Por casos de perfilamientos, abren indagatoria en contra de Uribe
El alto tribunal tomó la decisión el pasado 15 de mayo luego de que a los despachos de los magistrados llega un anónimo con pistas de una supuesta relación del expresidente con el caso. La Corte ya compulsó copias a la Fiscalía porque habría militares involucrados en el caso.
El pasado 15 de mayo, la Corte Suprema de Justicia resolvió abrir otra indagación preliminar en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Esta vez por cuenta unas supuestas interceptaciones ilegales y de una información anónima que llegó al alto tribunal en diciembre del año pasado, antes de entrar a la vacancia judicial. La Corte, además de iniciar estas pesquisas en contra de Uribe, ya compulsó copias a la Fiscalía porque también habría militares involucrados en este caso.
Según la información preliminar del caso, de estos casos ya tiene registros el ente investigador quien le lleva la delantera a alto tribunal en las investigaciones. Tan es así que en las últimas semanas la Corte realizó una inspección a la Fiscalía para conocer más detalles y compartir la información que llegó a los correos de los magistrados. El anónimo, dirigido a la magistrada Cristina Lombana, se advertía que el contenido tenía que ver con “información urgente” del caso “chuzadas-hacker-Álvaro Uribe”. Y, en el cuerpo del mensaje, se leía que el jefe natural del Centro Democrático había recibido datos reservados, obtenidos por unidades de inteligencia y contrainteligencia militar a través de interceptaciones ilegales de comunicaciones, “cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez.
Las víctimas de estas acciones incluyen senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales”. El mensaje que recibió la magistrada Lombana indicaba con detalle que “las unidades donde se realizan estas prácticas son unidades orgánicas de la Brigada de Inteligencia Militar No. 1 (Brimi 1), el Batallón de Inteligencia Militar No. 4 (Baime 4) y el batallón de ciberdefensa (Bacid)”. En él se leen también los nombres de seis militares (un teniente coronel, un mayor y cuatro suboficiales) que estarían implicados en las interceptaciones ilegales; así como que algunos uniformados que protestaron por las actividades ilícitas que se estaban cometiendo fueron trasladados. Pero que, a pesar de ello, seguían dispuestos a denunciar, al igual que otros oficiales que, incluso, tendrían pruebas de lo que se ha hecho.
