Posesionados los primeros magistrados de la JEP

El presidente Juan Manuel Santos, posesionó a los primeros magistrados que tendrán la responsabilidad de aplicar la Justicia Especial de Paz (JEP), que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. La elección estuvo a cargo del Comité de Escogencia nombrado por la ONU.

Entre los seleccionados el 53 % son mujeres, más del 10 % son indígenas, más del 10 % afrocolombianos y el 61 % son de fuera de Bogotá. Así mismo, tienen trayectorias y experiencias diversas, en tanto han sido jueces, integrantes del Ministerio Público, de cortes internacionales de derechos humanos y de la academia.

Es importante precisar que los escogidos se dividen en 20 miembros y 7 suplentes para el Tribunal para la Paz, 18 titulares de las Salas de Justicia y 6 suplentes de las Salas de Justicia, para un total de 51 togados.

Esta nueva instancia cumplirá con el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) perpetradas en desarrollo del conflicto armado.

Pero debe decirse que la Ley Estatutaria de la JEP, en estudio por parte de la Corte Constitucional, fijó unos nuevos requisitos para ocupar esta magistratura, los cuales causaron revuelo entre distintos sectores, pues algunos de los seleccionados se verían afectados para posesionarse en sus cargos.

Se estableció que no podrán tomar posesión:

Quienes dentro de los cinco años anteriores a la fecha de posesión ejercieron la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado; hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos y por haber tramitado acciones ante sistemas o tribunales internacionales o litigado contra la Nación ante dichas instancias.

Estos funcionarios estarán sometidos al mismo régimen especial penal previsto para los magistrados de las altas cortes. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidas en sus providencias judiciales, proferidas en ejercicio de su independencia funcional.

Esta reforma se discutió en el Legislativo en el marco de los acuerdos de paz y fue tramitada vía fast track; por esa razón, tendrá control automático y único de constitucionalidad por parte de la Corte en los próximos meses.