El uribismo lleva cuatro años dedicado a sabotear el proceso de paz: Cristo

Jorge Parga Vanegas

Diario del Huila

El ministro del  Interior, Juan Fernando Cristo, desestimó las demandas  que contra  los acuerdos  de paz y  el plebiscito han  elevado los sectores de oposición, y dijo que no tienen   ninguna solidez jurídica. “Son simplemente estrategias políticas”.

Celebró la postura del Partido Conservador, de apoyar la campaña del Sí en el plebiscito y aseguró que esa decisión tendrá mucha influencia en varias regiones del país.

El alto funcionario respondió también interrogantes del DIARIO DEL HUILA sobre las exigencias del ELN para iniciar los diálogos con el Gobierno y el desmonte de los llamados esquemas de seguridad y protección.

¿Cómo percibe el Gobierno la respuesta de los colombianos a la campaña por el Sí del plebiscito?

Está comenzando hasta ahora la campaña con la decisión del presidente Santos de convocar al plebiscito después de que el Congreso de la República avalara esa posibilidad. Lo que estamos viendo en todo el país es la oportunidad muy grande de que esta campaña con pedagogía, todos y cada uno de los colombianos finalmente, se enteren del contenido de los acuerdos de La Habana. Creemos que durante estos cuatro años, casi en su totalidad, habían sido divulgados todos los puntos del acuerdo, pero ha habido mucha desinformación, mentiras a medias y tergiversación de los acuerdos. Esta es una oportunidad para que la gente conozca exactamente lo que se pactó. Más allá de un enfrentamiento Gobierno-oposición, del presidente Santos con el expresidente Uribe, aquí lo que está en juego es el futuro de las próximas generaciones de Colombia.

¿Qué tanto puede afectar la credibilidad del plebiscito, la reiterada   descalificación de los acuerdos de paz por parte del procurador Ordóñez?

El procurador tiene una posición suficientemente conocida por el país y la opinión pública.  Ha sido inalterable durante estos cuatro años, porque no le gusta la forma como el Gobierno avanzó en este acuerdo final. Nosotros obviamente, respetamos esa posición y esperamos que al final, más allá de la posición del Procurador, del expresidente Uribe, de los partidos políticos en el SÍ o el NO, esta es una campaña muy ciudadana y distinta, en la que cada quien votará libremente.

La demanda de inconstitucionalidad que el Centro Democrático elevó contra los acuerdos de paz, en su opinión, ¿podría finalmente truncar el proceso?

Creo que esas demandas no tienen ninguna solidez jurídica. Son simplemente, una estrategia política.

¿Cómo recibe el Gobierno el espaldarazo del Partido Conservador al SI del plebiscito, frente a la posición negativa del expresidente Andrés Pastrana?

Es muy importante y valiosa la decisión que ha tomado la bancada conservadora y el Directorio Nacional. No esperábamos menos en el Gobierno y en los partidarios del SI a la paz, porque esa colectividad ha venido acompañando este proceso en el Congreso con la agenda legislativa para la paz. Además, ha mostrado su compromiso con la posibilidad de reconciliación de los colombianos, y por eso, la decisión que acaban de adoptar ratifica ese compromiso, y en muchas regiones del país, obviamente, esperamos que tenga mucha influencia en la ciudadanía.

El ELN ha dicho que está listo para abrir la mesa de negociación, pero sin imposiciones; en esas condiciones, ¿el Gobierno también está listo?

Es que la exigencia del Gobierno Nacional de que el ELN renuncie a la práctica del secuestro y libere a los secuestrados no es una imposición, sino la interpretación del pueblo colombiano. El país ha cambiado y hoy no es tolerable ni un solo secuestro en Colombia, y no hay ninguna posibilidad, a pesar de la voluntad que ha demostrado el Gobierno, de que podamos avanzar en una negociación de paz con secuestrados en poder del ELN, y sin que esa organización renuncie a la práctica del secuestro.

 ¿Qué ha pasado entonces, con los diálogos iniciales que se dieron con los máximos cabecillas de esa guerrilla?

 El diálogo se ha dado desde hace algún tiempo y el Gobierno ha mostrado su disposición. Se han realizado muchos encuentros, pero en los últimos meses, con esa actitud del ELN de persistir en la práctica del secuestro, ha alejado la posibilidad de instalar formalmente la mesa.

¿Qué directrices ha impartido el Gobierno sobre la financiación del plebiscito?

El Ministerio de Hacienda ya garantizó los recursos a la Registraduría  Nacional del Estado Civil y esperamos que cumpla esa tarea de manera  eficaz e imparcial.

En un debate promovido esta semana en el Senado, por el congresista   huilense Hernán Andrade, se concluyó que es necesario revisar e incluso desmontar los onerosos esquemas de seguridad que el Estado ofrece a   legisladores, diputados, concejales y altos funcionarios del Estado, ¿el gobierno está de acuerdo con esa medida?

Yo creo que fue un debate oportuno que convocó el senador Andrade. Nosotros creemos, desde el Gobierno, que hay que seguir haciendo esfuerzos por desmontar esquemas de seguridad y protección a quienes no los necesitan. En esta administración, hemos venido haciendo un esfuerzo descomunal, se han desmontado más de 250 esquemas y se han disminuido muchos otros. Le doy una sola cifra: en el año 2014, la Unidad Nacional de Protección se gastó 530 mil millones de pesos en los esquemas de protección. En el 2016, dos años después, con los mismos pesos constantes, el presupuesto bajó a 460 mil millones. Tal vez, es la única entidad del Estado que tiene una rebaja de su presupuesto. Queremos seguir bajando ese rubro, porque nos parece que en un país que avanza hacia el fin del conflicto con unos mejores niveles de seguridad, pues, muchas veces no tienen sentido estos esquemas de protección. Sin duda, se presentan abusos, que hemos estado corrigiendo muy drásticamente y hemos reducido todos los costos de viáticos, de escoltas, de tiquetes aéreos y seguiremos apretándonos el   cinturón en esa materia.

El uribismo entuteló el plebiscito y pidió su suspensión provisional; ante esto, ¿qué dice el Gobierno?

Pues que ya no saben qué hacer. Llevan cuatro años dedicados a sabotear y oponerse a cualquier avance de la posibilidad del fin del conflicto en Colombia. Aquí lo que estamos buscando finalmente, es una refrendación ciudadana para la desmovilización y desarme de las FARC, y para garantizar   el fin y el propósito de paz. Esos acuerdos podrían estar vigentes hoy, el  Presidente tenía todas las facultades y la competencia legal para firmar a nombre de los colombianos, pero él se comprometió con este derecho democrático de los ciudadanos de opinar sobre los acuerdos; y lo que parece es que están tratando de interponerse en ese derecho, pero eso no tiene ningún sentido.

Defensores de Derechos Humanos y víctimas del conflicto aseguran que las FARC no han entregado todavía a muchos colombianos secuestrados, ni que tampoco dan información de la suerte que corrieron. ¿No cree que el Gobierno debió haber condicionado la entrega de estas personas antes de firmar los acuerdos de paz?

El proceso de negociación estableció una línea muy clara de renuncia de las FARC al secuestro, que se cumplió en líneas generales. Ahora, lo que hay que determinar con las autoridades es qué personas están en poder de las FARC, en dónde están y obviamente, debe procederse a su liberación. No conozco la lista de secuestrados, pero son temas que tienen que ser abordados en la implementación de los acuerdos.

Más allá del enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, aquí lo que está en juego es el futuro de las próximas generaciones de Colombia.