Las falsas capturas del Ejército en Gigante

El 28 de marzo de 2004 en desarrollo de la operación Aurora, llevada a cabo en el corregimiento de Potrerillos, Gigante, fueron capturadas 16 personas calificadas como “milicianos e informantes de las Farc”.

El 23 de septiembre del mismo año la Fiscalía 21 delegada ante los juzgados penales del circuito, al calificar el mérito de la investigación precluyó y ordenó revocar la medida de aseguramiento tomada contra los actores, “al no haberse demostrado la existencia del hecho punible y porque los sindicados no habían cometido el ilícito por el cual eran investigados”.

Un craso error que ahora en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Huila, confirmó hallando responsable a la Nación por el daño patrimonial causado a las víctimas de la privación injusta de la libertad y a sus familiares. $600 millones tendrá que pagar el Estado.

La investigación

La fiscalía delegada ante el DAS inició investigación preliminar el siete de octubre de 2003 a partir del informe entregado el día anterior por esta última, donde se indicaba la existencia de un grupo de auxiliadores de las Farc. Así las cosas, cuatro días después se realizó la captura masiva.

De acuerdo con el expediente que reposa en el Tribunal, “al tiempo de la captura no les fueron decomisados elementos ilícitos, ni tenían vinculaciones con grupos subversivos, pero por declaraciones de los señores Rubén Ortiz Bermúdez, Edison González Losada, Wilton Bermúdez Franco y Arnulfo Narváez (conocidos en el corregimiento como Los Tolimas), vertidas ante el DAS varios años después de haber abandonado el corregimiento y con el fin de obtener recompensa del Estado, los señalaron como milicianos de las Farc, de ahí que posteriormente se abstuvieran de comparecer a ampliar sus dichos o ratificarlos”.

A lo largo del proceso la Fiscalía omitió realizar un trabajo investigativo en donde pudiera corroborar la poca credibilidad de los denunciantes y sus antecedentes personales, pues se limitó a tener por cierto los hechos denunciados.

Pese a que esto quedó establecido y probado en el proceso penal, los campesinos fueron  sindicados de rebelión y privados de la libertad por seis meses.

La injusta privación no solo les afectó su buen nombre sino que, según su relato, “sus actividades laborales desaparecieron, quedaron tildados de guerrilleros y son acosados tanto por la fuerza pública como por los paramilitares, al punto que dos de los detenidos, fueron asesinados por soldados del batallón Cacique Pigoanza de Garzón (uno de ellos es José Ernesto Rivera Gutiérrez) y otros fueron obligados a abandonar la región por múltiples amenazas contra la vida (Luis Eduardo López Suárez)”, señala la providencia.

Los costos de la privación injusta de la libertad

Si bien la Fiscalía precluyó la investigación luego de seis meses de estar presos los campesinos, el costo para el Estado es bien significativo. Además de los 600 millones de pesos, tuvo que correr con los gastos propios de la protección carcelaria de 14 personas, de las 16 que inicialmente fueron capturadas, es decir, serían $84 millones los seis meses de estadía en la cárcel, de calcularse cada mes en un millón de pesos por persona.

DIARIO DEL HUILA consultó al Ministerio de Defensa, en donde afirmaron que la recompensa mínima es de cinco millones de pesos, para quien dé información que establezca la captura de un guerrillero de cuadrilla o de un integrante de un grupo de asalto o miliciano. Si nos atenemos a esta mínima recompensa por cada uno de los 16 supuestos guerrilleros capturados, la suma sería de $80 millones.

Las falsas capturas

El Huila no es ajeno a las ‘falsos positivos judiciales’. Entre 2011 y 2012 fueron capturadas 9 personas en la vereda San Antonio de San Agustín, luego siete de estas quedaron en libertad.

DIARIO DEL HUILA consultó la Defensoría del Pueblo del Huila en donde se adelanta una investigación para determinar las razones por las cuales personas privadas de la libertad después no solo les revocan la medida sino que les profieren sentencia absolutoria.

De esta forma, según información preliminar de la investigación de la Defensoría, entre 2012-2014 se registraron 26 capturas ilegales en el Huila.

Este medio de comunicación consultó a la Fiscalía para conocer el consolidado general de absoluciones, sin embargo, no fue posible adquirir esta información.

Los capturados del Ejército en Gigante

1- Luis Eduardo López Suárez

2- Alirio Trujillo

3- Mercedes Mazabel de Manrique

4- Tirso Cárdenas Prada

5- Antonio Molano

6- Óscar Javier Cárdenas Prieto

7- José Néstor Rivera Gutiérrez