Defensoría verificará condiciones tras incumplimientos de Emgesa por El Quimbo

La visita del defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera, le permitió a diferentes sectores de las comunidades de los seis municipios de influencia de la construcción de la represa El Quimbo, dar a conocer las necesidades e inconformismos que existen alrededor de los incumplimientos de la compañía Emgesa en materia social, económica y ambiental, tras la ejecución y operación de ese proyecto.

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, quien se reunió con el funcionario de ese organismo humanitario en Colombia, señaló que la presencia de éste último implica la búsqueda del acompañamiento nacional para lograr que Emgesa cumpla con lo que se pactó en la licencia ambiental.

“Como autoridad del orden nacional hemos venido en la condición de neutralidad que supone ser un órgano de control a verificar en terreno, específicamente cómo se han venido manejando los temas de la licencia, cómo ha sido el desarrollo de las obras”, dijo Cajiao Cabrera en declaraciones a medios de comunicación, y agregó que en su recorrido por los seis municipios del departamento, escuchó “a todas las personas que tienen que ver con esto”, y que más del 90% de las familias de los municipios influenciados por el proyecto fueron escuchadas en terreno.

“También hemos escuchado a las otras autoridades, a la gobernación, secretarios, alcaldes de los municipios de Hobo, Campoalegre y Yaguará”, manifestó.

El defensor también aseguró que el organismo dejará en terreno una comisión delegada en el departamento, a través de la defensoría regional en el Huila, para que verifique a partir de pruebas y en este sentido, proceda a realizar posteriormente un pronunciamiento.

“El pronunciamiento lo haremos dentro de unas tres a cuatro semanas, cuando se hayan verificado en terreno las condiciones de la zona”, expresó y agregó que “es de la mayor importancia la problemática del Quimbo para la alta dirección de los derechos humanos, debemos terminar las verificaciones que haremos, el proceso es largo y tiene unas implicaciones técnicas, jurídicas y sociales importantes que hay que corroborar en detalle. El asunto lo conocemos, hemos participado inclusive en esto pero lo que hay que establecer son las circunstancias que existen actualmente con El Quimbo”, manifestó Cajiao Cabrera.

Pescadores artesanales

Los pescadores artesanales ha sido una de las poblaciones que más ha exigido resarcimientos por el presunto daño que la construcción de El Quimbo les ha ocasionado, principalmente en lo que tiene que ver con su actividad productiva. El defensor del pueblo se reunión junto con las autoridades locales como las alcaldías de cada uno de los municipios, gobernador y organizaciones ambientalistas, con los pescadores artesanales que se denominan afectados por la represa y le manifestaron al funcionario su preocupación por la calidad del agua, la baja producción de pescado en el río y por supuesto, los bajos niveles en los afluentes, lo cual les ha alterado significativamente la pesca como actividad productiva, pues la mayoría de estos llevan laborando en esa actividad toda su vida.

“Las preocupaciones manifestadas por los pescadores tienen que ver con la disminución natural de la pesca y con los fenómenos que tienen que ver con su subsistencia, en llamados angustiosos del asunto, haremos pronunciamientos con base en pruebas”, manifestó el defensor.

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, manifestó al respecto que ante el defensor fueron manifestadas todas las inconformidades y necesidades “que tenemos como huilenses, desde diversos actores como los alcaldes, las organizaciones ambientales, entre otros. Nuestra preocupación sigue, principalmente por los temas ambientales, resarcimiento económico, social y ambiental. Expresamos también la necesidad de un acompañamiento nacional en la búsqueda de soluciones concretas y en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la multinacional con el departamento del Huila”.

El mandatario huilense manifestó que fue importante la visita del defensor nacional del pueblo, con el acompañamiento de la Procuraduría en el Huila, autoridades locales y ambientales; y organismos sociales como Asoquimbo. “Acá lo que queda claro es la necesidad de un acompañamiento nacional en la búsqueda de que la multinacional que construyó El Quimbo, cumpla con las obligaciones que le corresponde cumplir al departamento del Huila, y sus habitantes”, y concluyó manifestando que la región se mantiene con la política de no más represas.

“No queremos más represas por los daños ambientales, sociales, humanos y productivos que ha causado. Hoy tenemos la necesidad de actuar como una sola fuerza en la búsqueda de la recuperación productiva, social, humana de la regiones que han sido afectadas y que para este caso no solo son los seis municipios del área de influencia de la multinacional de la central, sino todo el Huila”.

En reasentamiento Montea protestaron por críticas condiciones

En el marco de las visitas del defensor nacional del Pueblo, las comunidades reasentadas en el sector conocido como Montea en Nuevo Veracruz, bloquearon el paso a la empresa encargada de la construcción de los distritos de riego, como forma de protesta por los incumplimientos de Emgesa frente a lo estipulado en la licencia ambiental, y que hasta ahora, no se ha visto reflejado en el desarrollo de las obras.

Los habitantes de Montea cerraron una de las vías terciarias, impidiendo el paso del personal de la empresa. Por tal razón, los mismos funcionarios solicitaron la presencia de la fuerza pública en la zona y de esta forma dispersar las aglomeraciones. “A la zona llegaron policías y después uniformados del Esmad, a decirnos que si nos íbamos nos iban a desalojar a la fuerza; éramos quince personas las que estaban allí pero levantamos la manifestación por esa misma razón”, indicó Francisco Cabrera, quien fuera habitante de Veracruz y hoy reasentado en Montea.

En el marco de la manifestación, los habitantes de ese asentamiento firmaron un pliego de peticiones tras el incumplimiento de Emgesa frente al programa de reasentamientos, específicamente en lo concerniente a la Resolución 0889 del 15 de mayo de 2009. Allí, consignaron sus inconformismos y cuestionaron lo estipulado en la licencia ambiental, como que el 100% de la población instalada en los nuevos asentamientos y después de ocho años de proceso, tengan un nivel de calidad de vida igual o mejor a las que tenían antes del reasentamiento.

Según la licencia ambiental el nivel de la calidad de vida se debe considerar de acuerdo con ciertas variables como “cobertura de los servicios públicos domiciliarios que existan (100% de las viviendas), Agua potable para uso doméstico (100% de las viviendas) Cobertura y calidad de los servicios sociales ofrecidos en el nuevo sitio de reasentamiento (educación y salud). El 100% de los niños en edad escolar tengan acceso a un centro educativo. Dotación de la infraestructura productiva necesaria para el restablecimiento de las actividades productivas (100% de los predios) Nivel de ingresos igual o superior al nivel al que presentaban en la situación sin Proyecto. En ningún caso el nivel de ingreso familiar podrá ser inferior a dos salarios mínimos legales vigentes”.

De acuerdo con los habitantes de esta zona del municipio de Gigante, las condiciones actuales no son óptimas, pues continúan sin agua potable y servicios como la luz llegan a la zona por cerca de un millón de pesos, suma que, de acuerdo con las familias, tendrían que ser pagadas por ellas y no por Emgesa, a petición de esa misma compañía.

“En Montea aún seguimos sin agua potable, solo un carrotanque surte las viviendas que hay allí pero eso no es suficiente”, manifestó Francisco y agregó que a las familias tampoco les han sido entregadas las escrituras de las viviendas, por lo que están desesperados y no saben en qué momento la compañía terminará de cumplir lo que les hace falta.

Visitas de la Defensoría a Montea

Pese a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solicitó ampliar el plazo para el cumplimiento del programa de reasentamiento, los habitantes dejaron expreso en el pliego de peticiones que “Emgesa no ha cumplido con los plazos ni con las actividades de compensación del Programa de Reasentamiento, establecidos por La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”. En este sentido, dejaron constancia de una visita hecha por la Defensora Regional del Pueblo, en abril de 2015, donde aseguraba que el programa no había sido cumplido en un 100% y que presentaba un avance de tan solo el 55,48% en ejecución, conforme información de Emgesa y verificación en visita a terreno por ese organismo.

Además, según el reporte de la Defensoría, la empresa contemplaba como fecha de finalización del distrito de riego el 16 de septiembre de 2015 y que a la fecha en que realizaron las visitas, no se habían entregado aún proyectos productivos agrícolas a los reasentados.

“Yo que soy pescador artesanal junto con otras personas que fuimos reasentadas, no hemos recibido por parte de la empresa una alternativa para ejercer en alguna actividad productiva. Me dijeron que me entregaban ganado, pero yo que voy a hacer con dos o tres cabezas de ganado, nada”, expresó Francisco.  

Frente a las condiciones sanitarias del reasentamiento, a fecha de abril de 2015, la Defensoría señaló que Montea presentaba una situación especial, tendiente de verificar por las autoridades ambientales, “ante el posible riesgo para los habitantes de reasentamiento por la cercanía a la tubería de Petróleo a las viviendas”, indicó el organismo, a la vez que insistió en la celeridad del cumplimiento de los requisitos ambientales y la construcción de distritos de riego que garantizara la actividad agrícola de los afectados.

Dentro de las exigencias que manifiestan los habitantes de Montea se encuentran la entrega de las escrituras de los predios de Nuevo Veracruz, la legalización de los predios, incluyéndolos en el Plan de Ordenamiento Territorial; el mantenimiento del estrato socioeconómico en uno y dos, pues en la actualidad se encuentran en estrato cuatro; garantizar el suministro de agua potable para uso doméstico en la totalidad de las vivienda y no por carrotanque como hoy sucede; dotar de la infraestructura productiva necesaria para el restablecimiento de  las actividades productivas en todos los predios, según la vocación de la persona; distritos de riego; cercar los predios, garantizar la cobertura y calidad de los servicios sociales ofrecidos en el nuevo sitio de reasentamiento, pues según los habitantes de ese sector, el centro de salud no está construido; entregar el centro educativo con las mismas condiciones, es decir en área, cercar el polideportivo; y finalmente restablecer la actividad productiva a los miembros de familias reasentadas que cumplían una labor en las cadenas productivas que hacían parte de la  relación económica y social en el antiguo Veracruz.

La comunidad de Nuevo Veracruz espera por lo pronto tener encuentros con el concejo del municipio de Gigante y posteriormente con el alcalde de esa localidad.