Todo lo que usted debe saber sobre los acuerdos de paz en La Habana

1-El  expresidente Álvaro Uribe  ha dicho  que aprobar los  acuerdos de paz en el  plebiscito da total impunidad a las Farc ¿Tiene fundamento  esa afirmación?

2.- ¿Por qué se aplica en los   acuerdos de La Habana la justicia transicional  y,  en su opinión, esta figura  podría  sustituir a la  justicia ordinaria?

3.-¿El  Tribunal para la Paz es garantía para que delitos cometidos en el contexto del conflicto armado como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra  no queden en la  impunidad?

Aníbal Charry González, responde

1. Todo lo contrario, lo que ha permitido la impunidad  para los crímenes que ha cometido  las Farc ha sido la guerra fratricida de estos cincuenta y dos años, como que ninguno de ellos ha conducido a la aplicación de la justicia ordinaria, que se ha limitado a expedir sentencias condenatorias en unos pocos casos que han quedado listas para enmarcar por la imposibilidad de hacerse efectivas, además de que ha sido la insurgencia la que la ha sustituido en las zonas donde el Estado secularmente no ha hecho presencia generándose total impunidad. Con los acuerdos de La Habana y la justicia transicional, precisamente se trata es de que no haya impunidad para esos crímenes y menos para los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad porque habrá medidas restrictivas de la libertad y de otra clase como contribuir al desminado que son más efectivas para esta clase de conflictos, que no necesariamente penas de cárcel que la misma Corte Penal Internacional no exige para la solución del que tenemos en Colombia; y para quienes no confiesen sus delitos y no digan la verdad, penas de cárcel que podrán ir  hasta los 20 años lo cual determinará la Jurisdicción Especial de Paz. La impunidad para las Farc como lo pregona el ex presidente Uribe para oponerse cerreramente a lo acordado en La Habana, es simplemente una estrategia vitanda de vigencia política y de garlito a la opinión pública, y de cuenta de cobro al presidente Santos por su supuesta traición a su política de seguridad democrática, y por no haber sido él como mesías quien lo logró, que sí ofreció en el 2006 total impunidad a las Farc y otorgamiento de 20 curules a dedo a cambio de terminar el conflicto; y claro, de temor a la verdad de todos los actores de la guerra que quedarán cobijados por la Jurisdicción de Paz, pues no solo las Farc son responsables de la mortandad y la devastación que ha dejado, sino los políticos, los empresarios, algunos miembros de la Iglesia católica y de la fuerza pública, mejor dicho el mismo Establecimiento, que apoyando el paramilitarismo cometieron crímenes de igual o peor entidad con violación de los derechos humanos como los falsos positivos, que deben ser sancionados  con la severidad con que se aplicaría a las Farc sino contribuyen con la verdad para esclarecer estos hechos atroces de criminalidad que nunca más podemos volver a repetir.

2. Simple y llanamente como se dijo al responder las primeras preguntas que se publicaron el pasado martes, la justicia transicional es el instrumento idóneo para resolver conflictos de guerra de esta naturaleza, que no pueden ser resueltos por los cauces de la justicia ordinaria porque son dos conceptos de justicia diferentes, en tanto, con la primera se privilegia a las víctimas pretendiendo que haya verdad, justicia, reparación y no repetición, como lo ha aceptado la comunidad internacional y el Estatuto de Roma, y con la segunda, la aplicación de penas de cárcel irrisorias y demás indulgencias para delincuentes comunes como ocurre en Colombia paraíso de la impunidad, para que queden impunes en la práctica sin posibilidad de reparación, los crímenes más atroces de corrupción contra una sociedad  como el asalto sistemático al presupuesto público protagonizado  por lo más granado de la clase política venal que tenemos, siendo emblemático el de los megadelincuentes de cuello blanco de nuestra desgraciada historia como los Moreno y Nule, plagada de delincuentes de esta laya.

3. Como ya se respondió también, el Tribunal para la Paz que actuará conforme a los estándares internacionales de administración de justicia para esta clase de conflictos, será garantía de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no queden en la impunidad como lo ha sostenido la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, que felicitó al Gobierno nacional por lo acordado en La Habana en esta materia, donde los crímenes de esta naturaleza no podrán ser objeto de amnistía e indultos, por lo que no tiene cabida que los que se oponen a la terminación de este conflicto que no ha dejado sino dolor, destrucción y muerte, sigan sosteniendo falazmente que  quedarán en la impunidad.

 Hugo Tovar Marroquín, abogado:

1. Aunque en un momento dado el expresidente Uribe sostuvo que podrían ser otorgados indultos y amnistías a los guerrilleros de las Farc sin descartar a los responsables de delitos atroces, creo que en esta oportunidad ha rectificado y lo ha hecho de manera acertada. Esto obedece, en resumen, a experiencias que han vivido otros países y a reiteradas jurisprudencias de la Corte Penal Internacional. En efecto, los crímenes más graves de trascendencia internacional, en primer lugar, no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos y, de otro lado, sobre tales crímenes podría activarse la competencia de dicha Corte cuando la justicia del respectivo Estado no cumple el deber de investigar los delitos incluidos como de lesa humanidad y de guerra en el Estatuto de Roma. Dudo que esa Jurisdicción Especial para la Paz realice juicios genuinos que investiguen a los responsables de crímenes atroces, puesto que el Acuerdo Final entre el presidente Santos y “Timochenko” está diseñado para garantizar la impunidad total, más aún cuando las supuestas sanciones no se ajustan a los estándares internacionales. Por estas razones los temores del expresidente son fundados.

2. Es válida la aplicación de la justicia transicional en procesos de paz. Así se hizo con las “Autodefensas Ilegales” durante el gobierno del  entonces presidente Uribe. Los líderes y cientos de militantes de esas organizaciones criminales fueron sancionados con mínimos de 8 años de prisión y posteriormente, sus cabezas visibles, extraditados a Estados Unidos, esto último por orden directa del  Presidente. Sin embargo, las sanciones que se impongan a los responsables de crímenes atroces, en el marco de la justicia transicional, deben ajustarse a los estándares internacionales y no pueden ser beneficiados con amnistías ni con indultos, como lo establece el Acuerdo Final, que en esa materia como en casi todas se impusieron las Farc por genuflexión del gobierno. Es evidente que tal como está planteada la Jurisdicción Especial de Paz, ésta actuaría de manera independiente o autónoma frente a la justicia ordinaria de nuestro país. Pero ello no significa que sea justa o conveniente a los intereses nacionales ni ajustada al Estatuto de Roma.

3. Lo diseñado en el Acuerdo Final en materia de Jurisdicción Especial para la Paz es garantía de impunidad para los grandes crímenes de las Farc. Pero también es un instrumento diabólico diseñado ex profeso para la venganza o la retaliación contra quienes han sido víctimas de frecuentes extorsiones, chantajes y secuestros de organizaciones criminales contrarias a los intereses siempre ilícitos de la guerrilla. Esto es tan cierto, que ya comienzan a palparse temores de grandes y medianos empresarios de la ciudad y del campo frente a lo que pueda suceder con esa Jurisdicción Especial. Incluso, no dudo que también se propiciará una arremetida contra miembros de la Fuerza Pública por legítimas actuaciones de Estado. Ya se habla de que serían investigadas por ese Tribunal las muertes de “Raúl Reyes”, “Alfonso Cano” y el “Mono Jojoy”, entre otros, por ser considerados por las Farc crímenes de guerra. De manera que esa jurisdicción especial aplicable a lo que se llama “el contexto de conflicto armado” es un peligro para todos aquellos que hayan pagado extorsiones o secuestros o hayan participado en acciones legítimas en defensa de la Seguridad Nacional.  Más aún en un país donde pululan la falsificación de pruebas y, como lo denunció el anterior Fiscal General, los carteles de los falsos testigos.