Juez ordenó reactivar hidroeléctrica El Quimbo
El Juzgado Tercero Penal Especializado resolvió, como medida transitoria, la generación inmediata de energía de la represa El Quimbo. En la decisión también fueron negadas las pretensiones de los pescadores artesanales de los municipios de Gigante, Hobo, Campoalegre y Yaguará. Si la decisión no es impugnada, se enviará el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.
En una nueva decisión jurídica el Juzgado Tercero Penal Especializado con funciones de conocimiento de Neiva decidió a favor del Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), la acción de tutela interpuesta por estas dos entidades del orden nacional contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila. En la decisión, el juez Víctor Hugo Rubiano Macías autorizó a Emgesa reactivar las turbinas de El Quimbo, bajo una serie de argumentos relacionados con el medio ambiente, el caudal del río Magdalena y el ambiente sano.
La acción de tutela se basó en la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, mínimo vital, trabajo, salud y ambiente sano.
El juez resolvió en un primer momento conceder el amparo de dichos derechos fundamentales y autorizó a Emgesa, como medida transitoria y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila decida de fondo sobre el levantamiento o no de la medida cautelar decretada en meses anteriores, la generación inmediata de energía en El Quimbo, con el argumento de que “el agua turbinada, rica en oxígeno ingrese a Betania y en general a la biodiversidad de la región con los beneficios que ello acarrearía”.


Los argumentos del juez
Con relación a los niveles del río Magdalena, el juez indicó que “resulta lógico y palpable que el problema no deriva solamente del estancamiento de aguas arriba, sino como consecuencia misma del fenómeno de El Niño que genera secamiento de las demás vertientes o canales, ríos o quebradas, que alimentan la cuenca principal del río Magdalena”.
Asimismo y partiendo del posible daño ambiental que el Ministerio de Minas y Energía adujeron como consecuencia del estancamiento de las aguas, el juez estimó que “si bien existen algunas contradicciones con relación a la existencia o no de la cantidad de biomasa del embalse, todo apunta al grave daño ecológico que se presenta día a día, producto de la descomposición del material”, y para prevenir entonces graves alteraciones ambientales, se procura el flujo normal en el tránsito de las aguas.
¿Y los pescadores artesanales?
Dentro del fallo que permitió a Emgesa la generación de energía en El Quimbo, también se resolvió “no acceder a las pretensiones de los pescadores artesanales de los municipios de Gigante, Hobo, Campoalegre y otros”, lo que significa que el operador jurídico negó los derechos de los pescadores artesanales como afectados por El Quimbo.
Los pescadores artesanales habían manifestado a través de un memorial interpuesto en la acción de tutela que, contrario a lo expresado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la compañía Emgesa sobre el cumplimiento del retiro de la biomasa en el vaso del embalse, que “el perjuicio irremediable y los daños ocasionados como la mortandad de peces, el deterioro de la calidad del agua, los malos olores por descomposición orgánica y vegetal, entre otros, son exclusiva responsabilidad de la empresa y, especialmente, de la ANLA”, en tanto que ésta última entidad no ejerció “el control y vigilancia sobre las obligaciones establecidas en la licencia”, en lo concerniente a dichos aspectos.
Con la futura generación de energía, los pescadores aducen que “la vida acuática en el embalse y aguas debajo de El Quimbo no se podrá garantizar debido al proceso de eutrofización que ha generado y seguirá generando mortandad de peces por el incumplimiento de Emgesa a sus obligaciones legales” y por tal razón, solicitaron que fueran declarados “afectados por El Quimbo, al ser vulnerados los derechos al mínimo vital, seguridad alimentaria, el trabajo y a un ambiente sano en conexidad con la vida digna entre otras varias solicitudes”. Cabe recordar que los pescadores le solicitaron al Gobierno Departamental declarar la emergencia social y económica por tales argumentos.
Míller Dussán, líder de la Asociación de Afectados por El Quimbo (Asoquimbo), manifestó al respecto que “en estos casos cuando existen grandes intereses económicos y políticos, los jueces terminan subordinándose a la decisiones de las corporaciones y eso sucedió, que el juez se dejó presionar por lo intereses económicos y políticos y en ese sentido se atentó contra la autonomía de los poderes públicos”, al tiempo que responsabilizó a Emgesa por la mortandad de peces que podría presentarse en Betania tras la generación de energía en El Quimbo.
Pese a que Emgesa informó que reactivaría su operación mañana, el fallo proferido por el juez aun no queda en firme en cuanto queda pendiente el trámite de impugnación del fallo, del cual se presume lo hará el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila o terceros que no estén de acuerdo con la decisión. De prosperar dicho trámite, El Quimbo podría pararse nuevamente.
Por su parte, el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, dijo que respeta el fallo de tutela pero insistió en que Emgesa debe cumplir con las compensaciones por la construcción de esa obra. “Hemos fijado una posición y es respetar los fallos de los jueces. Hay que decir que respetamos el fallo del juez, pero obviamente este permite que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Huila falle de fondo, es transitorio” y añadió que a pesar de ese nuevo veredicto de la justicia que favorece a la empresa constructora y operadora de la hidroeléctrica, Emgesa, ésta debe cumplir en todo caso con las compensaciones a que se comprometió para resarcir las afectaciones causadas en el Huila por el proyecto. “Este tema sigue estando pendiente y el Huila vuelve a insistir en la necesidad de que se den de manera clara y definitiva para el departamento y los afectados con la construcción de esta represa”, manifestó.
Próximo domingo se reactivará El Quimbo
Una vez notificadas las partes, la compañía Emgesa informó que procedió de inmediato a poner en marcha un plan de trabajo para dar cumplimiento con el fallo e iniciar la prestación del servicio público esencial de generación de energía. De acuerdo con la empresa, loa generación comenzará con una carga de 84MWh, que aumentará de manera gradual, cumpliendo así con el caudal ecológico establecido en la Licencia Ambiental. Asimismo, de acuerdo con las condiciones de despacho del Sistema Eléctrico Nacional. La fecha prevista para iniciar la operación está fijada para el domingo 10 de enero, a las 0:00 horas.
“Es importante para la operación futura del embalse que se resuelva de fondo la medida cautelar y en ese sentido manifestamos que Emgesa ha cumplido con las obligaciones de retiro de biomasa contenidas en la licencia ambiental. A la fecha, Emgesa ha retirado más de 500.000 m3 entre madera, biomasa y guadua que se encuentran en los centros de acopio temporales y definitivos previstos para tal fin”, declaró Lucio Rubio, director general Enel Colombia.
“Es un fallo clasista y descarado”
El investigador y líder de Asoquimbo, Míller Armín Dussán Calderón, manifestó su inconformismo con la decisión e informó que el próximo martes 12 de enero se realizará una manifestación con los pescadores artesanales a partir de las 9:00 de la mañana, desde las instalaciones de Surabastos hasta el Palacio de Justicia de Neiva, para exigirle al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, mantener la medida cautelar.
“Lo paradójico es que mientras se acude a derechos constitucionales, justifica a partir de esos derechos favorecer a la multinacional para generar energía. Y sin embargo, los pescadores artesanales, que son víctimas de El Quimbo, también le solicitan al juez que no se reactive la represa hasta cuando no se protejan los mismos derechos que invoca el gobierno”, señaló.
Finalmente, manifestó que el próximo lunes será entregado a los alcaldes de los municipios afectados y organizaciones sociales, un proyecto de acción de tutela colectiva para que sea coadyuvado por el gobernador y todos los alcaldes y de esta forma entregarlo al tribunal y sean restituidos los derechos.
