Centro de Salud Materno Infantil y Parque Isla, en la mira de la Contraloría

Según el ente de control, en el caso del sector salud las observaciones fueron para la primera fase del Centro de Salud Integral Materno Infantil de la ESE Carmen Emilia Ospina ($4458 millones) y el de desarrollo sostenible tiene que ver con el Parque Islas de Aventura en donde fueron invertidos $3241 millones.

La Contraloría General de la República, realizó auditorias en el departamento del Huila encontrando el sector de la salud y el de ambiente y desarrollo sostenible con varias fallas de incumplimiento en cuanto a la asignación de los recursos destinados por concepto de regalías.

Según el ente de control, el Municipio de Neiva  suscribió con el Consorcio FCC, la construcción  a todo costo de la primera fase del Centro de Salud Integral Materno Infantil (CAIMI) de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva (Huila) por un valor de $4458 millones donde se recibieron las obras sin liquidar el contrato.

Según lo evidenciado por la Contraloría, “se concluye una deficiente planeación en la fase precontractual, ya que se desconocieron algunas especificaciones técnicas, tales como la disponibilidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la formulación del proyecto, por lo que no se previó una red de alcantarillado sanitario del sector y alcantarillado de aguas lluvias para la operatividad y funcionamiento del edificio”.

En total abandono

Igualmente se omitió el análisis de algunas determinantes físicas del lote tales como topografía, componente ambiental en donde no incluyeron en el presupuesto del contrato y donde posteriormente fue necesario crearlas, generando sobrecostos en el proyecto inicial.

Aunque la obra se siguió ejecutando sin quedar terminado el bloque de ayudas diagnósticas y hospitalización, fue recibida en estas condiciones, encontrándose sin ninguna actividad de construcción y no se encuentra en funcionamiento.

“El hecho de encontrarse en abandono conlleva a que la parte que hoy en día existe presente un deterioro progresivo por el no uso, presentando un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4458 millones”, aseguró la Contraloría.

Parque Islas de Aventura

Por otro lado, el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un presunto hallazgo fiscal por un valor de $3241 millones. Su objetivo principal es el diseño y construcción de obras para la protección de orillas y diseño y construcción de embarcación turística y muelle para el Parque Nacional Islas de Aventura de Neiva, denominado “Construcción del Parque Nacional Ambiental Islas de Aventura del Municipio de Neiva – Departamento del Huila” realizada en doce meses, donde se encontró un detrimento patrimonial.

Las obras fueron ejecutadas completamente y entregadas a Empresas Públicas de Neiva, posterior se firmó un acta de liquidación con el fin de hacer entrega oficial al Municipio de Neiva, quien es el encargado de la puesta en funcionamiento del parque objeto del proyecto.

“Luego de realizar una inspección practicada el 20 de octubre de 2015 se constató que las obras presentan deterioro que se manifiesta en fallas con fisuras en la placa y perdida del material del sendero, estas obras nunca han sido utilizadas por la comunidad para su goce, hace tres años se encuentran abandonadas desde la firma del acta de recibido por parte de Empresas Publicas de Neiva”, dijo la Contraloría General de la República.

Delincuencia común

Anotó que actualmente no se les hace mantenimiento de ninguna clase, no se están realizando las otras obras que están estipuladas en el proyecto, no hay medios de transporte seguro para acceder a ella y su seguridad en ella es de alto riesgo por delincuencia común que se encuentra allí.

El ente de control concluyó que no ha existido continuidad en las inversiones para cumplir con lo proyectado en Parque Islas de Aventura, pues las etapas faltantes son indispensables para el funcionamiento de lo construido generando una pérdida del recurso ya invertido.

“Evaluado el hallazgo, se concluye que se  presentan inconsistencias en los contratos y convenios, con deficiencias en la  supervisión e interventoría  dando como resultado obras que no cumplen con el fin social que justifique la inversión, la cual pone en riesgo los recursos públicos”, finalizó la Contraloría.