Procurador y Gaviria se enfrentan por el plebiscito

Un fuerte rifirrafe entre el procurador Alejandro Ordóñez y el expresidente César Gaviria quedó planteado en las últimas horas, a raíz el debate electoral sobre el plebiscito.

El exmandatario liberal exigió al jefe del Ministerio Público respeto, al tiempo que cuestionó su participación en el debate electoral sobre el plebiscito por la paz y lo acusó de utilizar “epítetos e insultos”.

Según Gaviria, las diferencias que tiene el Procurador con la directiva presidencial a los funcionarios del Estado para la campaña del plebiscito, no le da derecho a inmiscuirse en asuntos políticos que no son de su competencia.

Asimismo, rechazó las acusaciones del procurador sobre un supuesto fraude y dijo que Ordóñez de viola la sentencia de la Corte Constitucional, que prohíbe a los jefes de los organismos de control involucrarse en actos relacionados con las elecciones del próximo 2 de octubre.

Afirmaciones temerarias

“La directiva presidencial es conforme a la sentencia de la Corte, y es el procurador el que claramente está violando la sentencia de la Corte, que les impide a los organismos de control participar en el debate político en torno al plebiscito por la paz”.

El jefe de la campaña por el SI fue más allá y señaló que el jefe del Ministerio Público utiliza afirmaciones temerarias e infundadas para acusar al presidente Santos.

“Como Director de la Campaña por el Sí a la Paz, quiero deplorar el lenguaje descomedido, grosero y abusivo del Procurador General. El desacuerdo que él tiene con la directiva presidencial número 5 del Gobierno Nacional, no lo autoriza a usar epítetos hirientes, falsos e inapropiados que claramente le hacen daño a nuestro Estado de derecho”, expresa Gaviria en su misiva.

Esta actitud, agrega, lleva un lenguaje que deteriora el clima de respeto mutuo que deben usar los contrincantes en la campaña.

“La directiva presidencial es conforme a la sentencia de la Corte y es el Procurador el que claramente está violando la sentencia de la Corte, que le impide a los organismos de control participar en el debate político en torno al plebiscito por la Paz”, subraya.

Sentencia de la Corte

A renglón seguido, defiende la Directiva Presidencial y dice que es necesaria frente al lenguaje intimidante que ha venido usando el Procurador, para evitar que los funcionarios públicos ejerzan sus derechos conforme a la sentencia de la Corte Constitucional.

Por último, Gaviria lamenta que el Procurador desacate los fallos de la Corte Constitucional y hable de fraude que es un delito de carácter electoral, que usa de manera totalmente impropia e infrinja la sentencia de la Corte para acusar al presidente de la República de violar la Constitución.

“Es usted el que viola la Constitución con sus afirmaciones temerarias e infundadas”, puntualiza el expresidente Gaviria.

Demanda

De otra parte, el Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por el procurador Alejandro Ordoñez contra los numerales V y VI del Acto Político que blinda jurídicamente los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC.

En la acción judicial, el Jefe del Ministerio Público manifiesta que dichos numerales le dan efectos internacionales al acuerdo final suscrito entre las dos partes, sin someterlo a la voluntad popular.

En consecuencia, solicita que se respete la voluntad de los ciudadanos quienes deberán manifestar en las urnas si están o no de acuerdo con lo firmado.

Sin embargo, el alto tribunal no aceptó la petición para suspender los numerales demandados del Acto Político.

Según el procurador Ordóñez, con estas acciones se desconoce lo contenido en la sentencia C-739 de 2016, por medio de la cual la Corte Constitucional avaló el plebiscito como el mecanismo que refrendará el acuerdo final.

Señala además, que lo anunciado por el Gobierno y las FARC en el Comunicado Conjunto No. 069 del 12 de mayo de 2016, son “dos misiones sometidas a la condición inevitable de que el Acuerdo Final ya firmado por los equipos negociadores de las partes, sea finalmente suscrito por el país mediante el plebiscito por la paz”.

En razón de lo anterior, considera que el Gobierno debe abstenerse de depositar en la sede de los Convenios de Ginebra el Acuerdo Final y hacer una declaración unilateral ante las Naciones Unidas, pretendiendo la acogida y vigencia internacional del mismo, sin que el pueblo lo haya aprobado mediante el plebiscito anunciado para el 2 de octubre por medio de un decreto.