Lo que usted debe saber de los acuerdos de paz

2.- El Procurador, Alejandro Ordóñez, ha sido un duro crítico del proceso de paz y del presidente Santos, ¿cree que su salida de ese cargo le puede bajar presión al discurso de los opositores del plebiscito?

3.- La Registraduría del Estado Civil anunció que los guerrilleros de las FARC que tengan procesos penales, pero que no hayan sido condenados, podrán votar el plebiscito. ¿Está usted de acuerdo con esa decisión?

Aníbal Charry González, abogado

1. Por supuesto que sería un desastre para el país, porque se perdería insólitamente, con participación del pueblo colombiano, la única oportunidad que tendríamos para terminar el conflicto con las FARC, quedando sumidos en la incertidumbre y con la posibilidad cierta de que continuáramos en esta guerra inmoral que ha dejado más de 8 millones de víctimas y 250.000 muertos, cuando toda la comunidad internacional, incluido el presidente Obama y el papa Francisco, han visto con beneplácito que se haya puesto fin a esta guerra fratricida con los Acuerdos de La Habana, quedando convertidos en una sociedad de salvajes que prefiere seguir en la violencia y divididos por el odio y el resentimiento que estimulan los políticos para mantener su vigencia a costa del sufrimiento de los colombianos.
Y es que solo la perversidad de quienes con egolatría se oponen a que tratemos de vivir en paz, están dispuestos a que se tiren por la borda casi cuatro años de negociaciones y más de 30 de intentos fallidos para tratar de parar el desangre, sabedores de que si triunfa el No continuaríamos en esta guerra absurda todavía más degradada, pues no sería posible como lo pregonan quienes lo impulsan, que hubiese alguna renegociación con las FARC para lograr un “mejor acuerdo” con el fin de mandarlos a la cárcel y se les impida hacer política como lo propone ladinamente el expresidente Uribe, sabedor de que ese acuerdo resultaría imposible y sencillamente sería una declaración de guerra para que continuáramos matándonos para, después de otros 250.000 muertos, en medio de mayor desconfianza y resentimiento, tratáramos de lograr lo imposible sometiendo a las FARC, como si no estuviese demostrado que la salida al conflicto tiene que ser negociada y no de política arrasada que el Estado no puede conseguir como quedó patente con el gobierno del todo vale y de la violación rampante de los derechos humanos.

El pueblo colombiano tiene que entender que el acuerdo logrado con las FARC, como bien lo anotara Humberto de La Calle, ha sido el mejor acuerdo posible en medio de la complejidad de un conflicto de 52 años, y que no habrá otra oportunidad para tratar de construir la paz que nunca hemos tenido, con el argumento envenenado de que se quiere paz sin impunidad como hipócritamente lo sostienen quienes en verdad quieren prolongar la guerra, cuando no la han sufrido en carne propia como las 8 millones de víctimas que ha privilegiado el sistema de justicia transicional para que haya verdad, justicia y reparación y no repetición de la matanza y la destrucción.

Pero no habrá posibilidad de que triunfe el No guerrerista que tiene desesperados a esos halcones de la guerra, que con vileza ya están hablando, como lo ha hecho el incendiario inquisidor Ordóñez, de un gran fraude en el plebiscito y de falta de garantías, porque saben que el próximo 2 de octubre los colombianos le daremos un Sí rotundo a la paz que definitivamente aplaste la tendencia endémica de este país, a vivir sumido en la violencia, divididos por quienes han aupado el odio y el resentimiento para sacar réditos políticos y seguir mangoneándolo al servicio de las oligarquías de siempre.

2. Todo lo contrario, con la salida del inquisidor Ordóñez, quien ha manifestado en forma arrogante que seguirá en su lucha sectaria y de enemigo recalcitrante de la paz, el discurso de los opositores se intensificará con más marrullerías y guerra sucia para tratar de deslegitimar lo acordado en La Habana, presentándolo como el pacto siniestro entre Santos y Timochenko para entregarle el país al castrochavismo, que es un discurso delirante y estúpido que no se creen ya ni los mismos fanáticos seguidores de Uribe y el Centro Democrático, y mucho menos el grueso del pueblo colombiano que el 2 de octubre como dijera Jorge Eliécer Gaitán, demostrará que es superior a sus incendiarios y guerreristas dirigentes políticos.

3. Por supuesto que estoy de acuerdo con esa decisión, porque es democrática y producto del derecho que tendría cualquier otro colombiano que no haya perdido sus derechos políticos con una sentencia condenatoria, porque lo que se pretende con los acuerdos de La Habana es precisamente que los alzados en armas cambien las balas por los votos.

Hugo Tovar Marroquín, abogado

1. De ninguna manera sería un “desastre nacional” el eventual triunfo del NO. Todo lo contrario. Como a través del plebiscito el pueblo toma una decisión de carácter político, sería la mejor oportunidad para que se renegocien las condiciones de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno. Nada lo impediría, como bien lo advierte la Corte Constitucional en el fallo a través del cual validó la ley del plebiscito. Hasta ahora, el Acuerdo Final es un documento desconocido para el pueblo colombiano. Peor aún, es desconocido para la mayoría de los congresistas, de los funcionarios del gobierno y de las autoridades regionales y locales. Mucha gente que promueve el SÍ no tiene idea de qué es lo que quiere aprobar. Los negociadores del gobierno y el gobierno mismo han recurrido al chantaje como forma de presión para que el pueblo les firme un cheque en blanco plebiscitario, cosa que resulta inaceptable en cualquier democracia seria.

2. No veo por qué razón la salida del doctor Alejandro Ordóñez de la Procuraduría General pueda de alguna manera afectar el discurso de los opositores al Acuerdo Final, que pretende el gobierno aprobar a través del plebiscito. El Procurador General ha actuado de manera autónoma como funcionario que es, en defensa de principios y valores fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho, de la Constitución y las leyes, de las decisiones judiciales, como también en defensa de los intereses de la sociedad. Quienes vemos en el Acuerdo Final asuntos lesivos a los intereses tanto del Estado como de la sociedad, y beneficios exorbitantes a favor de quienes han cometido delitos atroces, tenemos nuestros propios argumentos y el deber ineludible de exponerlos. Es un ejercicio democrático, más aún cuando nos enfrentamos a una propaganda implacable y hartera del Gobierno a favor de su plebiscito. Pienso, por el contrario, que el Procurador va a tener mayor fuerza para llegar a los electores con sus argumentos, libre de ataduras burocráticas.

3. La Registraduría debe partir de un censo electoral para que los ciudadanos voten en igualdad de condiciones. Si se rompe ese esquema, de igual manera se quiebran reglas y principios que debe honrar toda democracia. El plebiscito es un acto de participación popular sobre un asunto de interés general y de carácter político. Lo dicho por el Registrador Nacional, no es un buen mensaje para la sociedad colombiana, por cuanto el simple hecho de tener una persona la condición de guerrillero, es un alzado en armas y como tal, se encuentra en situación de rebeldía contra el régimen constitucional. El plebiscito, como todo acto de participación ciudadana, debe ser libre de cualquier tipo de presión. Que unos alzados en armas voten, eso ya de por sí genera un desequilibrio a favor de los armados. Pésimo mensaje, repito, para los colombianos que ajustan su comportamiento al Estado de Derecho. El Registrador como el Gobierno han llenado de privilegios a los alzados en armas antes de su concentración y de su incorporación a la vida civil. No dudo que el gobierno se encuentra arrinconado políticamente.