Asentamientos de Loma de San Pedro, serán desalojados

Cerca de tres años lleva la acción legal que emprendió el exalcalde de Neiva, Jorge Lorenzo Escandón, dueño de los terrenos donde hoy habitan alrededor de 2500 familias, la cual obliga al desalojo de todas y cada una de estas personas por invasión de terreno privado, lo cual ya es algo inevitable.

Dolcey Andrade 1 y 2, El Manantial, El Tesoro, La Portada del Viento, Praderas del Venado y Alto Mirador, Monterrey, Brisas del Venado entre otros, son los asentamientos que encierra el sector conocido como “Loma de San Pedro”, en donde habitan niños, niñas, adolescentes, abuelos, adultos, pero también personas víctimas del conflicto armado.

Se había conocido que para el 29 de febrero todas estas familias serían desalojadas, sin embargo, teniendo en cuenta el agravante que radica en los derechos y privilegios que tienen las víctimas, la Secretaría de Gobierno Municipal y la oficina de inspección quinta donde se encuentra el proceso se vieron obligados a aplazar el desalojo hasta el momento en el que tengan una solución puntual para la población vulnerable.

“En este momento hay una orden de carácter policivo que se centra en recuperar un bien que es privado, donde hay una apropiación indebida del lote. El dueño hace tres años le está haciendo la petición a la Administración de desalojar a estas personas, donde nosotros como funcionarios debemos proceder por un lado buscando proteger la propiedad privada pero también respetar los derechos de la gente”, explicó el secretario de Gobierno, Alfredo Vargas.

Víctimas del conflicto, nuevamente desplazadas

Ahora bien, DIARIO DEL HUILA conoció que el 80 por ciento de esta población es víctima del desplazamiento forzoso, lo cual hace que la situación sea más complicada pues “se supone que a las víctimas no se tocan, que nos garantizan respetarnos los derechos, una vida digna y nada de esto ha sido verdad”, dijo Eusebio Laguna Londoño, víctima de la violencia.

Sin embargo, el jefe de esta dependencia asegura que para las personas que son víctimas, la Administración les brindará un albergue y para aquellas que no han recibido ayudas tales como subsidios de vivienda y por ende no tiene donde vivir, “únicamente a esas personas estamos obligados a prestarle la ayuda brindándoles un lugar donde vivir, eso lo tenemos claro y por eso se canceló la diligencia el 29 de febrero”.

Según lo dio a conocer el funcionario a las demás personas no se les puede brindar ningún tipo de ayuda por ser invasores y haber actuado de mala fe, “el dueño está reclamando los terrenos, él da a conocer que incluso le ha tocado pagar los impuestos prediales de estos lotes desde hace 3 años, entonces como Administración le debemos proteger su derecho”.

Sensibilidad desde el Concejo Municipal

Aunque pareciera que la Alcaldía estuviera realizando un trámite legal y necesario, el concejal Dolcey Andrade es una de las personas que más le duele la problemática de estos neivanos, por ser “hijo” de este sector, “debido a un programa de televisión he podido tener mucho acercamiento con estas personas, hacer una labor social allí y conocer la problemática”.

“Estoy haciendo el llamado al alcalde para que tenga consideración y concerte con estas personas para que no ocurra el desalojo, el día que lo hagan va a ver una tragedia porque ellos no van a permitir que les quiten las tablas que con tanto esfuerzo han construido, ellos no están pasando rico, no tienen servicios, ellos sufren”, indicó Andrade.

Así mismo, Andrade asegura que dentro del trámite legal existen falencias las cuales no se han detenido a mirar “yo no soy abogado pero sé que las cosas no se están haciendo del todo bien”.   

A esta propuesta se sumó el concejal Marco Alirio Carrasquilla quien a su modo de ver “estas personas pueden pagarle al Municipio, pero están lesionando el interés de los que menos tienen y esta es una muestra, el mejor oficio que pueden hacer los funcionarios de la Administración es velar por que se llegue a una conciliación”.