Emgesa deberá constituir póliza de $20.000 millones para proteger piscicultores
El Tribunal Administrativo del Huila resolvió modificar temporalmente la medida cautelar impuesta por esa corporación judicial a la multinacional Emgesa, por el llenado de la hidroeléctrica El Quimbo.
Una nueva decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Huila cobijó a los piscicultores del Huila, posiblemente afectados por la represa El Quimbo, la cual reanudó la generación de energía el pasado 9 de enero, por decisión de un juez especializado de Neiva.
El auto proferido resolvió modificar la medida cautelar impuesta por esa corporación judicial el pasado 17 de julio de 2015, al tiempo que ordenó constituir una póliza de seguridad por el orden de los $20.000 millones por perjuicios ambientales y económicos ocasionados por la reactivación; y la elaboración de un proyecto por parte de la compañía, que permita recuperar los niveles de oxígeno en las aguas del río Magdalena, todo lo anterior en un lapso de seis meses que de no ser cumplidos se suspende la generación de energía.
El auto interlocutorio fue proferido ayer en horas de la tarde por el magistrado ponente Ramiro Aponte Pinto, luego de que varios piscicultores del Huila interpusieran una acción popular contra la multinacional Emgesa, reclamando por las posibles afectaciones que el llenado de El Quimbo ocasionaría una vez se diera inicio al mismo.
En este sentido, la sentencia analizó y resolvió “las diversas peticiones, recursos y nulidades formuladas por las entidades accionadas, por los coadyuvantes (activos y pasivos), por el incidentado y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” entre los que se encuentran la multinacional Emgesa, Lucio Rubio Diaz, representante legal de la compañía; Ministerio de Minas y Energía, el departamento del Huila, Asociación de Afectados por El Quimbo (Asoquimbo), procuradores judiciales y la misma Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Cada uno de los actores esbozó a través de argumentos tanto la necesidad de generar energía, como la inviabilidad de esta última acción.
Modificación temporal de la medida cautelar
La acción popular interpuesta por los piscicultores fue la misma que sirvió de base para que la Corte Constitucional examinara el decreto presidencial que le daba vía libre a la generación de energía, por encima de la medida cautelar impuesta por ese tribunal.
Dentro de las medidas resueltas por la corporación judicial, están la de modificar temporalmente la medida cautelar impuesta, “en el sentido de permitir la generación de energía en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo durante un lapso de 6 meses”, proyectó la sentencia.
De otro lado, el tribunal ordenó que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la providencia en mención, Emgesa tendrá que elaborar un proyecto que garantice “la recuperación de los niveles de oxígeno en el trayecto comprendido entre el sitio de descarga, la confluencia del río Páez y aguas abajo del campamento; a efectos de obtener que el agua sea compatible con la vida.
“Éste será presentado en el referido término simultáneamente a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM); quienes dentro del mes siguiente, analizarán conjuntamente la propuesta, harán las observaciones, modificaciones o correcciones. Y una vez que se otorgue su aprobación, Emgesa procederá a su ejecución”, señaló la providencia.
El máximo órgano contencioso estableció que en caso de que no se logre recuperar la concentración del nivel de oxígeno a los límites tolerables, recobrará vigencia la cautela impuesta en el auto del 17 de julio de 2015.
“En aras de coadyuvar a la oxigenación de las aguas, una vez que el embalse supere el nivel de vertedero (cota 702 msnm), Emgesa liberará las aguas superficiales a través de ese sistema”, señaló el documento.
Póliza de seguros
El Tribunal ordenó, con el fin de “amparar los perjuicios económicos y ambientales que la operación de la hidroeléctrica pudiera causar, en armonía con lo dispuesto en la Ley 491 de 1999 -y en razón a que Emgesa solicitó el 16 de marzo de 2015 que se fijara la correspondiente caución”, constituir una póliza otorgada por una compañía de seguros por el orden de $20.000 millones.
De igual forma, la corporación judicial, entre otras cosas, reconoció como coadyuvantes activos, más no afectados, a la Asociación de Afectados por el Quimbo (Asoquimbo), Asociación de Pescadores Calandreros del río Magdalena (Asocerobuco) y la Fundación el Curíbano; y la intervención institucional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo.
