El hombre que lleva 18 años luchando por una pensión del Ejército

Todos los días, el huilense Hárold Mauricio Mahecha Cerquera camina encorvado, con ayuda de un bastón. Tres hernias aquejan su cuerpo y no desfallece en que 18 años después, a sus 43 años, por fin las Fuerzas Militares le reconozcan su pensión de invalidez, la misma que se supone, tenían que darle tras retirarse voluntariamente por las afectaciones que un accidente le dejó.

Era marzo de 1997 y Hárold Mauricio, con 26 años y fungiendo como cabo, comandaba una escuadra de soldados durante una operación militar ordenada por el Batallón Contraguerrillas No 59 de la Quinta División, en el sitio conocido como las cuchillas de San Rafael, una región del páramo de Sumapaz ubicado entre los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Allí, una ‘mala pisada’ sobre una enorme roca en una montaña, como él mismo lo califica, le hizo perder el control de su cuerpo, cayendo de espaldas siete metros debajo de la montaña. Días después los fuertes dolores comenzaron a sentirse en su cuerpo.

Días después, durante otra operación en el Sumapaz, quedó rezagado todo el personal en misión por su incapacidad para comandar. Mahecha decidió entonces acudir al comandante inmediato, pues sus dolores ya eran insoportables. Una Junta Médica Laboral, tras la realización de los exámenes médicos, emitió un diagnóstico: lumbalgia crónica, esofagitis como consecuencia de una hernia hiatal y un dolor flexionar como secuela de un trauma en las rodillas. Mahecha Cerquera, por su situación, solicitó la baja, es decir un retiro voluntario.

Además del diagnóstico, el reporte indicaba que las afectaciones en la salud de Harold no fueron consideradas como consecuencia del accidente, sino como algo ajeno a este. “La Junta Médica me dijo en el diagnóstico que mis dolencias eran por origen común, más no por causa ni razón del mismo”, expresó Harold. A la par del concepto médico, la junta emitió una incapacidad laboral de 36,14%; el porcentaje para acceder a la pensión de tenía que ser superior al 75%, por lo fue rechazada. A partir de ese día, este suboficial del Ejército huilense graduado en la Escuela de Suboficiales “Sargento Inocencio Quinchá” comenzaba una batalla, la cual nunca pensó que libraría.

“Un error administrativo”

Hárold había emprendido una lucha contra todos los pronósticos, aferrándose a cualquier posibilidad. El concepto de la Junta médica lo calificó como un error administrativo, por lo que comenzó a interponer acciones jurídicas. Por seis años, sus derechos de petición fueron rechazados. Solo hasta el año 2006, el Tribunal Superior de Neiva falló a favor de una tutela interpuesta por Mahecha Cerquera. El fallo le concedía el derecho fundamental a la igualdad, por lo que se le obligó a la Dirección de Sanidad del Ejército hacer una nueva evaluación de la capacidad laboral y las valoraciones de estado físico. No obstante, la evaluación de la Junta Médica rebajó su incapacidad a 33% dificultando aún más la posibilidad de acceder a la pensión.

Un año después del accidente, Mahecha tuvo que separarse de su esposa debido a su incapacidad para ejercer sus funciones de comandante y por consiguiente, su falta de ingresos económicos que le permitiera sostener a su familia. Hoy, luego de 18 años de luchar por una pensión dice que se aferró a Dios y lejos de su pasado como suboficial del Ejército, emprendió la tarea de ser predicador de la Iglesia Catedral de Neiva, lugar donde ha sentido que lo han acogido favorablemente. Allí, comenzó su relación con Alejandra, la hija del médico huilense bioenergético Maitum Yenda, quien dos años después del accidente de Mahecha, le realizó una cirugía con espíritus el cual, según él, le ha permitido soportar el dolor. “Esta historia merece ser contada, más que todo lo que le pasó a él luego de su accidente, es una historia de vida y testimonio de fe”, dijo Alejandra.

“Esto ha sido una lucha, mi estado de salud físico y emocional está en deterioro cada día más”, dijo Hárold, quien en la actualidad, solo espera la respuesta de una acción de cumplimiento interpuesta a la Procuraduría General de la Nación el año pasado, y por la cual solo exige el reconocimiento de sus derechos, como también, su pensión de invalidez.