Lo que usted debe saber de los acuerdos de paz

2- Para algunos analistas, la campaña por el SI y el NO, se ha convertido en propaganda política, en vez de una verdadera pedagogía sobre el significado e importancia del plebiscito ¿ Tiene usted la misma apreciación?

3- Ve usted algún riesgo electoral para la realización del plebiscito en el departamento del Huila , y qué factores negativos podrían incidir para el ejercicio libre y a conciencia del voto

Aníbal Charry González

1. En total desacuerdo, porque sería poner un petardo a lo acordado en La Habana con consecuencias impredecibles para su desarrollo y cumplimiento, tratando de cambiar las reglas de juego consignadas en esos acuerdos después de tres años y 9 meses de negociación, para lograr el mejor acuerdo posible, como bien lo ha denominado el jefe de la delegación negociadora, Humberto de La Calle. No se entiende la posición del fiscal Néstor Humberto Martínez para proponer que se revoquen algunos aspectos de lo acordado con relación a la Jurisdicción Especial de Paz, que equivale en lenguaje prosaico y directo, a jugar literalmente con candela en torno a un asunto tan sensible a los intereses del país.

Cuando el fiscal Martínez insiste, como lo hace el expresidente Uribe, en sostener que se ha sustituido la jurisdicción ordinaria por la JEP; o lo hace desconociendo la diferencia radical que existe entre las dos jurisdicciones, como que esta última es la indicada para resolver los conflictos de guerra tan complejos como el que estamos tratando de finalizar en Colombia, de acuerdo con los estándares internacionales porque los alzados en armas lógicamente no aceptarían someterse a la justicia del enemigo; y la primera, para resolver conflictos de normal ocurrencia entre los asociados tipificados en la legislación penal interna, lo cual sería impensable por el grado de conocimiento que tiene sobre el tema como destacado jurista; o porque, simplemente quiere congraciarse con Uribe para tratar de obstruir lo acordado en La Habana, en tanto Martínez Neira, por ese mismo conocimiento, sabe que no es necesario que el asunto tenga que someterse a una ley especial por fuera de lo acordado en La Habana respecto de los empresarios que se mencionan como terceros con relación a la JEP, porque el que nada debe nada debe temer, y por lo tanto, quienes hayan incurrido en responsabilidad voluntaria con relación al conflicto la asumirán con las consecuencias benévolas previstas, y los que no, por supuesto, nada tendrán que ver con ella, lo cual dilucidará la misma Fiscalía para remitir la información correspondiente para que la JEP resuelva el asunto.

Pero además, proponer como lo hace el Giscal, que el Tribunal de la JEP sea reglamentado por ley, es desconocer los acuerdos de La Habana que establecieron que ese tema le correspondería a los mismos magistrados de cada sala, como bien lo anotó el destacado jurista y columnista de El Espectador Ramiro Bejarano el pasado domingo, advirtiendo el conejazo que pretendía hacer el fiscal Martínez al Acuerdo Final.

2. Sin duda, se ha convertido en propaganda política por la polarización que existe sobre el tema entre Santos y Uribe; por un lado, porque en forma tergiversada y con fines políticos revanchistas, este último así lo ha presentado desviadamente hablando de la paz de Santos y Timochenko, y no de la paz de Colombia; y por otro lado, porque muy a nuestro politiquero estilo, el plebiscito sobre un asunto tan sensible a los intereses nacionales, se ha convertido en una medición de fuerzas con miras a las próximas elecciones presidenciales.

3. En nuestro departamento, tal como lo ha anunciado el mismo Registrador, no existe ningún riesgo electoral para la realización del plebiscito, como que por primera vez en muchos años se hace una convocatoria electoral sin la amenaza de las mismas FARC. Lo único que podría incidir y de hecho, así se concretará el 2 de octubre para el ejercicio libre del voto, es la polarización aupada por los opositores del plebiscito al cual ya deslegitimaron anticipadamente con una campaña de tergiversaciones y mentiras que inducirán a muchos a votar con el fanatismo y la pasión, y no con la conciencia y la razón de resolver si queremos continuar con este conflicto atroz, o sentar las bases para construir la paz en este país sempiternamente sumido en la violencia por las confrontaciones producto de la polarización política.

Hugo Tovar Marroquín

1. Mi opinión es que no solo revoquen algunos aspectos relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, sino la totalidad de los puntos que pueden profundizar la crisis de gobernabilidad del país y el futuro de nuestro sistema político y económico. Varias veces he dicho que la Jurisdicción de Paz desconoce por completo, como lo señala el Fiscal General de la Nación, la jurisdicción ordinaria y particularmente la Corte Suprema de Justicia, a la que, según él, “no le tembló la mano cuando le correspondió juzgar a muchos de los factores de la guerra: narcotraficantes, paramilitares, parapolíticos, etc.”, aunque, anoto yo, ha pasado de agache ante la llamada Farc-política, que a la fecha, ha gozado de cabal salud en materia de impunidad. Hay coincidencias en ese punto con el expresidente Uribe, pero éste va más allá y censura muchos de los puntos que terminarían por generar mayor violencia en el país.

2. No dude usted un instante en que aquí no existe pedagogía política impulsada por el gobierno y la guerrilla respecto del Acuerdo Final. Lo que existe es propaganda política, que tiende a distorsionar la realidad para hacer atractivo algo cuya esencia el pueblo desconoce. El plebiscito tiene la marcada tendencia que todos conocemos, gracias al derroche escandaloso de recursos del Estado a favor del SÍ. Pero esa tendencia obedece no a que el pueblo conozca lo que en realidad contienen los acuerdos, sino a la distorsión generada por esa campaña propagandística, además del uso descarado de los recursos públicos para promover el voto favorable, como lo hizo el Presidente en Barranquilla al prometer cambio de votos por presupuesto e inversiones. Esto nunca se había visto en la política colombiana, al menos con el cinismo apabullante con que lo hacen altos dignatarios de la nación, secundados por alcaldes y gobernadores. Los del NO hemos tenido que hacer un esfuerzo descomunal para explicar nuestros puntos de vista y el por qué el Acuerdo Final constituye un engaño monumental.

3. Todos sabemos que las FARC siguen con las armas en la mano y están haciendo campaña en esas condiciones a favor del SÍ. Mucha gente que quiere votar por el NO le tiene terror a manifestar su intención de voto, precisamente por las represalias que pueda tomar la organización alzada en armas contra electores y líderes. Hoy sucede lo mismo que experimentamos durante la primera campaña del entonces candidato Uribe: a la gente le daba miedo asistir a reuniones o expresar su intención de apoyo a este candidato. Esto por un lado. Por otro, la inmensa mayoría de los alcaldes y el gobernador están en una campaña abierta, con menosprecio de las reglas de la democracia y utilizando recursos públicos para imponer, siguiendo el ejemplo del Presidente, el voto favorable en el plebiscito.