Audiencia pública pretende ponerle la lupa a compensaciones de El Quimbo

A través de este mecanismo, se espera obtener información detallada del cumplimiento de las indemnizaciones por cuenta de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo.

El anuncio lo hizo el mandatario de los huilenses ayer y explicó que la audiencia se convocó como una necesidad planteada en la Mesa Temática para la Verificación, Promoción, Conservación y Discusión de la Protección del Medio Ambiente, Agua y Territorio.

“La Mesa creada mediante Decreto departamental se ha convertido en un espacio académico y técnico, no solamente para los temas que hay que resolver en relación con las compensaciones de El Quimbo, el cuidado del río Magdalena, el páramo de Miraflores y el Macizo Colombiano”, dijo el gobernador González Villa.

Incluso, agregó el gobernante, “se mencionó el tema del desierto de La Tatacoa y la necesidad de intervenir seriamente esta ecorregión”.

La convocatoria

Precisó que “se ha autorizado la convocatoria de una audiencia pública ambiental con la Anla. La solicitud de la misma que debe cursar en 30 días hábiles, y va a ser de la mayor importancia porque es en esa audiencia que tiene carácter vinculante, donde los huilenses organizadamente como lo hace la Mesa Temática y sus actores, vamos a presentarnos para exigir el cumplimiento de las compensaciones”.

“Ya se establecieron subcomisiones para iniciar la preparación con estudios. Estamos solicitando, por ejemplo, la traducción del estudio sobre el río Magdalena del chino al inglés y ahora, al español, para conocer con precisión lo que se hizo. Estudios de la Comisión Internacional de Juristas que dan unas recomendaciones, estudios de la Corporación del Alto Magdalena, todo, la verificación de la matriz de la licencia ambiental de El Quimbo. Estamos dedicados a prepararnos para que sea una audiencia en la que el Huila pueda mostrar sus argumentos y para que sea compensado debidamente”.

Según la ley, la audiencia pública ambiental tiene por objeto “dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas, la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere, y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas”.