Proyecto de vivienda Villa Marina: “se está materializando un elefante blanco”

Después de que dos convocatorias fueran declaradas desiertas, Argeco se presentó y cumplió los requisitos legales que establece la ley y le fue adjudicado el proyecto de vivienda Villa Marina en mayo  del 2015.

El acta de inicio fue suscrita en la actual administración en el mes de febrero del 2016. En abril fue suscrita la primer acta de suspensión y se reinició el 23 de septiembre de ese mismo año.  Tres días después fue suscrita el acta de terminación de estudios y diseños. Pero el 30 de septiembre fue suscrita una segunda acta de suspensión.

La situación para algunas familias que hacen parte de este proyecto ha sido de total incertidumbre, al ver que pasan los días, pero las obras no avanzan. Y no saben quién les va a responder por sus viviendas o por su dinero.

Los datos históricos fueron entregados por el concejal Humberto Vargas, quien continuó narrando que las obras “reiniciaron cuatro días, y paremos otra vez. Y ahí sí viene la para larga porque estuvo suspendido hasta el siete de noviembre del año 2017, en el cual se suscribe nuevamente el acta de reinicio”, contextualizó el concejal.

Este proyecto de vivienda para Neiva, se suponía según el concejal, “que ya habían llegado al punto de equilibrio financiero”, razón por la cual “iniciaron la construcción de lo que hasta hoy existe”. Que no es más de un 14% de avance, según la Contraloría de Neiva.

Continuó diciendo el concejal, que el 31 de mayo del año 2018 fue nuevamente suspendida la obra.

Y de acuerdo con el cabildante, el plazo del contrato “era para ejecutar en 420 días, es decir 14 meses. Pero solo han trabajado 267 días, que no alcanzan los nueve meses, y lleva suspendido más de 28 meses”.

En ese sentido, “ya pasaron los cuatro años desde que se firmó el contrato”. Pero el problema, es que “no había liquidez”, y por ende para el cabildante, este es un “un elefante blanco auspiciado por la alcaldía de Neiva, eso es lo que vemos hoy. No es otra ocosa”.

La administración

En esa misma línea de tiempo, manifestó el secretario de Vivienda, Gustavo Silva,  que fueron 320 las familias que se postularon en un comienzo para hacer parte de este proyecto, pero posteriormente  230 solicitaron el retiro voluntario. Ante lo cual se han abierto otras varias convocatorias.

Contextualizó informando que “el proyecto en este momento no está entregado a ningún banco ni hipotecado. Está a disposición del fidecomitente de la fiducia Banco Bogotá y no está trasladado al Banco Davivienda como tal”, aclaró. Esto dado que las familias que aún hacen parte de la iniciativa, y algunos concejales, estaban multiplicando este rumor.

Además sostuvo que la administración ha tenido “un sin número de reuniones con Argeco”, y que la preocupación por parte de la alcaldía es “inmensa”.

Entre tanto, propone la administración para darle solución a este problema, que “pueda él -Edgar Javier Ahumada, representante legal de Argeco- , así no sea en su totalidad, traer un inversionista socio de él para que pueda apalancar esta parte. Porque el problema hoy es que la empresa no tiene la liquidez suficiente para reiniciar las obras. Podrá tener un patrimonio y respaldo de una capacidad de pago pero no tiene la liquidez para reiniciar estas obras”.

Asimismo, se ha estudiado desde la alcaldía otorgar un auxilio económico  por medio del gobierno departamental para las familias. Sin embargo, la gobernación no tiene la obligación de hacer parte esto, por ende quedaría condicionado a voluntad.

También propone, dar un adicional económico frente al subsidio y aclara que no pueden “apalancar todo el proyecto como tal, frente a un subsidio mayor” porque no cuentan con la capacidad. Refiriéndose a que en efecto, se necesitan más recursos para lograr dar terminación a las obras en la cual algunas personas beneficiarias ya han invertido buen parte de su capital.

La empresa  

Por su parte Edgar Javier Ahumada, representante legal de Argeco, empresa bajo la cual está adjudicado el proyecto de vivienda Villa Marina, también sostuvo que  “lastimosamente” la compraventa fue firmada solo por 120 familias lo cual significó que el proyecto no tuviera punto de equilibrio en ese tiempo.

“Motivo por el cual no se pudo reiniciar el proyecto, porque sin punto de equilibrio no era posible arrancar con las fases del proyecto”, explicó.

En ese sentido, la constructora dividió el proyecto en dos fases y esto fue avalado por la alcaldía.

Para lograr dar cumplimiento a la primera fase, fue necesario solicitar un crédito y este les sería aprobado si cumplían dos condiciones.

Dijo que  debían llegar al 30% de avance en la construcción, lo cual según Ahumada se cumplió; y que las familias deberían actualizar su capacidad financiera, pero se debió suspender la construcción  el 31 de mayo del año 2018 “debido a que las familias no entregaron la documentación pertinente que garantice el cierre financiero de cada una”.

Este crédito que cuenta con el aval del banco está próximo a fenecer.

“Pero Davivienda no desembolsa un peso sino tiene garantizado el cierre financiero de las familias”. Y a la fecha solo 42, de las 180, han realizado este proceso, dijo el representante legal de la constructora.

Y finalmente anunció que continuarán con el proyecto pero que “es necesario que se nos entreguen familias que tengan capacidad de endeudamiento”, sino se cumple con ello “no hay cómo construir el proyecto”, sentenció.

“Nosotros estamos comprometidos con el proyecto y hemos invertido más de lo que nos correspondía. No hemos malversado ningún recurso ni mucho menos hemos recibido dinero en efectivo de la alcaldía. Los dineros que se han utilizado en este proyecto han sido de las cuotas iniciales que nos han pagado los beneficiarios que han cumplido, porque hay otros que han incumplido, y la plata nuestra que hemos conseguido con la banca, y los recursos que teníamos en caja”.

Las declaraciones fueron entregadas en un debate de control político efectuado ayer, en el Concejo de Neiva. En este también hicieron presencia algunos beneficiarios del proyecto y el personero de Neiva, como también la Contraloría Municipal.

Medidas

Ante este panorama, el Contralor de Neiva, Edwin Riaño, dejó constancia que a la fecha “se está materializando un elefante blanco para la administración municipal”. Y manifestó que no existen condiciones para que este proyecto “salga a flote”.

Además lamentó que de materializarse el daño patrimonial, este podría ascender a los 5 mil millones de pesos.  

Y dijo que serían los usuarios a quienes corresponderá emprender las acciones judiciales para poder salvaguardar los recursos.

“Yo no vengo a promover unas acciones contra la constructora (…) una concertación es lo mejor. Pero de verdad, en las actuales condiciones como se encuentra la empresa difícilmente se podrá salir adelante”.

Con respecto a la solución que plantea el municipio, de vincular otro aportante más, inquirió que “¿quién se le mide a este proceso? ¿De dónde van a parecer más usuarios si es que no hay confianza y credibilidad en el proyecto?”.

Y reiteró que el contratista tiene capacidad de crédito, pero no liquidez para culminar el proyecto.

Aclaró que Argeco figura como fideicomitente inversionista, pero “cuál inversionista, sino tiene liquidez”, cuestionó.

 Así las cosas y ante todo lo expuesto, la Contraloría Municipal de Neiva va a requerir que se declare la caducidad del contrato.

Datos **

Para octubre del año 2017, el proyecto contaba, según lo que dijo la constructora, con el aval del Ministerio de Vivienda para recibir subsidios, al igual que con el de la Alcaldía. Además se estaba gestionando con Comfamiliar y la Gobernación del Huila, la asignación de subsidios adicionales.  

Otro aspecto que mencionó Ahumada para esa fecha,  es que ya en el lugar de la construcción se había realizado el encerramiento de la obra, se habían hecho algunas preliminares como lo son rellenos, excavaciones compactadas, una cometida de energía eléctrica por parte de la Electrificadora del Huila; adicionalmente estaban aprobados los diseños en lo referente a licencias de construcción por parte de la Curaduría Urbana Segunda de Neiva para empezar en firme la primera fase de 180 apartamentos el 25 de octubre del 2017.

También, la constructora afirmó que se había garantizado el precio de la firma de compraventa que se hizo en el año 2016, pero que “lastimosamente” debido al bajo número de personas que habían firmado las promesas solo se podrían iniciar las obras en algunas  próximas semanas. «Hemos realizado un sacrificio en el sentido de iniciar la obra hasta este año, buscando una alternativa de salida partiendo la primera etapa y dividiéndola en dos fases. Se mantuvieron los precios de noviembre del 2016 que se establecieron en 134 salarios mínimos mensuales vigentes, que dan un poco más de 90 millones de pesos”, manifestó para ese entonces.