el primer muerto

El primer muerto de la toma guerrillera fue el policía Fernando Grisales Mazabel, oriundo de San Agustín, de 27 años, padre de tres niños que hacía dos meses había sido trasladado a esa zona.

El uniformado, esa noche era el centinela de la estación y se convirtió en el primer objetivo de la guerrilla al iniciar la toma. Posteriormente y en pleno combate, Ángel María Muñoz Rojas, de 79 años, matarife, y su hijo, Jesús Alfredo Muñoz Cabrera, de 51, ganadero, fueron asesinados por las FARC.

Según los pobladores, a los comerciantes asesinados la guerrilla les exigió en medio de la toma una suma de dinero y como no accedieron, los ultimaron en su propia casa.

Lisiada de por vida

Seis agentes también resultaron heridos, al igual que una niña de 13 años, que junto a su madre y dos hermanas más se encontraban en el cuartel esa noche visitando a su padre, el policial Luis Muñoz Barrera.

A la menor herida le tuvieron que amputar una pierna, y 18 años después de la toma, venciendo todo tipo de obstáculos y sin apoyo de la policía y del estado, en general, para la implantación de una pierna ortopédica, se graduó de abogada y se desempeña como gerente de una reconocida multinacional.

El agente Muñoz Barrera, el coronel Durán, entonces comandante del cuarto distrito de policía, le pidió la “baja” de la institución haciéndolo responsable de lo ocurrido a su hija por haber recibido la visita de su familia en el cuartel de policía.

El policial, de manera estoica y apoyado por su esposa, la exconcejala de la Pitalito, Marta Restrepo, se enfrentó a todo tipo de persecuciones institucionales y judiciales para sacar adelante su familia y finalmente, Muñoz logró no ser destituido y terminar su periodo de servicio en la policía para disfrutar hoy de la pensión de jubilación.

El recuerdo de una navidad infernal

Esta es la versión de Marta Restrepo sobre los hechos de la noche de la toma y su lucha para sacar adelante a su hija tras la amputación de la pierna.

La acción guerrillera fue dirigida exclusivamente a la estación de Policía, con cilindros bombas, explosivos de alto poder, donde participaron cerca de 200 guerrilleros que llegaron en carros de servicio público, escaleras o mixtos, y en la torre de la Iglesia instalaron una ametralladora 0.50.

En la estación había 12 policías, de los cuales la mitad se encontraba por fuera en el momento de la toma guerrillera, que no apoyaron a los policías que estaban en la estación.

Me encontraba en la sala de televisión de la estación viendo una película con mis tres hijas, Yésica Julieth, Lina Marcela y Paula Andrea.

En el momento que empieza la toma guerrillera, me refugié con mis hijas en un alojamiento de la estación de policía, donde permanecí hasta la media noche, hora en que los subversivos entraron a las instalaciones de la estación después de haberla incendiado.

Mi hija Lina Marcela tenía su pierna derecha destrozada por una granada que lanzaron al alojamiento donde estaba con mis hijas, posteriormente, los guerrilleros nos sacaron a los exteriores de estación y empecé a buscar apoyo médico para mis hijas, pues las otras dos también estaban heridas, Yesica Julieth con esquirlas en su rostro y Paula Andrea de tan solo 50 días de nacida.

La policía desde ese momento se convirtió en la pesadilla para nuestra familia, mi hija Lina Marcela y yo fuimos trasladas hasta Bogotá para atender las múltiples heridas de mi hija y desde que llegamos iban a obligar a mi esposo a firmar un pagaré para que se le prestaran los servicios médicos a mi hija.

A Lina Marcela le amputaron la pierna derecha, la primera prótesis que le suministró la policía, era tan elemental que mi hija de apenas de 13 años empezó a sufrir de la columna.

La condición de esta prótesis era de lo más inhumano porque mi esposo era agente y no oficial de la Policía. Posteriormente, se tenían que cambiar las prótesis porque mi hija estaba creciendo.

Ella se contactó con la fundación United for Colombia, fundación de Estados Unidos que la apoyó con una prótesis avanzada, y fue llevada a Washington a representar a Colombia como víctima del conflicto armado en el año 2009.

Hoy, Lina Marcela es abogada y trabaja en una empresa privada. Mientras nos recuperábamos solo como familia de las secuelas de esta guerra absurda, el coronel Durán, comandante del Cuarto Distrito de Policía, tres años después de la toma guerrillera pide la baja de la Policía a mi esposo, el cual llevaba en esa época 14 años en la institución y con ello se perdía el derecho al subsidio de vivienda, pero gracias a Dios y mi desplazamiento a Bogotá con mi hija, el general Roso José Serrano no aceptó la solicitud del coronel de marras.

El médico Luis Antonio Motta

El médico cirujano Luis Antonio Motta Falla, asesinado por las FARC, siendo alcalde de Campoalegre, en octubre de 2002, se encontraba en Saladoblanco la noche de la toma guerrillera y fue protagonista de un hecho que relata el entonces alcalde de población, Julio Quintero:

El médico Falla, al escuchar el llanto de las niñas hijas del policía porque estaba en una vivienda cercana a la estación, se puso la bata blanca de médico e intentó auxiliar a las infantes, siendo interceptado por el propio Oswaldo Patiño, quien con palabras soeces y amenazas lo devolvió al sitio donde se hospedaba.

“Irónicamente, minutos más tarde, la policía hirió con disparos de fusil al jefe guerrillero en un hombro y un ojo. Patiño, desesperado, mandó a traer al médico que había amenazado para que lo atendiera”, señala el exalcalde.

Patiño fue sacado por los guerrilleros y trasladado a un hospital del Cauca, en el carro oficial de la Alcaldía de Saladoblanco, que previo a la toma, los farianos le habían quitado con amenazas al alcalde Quintero.

Oswaldo Patiño, cuya muerte no ha sido aclarada por las FARC, murió en la región de San Guillermo, al oriente del municipio de Garzón, y se especula que fue fusilado por el grupo guerrillero tras asesinar una maestra de escuela en esa región, sin embargo, un frente guerrillero del Bloque Sur lleva su nombre.

El postconflicto

La actual alcaldesa de Saladoblanco, Zuleima Peña, viene adelantado gestiones a nivel nacional para que su municipio, uno de los más golpeados por el conflicto armado, sea tenido en cuenta a la hora de reparación de víctimas una vez el Gobierno firme la paz con las FARC en La Habana.

“En este municipio hay un alto índice de desplazamiento forzado, de asesinatos, y tomas guerrilleras que han destruido el pueblo en dos oportunidades; por eso estamos exigiendo con pruebas como esta en la mano del rigor del conflicto armado, la reparación de víctimas en esta población”, apostilló la mandataria.