Procuradores de Familia llevaran a cabo el proceso de adopción de niños y niñas

Procuradores Judiciales de Familia garantizarán el derecho a una familia a niños de difícil adoptabilidad, aseguró el Procurador Fernando Carrillo, al destacar el Decreto expedido por el Gobierno en que  se darán funciones administrativas a procuradores delegados para que den continuidad a procesos de adopción y de esta manera niñez y adolescencia tengan derecho a una familia.

El decreto expresa, “en los procuradores judiciales de familia confluye la experiencia, el conocimiento jurídico y funcional en materia de adopciones, lo que hace procedente, en estos momentos de crisis, la radicación en su cabeza de la potestad jurisdiccional de conocer del proceso de adopción por la temporalidad que fije el estado de emergencia, en los casos en que la demanda no ha sido admitida o en los nuevos casos que lleguen a presentarse”.

Se señala de la misma manera que serán los competentes hasta terminar los procesos de adopción frente a los cuales estos procuradores ya hayan proferido admisión, en los términos del presente decreto.

La Procuraduría General de la Nación, procederá a la designación de los procuradores judiciales de familia que lo integrarán, a quienes se les investirá de la función jurisdiccional, mediante resolución, quienes no podrán ejercer la función de ministerio público mientras ejerzan las funciones jurisdiccionales que se les asignen, dentro de este tipo de procesos.

Los procuradores judiciales de familia designados no podrán ejercer simultáneamente la función ministerio público dentro de los de adopción que se encuentren bajo su conocimiento, ni podrán conocer de asuntos a los que previamente se hubiese vinculado o relacionado con los niños, niñas  o adolecentes adoptivos.

Entre tanto la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, señaló que se trata de un esfuerzo articulado con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación para garantizar el derecho a la familia, de más de 67 niños y niñas que hoy tienen pendientes procesos de adopción en el tema judicial, porque la etapa administrativa se surtió de manera correcta desde el Instituto. Además el Decreto aplica para los procesos de adopción que surjan. 

Bajo el aislamiento preventivo obligatorio que vive el país, los niños, niñas y adolescentes en procesos de adopción, cuyas demandas no han sido admitidas, están en un limbo jurídico que constituye la incertidumbre sobre la definición de su situación jurídica, lo cual se debe lograr a través del trámite judicial.

Así mismo, el Gobierno Nacional al amparo del decreto de la declaratoria de emergencia, podrá determinar que autoridades civiles ejecutivas ejerzan tales funciones judiciales, las que deben ser clara y específicamente establecidas, sin que incluya la posibilidad de investigar o juzgar delitos, y que sus decisiones puedan ser revisadas por un órgano judicial.