Por trashumancia, ciudadanos podrían ir a la cárcel

Artículo 4o. de Ley 1864 de 2017: “Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Dicha norma establece también que “en igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.

Con base en esto el Consejo Nacional Electoral, al anunciar el pasado martes que dejó sin efecto la inscripción para los comicios regionales de octubre próximo de 915.853 cédulas de ciudadanía en todo el país por presunta trashumancia, también advirtió que una vez identificados los posibles trashumantes procederá a estudiar los recursos que se presenten. “En caso de confirmarse la trashumancia la actuación será remitida a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la respectiva investigación penal y determine si se configuran los delitos de Inscripción irregular de cédulas y/o falso testimonio”, señaló el organismo.

De igual forma,  el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, denunció que existe alto riesgo de trashumancia electoral en el país y solicitó al Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto la inscripción de más de 773.000 cédulas.

La anulación de la inscripción de cédulas por eventual trashumancia no es algo nuevo en el país, incluso en los últimos años ha venido aumentando de forma considerable (ver gráfico). Sin embargo la novedad es que para el caso de elecciones de autoridades locales, que este año se efectuarán el 27 de octubre próximo, se ‘estrena’ la de Ley 1864 de 2017 que impulsó el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez para proteger los mecanismos de participación democrática.

Esta norma endureció las penas por algunos delitos electorales y creó otros tipos, como es que en el caso de la trashumancia también se penalizará  con cárcel de 4 a 9 años a quien inscriba su cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros.

La situación que se plantea con la nulidad en la inscripción de 915.853 cédulas de ciudadanía para los comicios de octubre que anunció el Consejo Nacional Electoral, es cuántos de esos casos verdaderamente corresponden a inscripciones irregulares con dolo y por ello se exponen a ser judicializados.

Impugnaciones

Vale recordar que en las elecciones territoriales de 2015 el Consejo Nacional Electoral al resolver recursos de reposición presentados en diferentes regiones del país, confirmó la anulación de la inscripción de 81.081 cédulas de ciudadanía de 1.605.109 que había dejado sin efecto por presuntas irregularidades, que lo llevaron a pensar en su momento que se trataba del delito de trashumancia.

En esa oportunidad y ante las impugnaciones que radicaron miles de ciudadanos en diferentes regiones del país que se vieron afectados con la decisión contra la inscripción de su cédula, el organismo electoral consideró, entre otras, como prueba válida la certificación de vecindad expedida por los alcaldes municipales o su delegado de que la persona efectivamente residía en el municipio en donde pretendía votar en 2015.

Lupa a las elecciones

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dijo que revisarán los informes de rendición de cuentas de las campañas e insistió en la pedagogía para que las personas sepan que pueden irse a la cárcel.

 “Los partidos y los candidatos tienen que conocer esta nueva regulación, no se pueden quedar atrás. También es importante que los privados que financian campañas, se cercioren de reportar con el nombre y la identificación adecuada para evitar irregularidades”, afirmó Hernández.

Autoridades preparadas

El Gobierno anunció el Plan Ágora, mediante el cual espera darle transparencia y seguridad a las elecciones.

El Ministerio de Justicia aplicará la política criminal electoral, en articulación con entidades como la Fiscalía, que tiene a 243 funcionarios dedicados a estos delitos.