El ejército colombiano enfrenta incertidumbre después del conflicto

Por  Adam Isacson

Hace 14 meses, se notaba que el apoyo del ejército colombiano a las negociaciones de paz con las FARC era poco entusiasta, y que un sector significativo de las fuerzas armadas y de su liderazgo está en desacuerdo con el manejo de las discusiones por parte del gobierno civil.

Durante el último año, el apoyo al proceso de parte de las fuerzas armadas ha mejorado, por lo menos entre oficiales militares activos. Han habido muchos menos ejemplos de escándalos de espionaje y de desacuerdos entre civiles y militares sobre el tema de la paz que lo que fue documentado en 2013 y 2014. Esto ocurre debido a ciertas razones.

La posibilidad de llegar a un acuerdo es mucho más fuerte, especialmente después de que los negociadores firmaran acuerdos de justicia transicional en septiembre y diciembre del 2015.

El Comando de Transición de las fuerzas armadas colombianas ha hecho su parte del trabajo de manera seria y responsable. Esta oficina es liderada por oficiales activos de alto rango que han pasado meses en La Habana negociando aspectos técnicos del cese al fuego y el desarme con contrapartes de la guerrilla en un “Subcomité para el fin del conflicto”.

Cambios de liderazgo han traído a oficiales más moderados que han visto las charlas en La Habana de una manera más pragmática como la manera más rápida de terminar la violencia generada por las FARC. El General Alberto Mejía, jefe del ejército desde julio del 2015, se ha propuesto reorientar la doctrina militar y el plan de campaña del ejército hacia prioridades post-conflicto. Mientras tanto, la asociación de oficiales retirados de Colombia, ACORE, cuyos miembros pueden expresarse libremente sobre políticas, continúa mostrando su escepticismo para con el diálogo.

Se presume que la mayoría de las fuerzas armadas no se opone ideológicamente a estas charlas como un ejemplo de “negociación con terroristas” o de “entregar el país a las FARC,” tomando dichos de la oposición de derecha colombiana.

Sin embargo la mayoría de los oficiales comparten tres preocupaciones que podrían disminuir su apoyo de la consolidación post-conflicto y tiene que ver con las dudas sobre justicia transicional, la posibilidad de un corte significativo de personal y presupuesto, y la incertidumbre sobre su nuevo rol en la Colombia después de la contra-insurgencia.

Justicia transicional

Aunque dejó algunos puntos claves sin responder, un acuerdo del 15 de diciembre de 2015 toca el tema de como responsabilizar a las guerrillas por graves abusos a los derechos humanos. Un comunicado del gobierno del 19 de diciembre estableció que el personal militar que sea acusado de crímenes similares enfrentaría el mismo tipo de juicio. El alto comando acogió los cambios propuestos. El documento del 19 de diciembre provee reducciones en penas de prisión y debilita el principio de responsabilidad de los comandantes por los crímenes de sus subordinados, lo que disminuyó las preocupaciones de oficiales de tener que pasar más tiempo en prisión que las FARC, estar detenidos en cárceles comunes en vez de prisiones militares, y de tener que responder por las atrocidades cometidas por las unidades que comandaban.

Para beneficiarse de sentencias reducidas, miles de militares deberán confesar sus crímenes. Como resultado de esto, mucha información oscura surgirá justo en un momento de victoria para el ejército. Algunos subordinados podrían nombrar a sus comandantes mientras confiesan todo. Al mismo tiempo, revelaciones de una comisión de la verdad, autorizada por el acuerdo de Justicia Transitoria, podrían manchar aún más la reputación del ejército.

Recortes de personal y presupuesto               

El fin del conflicto armado en Colombia podría conllevar graves recortes para las fuerzas armadas colombianas, que hoy en día cuentan con 272.000 miembros. Oficiales del gobierno de los Estados Unidos especulan que a este número se le podría rápidamente restar de 90.000 a 100.000 miembros después de un acuerdo de paz.

Aunque Colombia no puede continuar costeando un ejército de este tamaño, una caída muy rápida en el número de sus efectivos podría llevar a la creación de un vacío de seguridad en la Colombia post-conflicto. La Policía Nacional de Colombia, que cuenta con 184.000 efectivos, y que ha sido controlada por el ministerio de Defensa desde 1953, podría ser relocalizada, por lo que se encuentra intentando reclutar a 10.000 personas más por año. Aun así, tomaría muchos años para rellenar el vacío que dejaría tal recorte de las fuerzas armadas. Es por esto que creemos que el ejército no reducirá sus capacidades tan abruptamente como indican nuestras fuentes.

Alguna reducción, sin embargo, es inevitable simplemente debido a la reducción del presupuesto del gobierno colombiano. Debido al doble golpe de la caída de los precios del petróleo y del valor del peso colombiano. Los que probablemente sientan los recortes más fuertemente serán los oficiales de medio nivel, cuyas carreras podrían finalizar antes de tiempo si Colombia se ve forzada a reducir su número de coroneles y generales.

¿Nuevos roles militares?

Si las FARC logran convertirse exitosamente en un movimiento político no violento, desmovilizando a la mayoría de sus 15.000-20.000 combatientes, milicias y personal de apoyo, las fuerzas armadas colombianas perderán lo que ha sido su misión principal por más de medio siglo.

El ministerio de Defensa sabe esto, ya que su nueva política de defensa, junto con entrevistas a oficiales, muestra un espectro de roles nuevos y no tradicionales para las fuerzas armadas. Estos incluyen:

Protección de las zonas de concentración de las FARC durante un cese al fuego. La petición del gobierno colombiano y las FARC al Consejo de Seguridad de la ONU estipulaba la venida de verificadores internacionales desarmados, no de cascos azules. Esto tendrá como resultado que la responsabilidad de cuidar el perímetro de las zonas donde las FARC se desmovilizarán recaerá sobre el ejército colombiano.

Combatir al crimen organizado, incluyendo al resto de la guerrilla no desmovilizada, bandas criminales paramilitares y organizaciones bien armadas que se dediquen al narcotráfico, la minería ilegal y actividades similares. El ejército anticipa suplementar presencia a la policía en áreas donde exista influencia del crimen organizado, especialmente áreas rurales dónde la presencia policial es escasa.

Apoyar a la policía en las ciudades, dónde el crimen ha sobrepasado su capacidad de respuesta. Esto ha sido recientemente propuesto para Medellín y Barranquilla.

Patrullar las costas, ríos y fronteras para impedir el tráfico y otras actividades del crimen organizado.

Erradicar manualmente los cultivos ilícitos de coca, amapola y cannabis. El ministro de defensa colombiano ha dicho que 5.000 efectivos policiales y militares estarán asignados a esta misión en 2016.

Participar en misiones de paz de la ONU alrededor del mundo. Colombia espera tener una fuerza de 5.000 efectivos disponible para despliegue en el período post-conflicto.

Remover minas terrestres, con el ambicioso objetivo de que Colombia esté libre de minas para el 2021. Las fuerzas armadas esperan tener 5.000 efectivos entrenados en desminado humanitario para el final del año.

Proyectos de desarrollo para lo que un oficial llamó “la consolidación de Colombia”. En particular, las fuerzas armadas tienen un cuerpo de unidades de construcción militar que construyan una red de vías actualmente insuficiente.