Usuarios no necesitarán de tutelas para exigir servicios de salud

El Vocero de Cambio Radical reveló que la iniciativa contempla multas para las Empresas Promotores de Salud (EPS) que no cumplan con los estándares de calidad a la hora de suministrar el servicios.

Además, indicó que el proyecto está motivado en la constante inconformidad de la ciudadanía por la deficiente prestación del servicio de las EPS, como en el caso de enfermos que mueren esperando una atención oportuna.

Se afectarán calificaciones

El proyecto de ley pretende hacer valer los derechos de los pacientes, que además de padecer de sus dolencias, deben sufrir las consecuencias de un sistema poco humano.

Como alternativa de solución a esta problemática, el proyecto propone un conjunto de sanciones a las EPS que presenten calificaciones desfavorables en indicadores de acceso a la atención de salud, facilidad y acceso de información a los usuarios y satisfacción en la experiencia del servicio de acuerdo, entre otros.

Lara Restrepo explicó que los estándares con los cuales se harán estas calificaciones de calidad son: número de tutelas por no prestación de servicios del Plan Obligatorio de Salud por cada 10.000 afiliados.

Asimismo,  se  establece igual  número de tutelas por negaciones a afiliar personas, que a pesar de haber cumplido el tiempo para trasladarse, por el hecho de que dentro de su grupo familiar existe una persona que padece una enfermedad catastrófica, no se cumple con ese registro.

Castigo a EPS

Igualmente, el proyecto busca crear un Sistema de Pagos por Desempeño, el cual condiciona los resultados económicos y financieros de las EPS a la calidad de los procedimientos y tratamientos recibidos por los pacientes.

De esta manera, el espíritu del proyecto apunta a castigar a las empresas que presten un mal servicio, viendo afectadas sus ganancias.

Finalmente, la iniciativa busca que la prestación del servicio de salud, se realice de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como establecer un conjunto de sanciones administrativas para las prácticas violatorias del derecho fundamental a la salud.