Comité Cívico por la defensa del territorio de la Media Luna

En el año 2014, se emitió el decreto 0473 por medio del cual, la Alcaldía de Neiva legalizó los asentamientos del sector de la Media Luna (Las Camelias, Barreiro, San Bernardo del Viento, Palmas II y Neiva Ya). Fue en ese instante cuando un grupo de estudiantes, presidentes de juntas de acción comunal, docentes y profesionales, tomaron la decisión de conformar el Comité  Cívico Pro Defensa del Territorio.

Con el acto administrativo, se dio paso a los estudios de inversión en infraestructura, basados en las necesidades urbanísticas. El decreto se socializó con la comunidad, más de 400 personas participaron en este acuerdo, en el que se fijó la construcción de 43 torres de apartamentos, principal causa de movilizaciones sociales.

Dubia Isabel Tovar Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Bernardo del Viento -quien ha estado al frente de este asunto- manifestó que no hubo buena comunicación entre la Alcaldía y la comunidad. “Suárez se comprometió con nosotros, los habitantes habían presentado la documentación en el cuatrienio anterior, pero cambiaron de parecer al conocer cuáles serían las consecuencias de este proyecto de vivienda”.

Por ningún motivo, las familias iban a pasar de tener un espacio amplio, a un lugar angosto. “Querían reafirmar la legalización de asentamientos; el primer año fue un proceso largo porque  lo que pedíamos era que se reconociera la propiedad y que se respetara el derecho de quienes hemos vivido por más de 30 años en este sitio”.

Tovar explicó que en las reuniones que se llevaron a cabo no se dejó claro cuáles iban a ser las condiciones, la expectativa era otra distinta a la que se habló inicialmente. “No hubo un acuerdo mancomunado, no existían muchos detalles sobre la forma como iban a hacer trasladados a sus nuevos hogares, tampoco se nos habló de los apartamentos, lo que nos llevó a convocar a los afectados”.

Preocupados por la situación, los ciudadanos tomaron la determinación de reunirse el 5 de noviembre en la caseta comunal del barrio Las Palmas II y se propuso derogar el Decreto. No solo la idea era reunirse, sino alzar la voz y hacer visible la oposición frente a este. “La gente que vive en esos lugares son de escasos recursos, lo que hubiese pasado con las casas nuevas es que  tendrían una deuda por más de 20 millones de pesos”.

El luchador de las causas sociales, César Adolfo Parra Arenas, mencionó que el Decreto no tenía claridad sobre la deuda o condición de intercambio. “Esas tierras se han caracterizado porque son fértiles para  cultivar. En los solares se crían patos, siembran plátanos, frutales, cacao, yuca, entre otros, si se hubiese permitido, ellos estarían sin esas opciones productivas, además, es una forma que  emplean para solventar la falta de ingresos”.

Desde el comité, según Parra, los resultados eran desfavorables porque no se proponía nada en gestión comunitaria de agua, ni tampoco para la temporada de calentamiento global, ya que el sector se convierte en “la refrigeración de la ciudad. Al entender esto y después de asesorarnos, se convocó a una movilización que se desarrolló el 13 de noviembre. Allí estuvieron 700 personas que rechazaron el proyecto de las 43 torres, fue en ese entonces que propusimos entrar en un proceso de interlocución con la administración, pues allá es donde se toman las decisiones estableciendo así mesas de concertación”.

DIARIO DEL HUILA se comunicó también con Óscar Fernando Soto Tamayo, secretario de Planeación Municipal, quien afirmó que se legalizaron los predios, pero que la comunidad no estuvo de acuerdo con la propuesta urbanística, “el Alcalde lo que quiso fue ayudarles, y ellos no aceptaron, entonces se derogó y de nuevo empezó el proceso, estamos en la etapa de conversaciones y compromisos. Hay que aclarar que en los encuentros que tuvimos se les notificó sobre los apartamentos. De todas formas, la Administración Municipal quiso llegar a un consenso”.

Seis puntos propusieron los líderes; primero, realizar un inventario de predios para determinar quiénes eran los propietarios; segundo, la importancia del medio ambiental y gestión de riesgo. Se pidió la reubicación no selectiva, ordenamiento del territorio alrededor de la naturaleza en unas condiciones adecuadas de espacio público, escenarios para la producción, además, “otro de los ítems es la inversión social, porque existe una profunda vulnerabilidad, hay quienes sobreviven con 250 mil pesos mensuales, el 30% es víctima del conflicto armado, por eso no queríamos que  el alcalde hiciera todo a las carreras, pues era fundamental asumir una responsabilidad”.

El miembro del comité, José Eneider Granjano, tiene una percepción frente a lo que ocurrió: “con pañitos de agua tibia se quiso meter a la gente “en una vaca loca”. Al principio, dijeron que era un sitio de alto de riesgo y que no se podía hacer ningún tipo de intervención y, de un momento a otro, cambiaron de parecer. Esas tierras significan armonía con la naturaleza y las fuentes hídricas, quisimos nosotros recopilar información y ser parte de un trabajo que requiere de esfuerzo y dedicación”.

El 16 de noviembre, el Comité Cívico cumplió un año de vida institucional y uno de sus mayores logros han sido las movilizaciones a las cuales han convocado, invitando a la unión y participación y, por supuesto, la cancelación del decreto 0473. Por ahora, un equipo de guerreros y representantes de las comunidades continuarán defendiendo los humedales, incidiendo en el Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros asuntos de interés general.Los conocimientos en las distintas disciplinas y la experiencia son las principales herramientas que emplearán para proteger los intereses colectivos de la sociedad neivana.