“Vamos a seguir haciendo presencia para identificar captaciones ilegales”
Un dique artesanal empleado para desviar el caudal del río Las Ceibas, fue destruido por superar el volumen permitido. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, Empresas Públicas de Neiva, Policía y Ejército llevaron a cabo el proceso de verificación.
Este ejercicio se detectó durante el recorrido hecho por el mandatario municipal, Rodrigo Lara Sánchez. Cuando se evidenció la disminución del curso normal del río, se encontró que estaba siendo ocasionado por un dique artesanal y posteriormente se pidió a las autoridades competentes poner cartas en el asunto.
La CAM determinó que si había un permiso para desarrollar la actividad que beneficia los cultivos pero que estaba superando el límite autorizado. “La medición adelantada en el dique San Luis, localizado en el sector de San Bernardo, arrojó como resultado una captación de 180 m3/seg., pese a que lo otorgado en la concesión es de apenas 52 m3/seg., presentándose una alteración de 128 m3/seg.”, según la información emitida por el organismo ambiental.
“Vamos a seguir haciendo presencia interinstitucional para identificar captaciones ilegales o que sobrepasen los límites permitidos en las concesiones de agua que otorga la CAM. No podemos permitir el abuso de los cultivadores ni de ningún otro actor de la ciudad que contribuya al deterioro de la única fuente abastecedora del acueducto de los neivanos”, garantizó Rodrigo Lara Sánchez.
Para la próxima semana se tiene previsto el primer Consejo de Seguridad en el que se abordará la situación del río Las Ceibas. Alfredo Vargas Ortiz, secretario de gobierno y convivencia ciudadana, explicó que se tomarán medidas drásticas para la no explotación del río.
“Le vamos a pedir directamente a la CAM que revoque estas concesiones de agua, habida cuenta de que está haciendo una explotación indebida. Por ejemplo, se conceden por 30 o por 50 litros y están explotando 180 o 190 de manera indebida, porque no existe un control adecuado. Le vamos a exigir a la Fiscalía que inicie, si es necesario, procesos de extinción de dominio para aquellos propietarios que insistan en cometer de manera reincidente este tipo de delitos ambientales”.
