Uribistas se pronuncian hoy sobre nuevo acuerdo de paz

El Centro Democrático anunció que hoy hará un pronunciamiento oficial sobre el nuevo acuerdo de paz, tras una reunión que sostendrá la bancada del partido en el Congreso.

El senador Ernesto Macías, dijo que se examinará punto por punto para conocer a fondo el alcance de los ajustes introducidos en la reunión de La Habana.

El vocero político del Centro Democrático, no descartó que la implementación y refrendación de los acuerdos se haga a través del Congreso, habida cuenta de las mayorías que tiene el gobierno en el legislativo.

Bienes de las FARC y reparación

La guerrilla de las FARC declarará y entregará todos sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, confesando así sus fortunas ilegales. Hasta el momento las FARC había negado este punto que es de suma importancia, básicamente por dos cosas: al confesar en dónde están sus riquezas generan confianza, especialmente en los damnificados directos. Esto deberá darse antes de que las FARC entreguen las armas.

Tierras y propiedad privada

Se ratificó respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se le expropie por fuera de la ley ya vigente. Así se responde a una de las preocupaciones planteadas por el expresidente Uribe y empresarios agrícolas que temían a una eventual reforma agraria que afectara la propiedad sobre los predios.

La Jurisdicción Especial de Paz

Será manejada a través de la Justicia Penal Colombiana. Además, su vigencia será hasta por diez años, pero solo recibirá solicitudes de investigación en los primeros dos. Inclusive otra de las razones por las cuales se quiso acortar el tiempo de estas peticiones, fue para evitar la futura aparición de testigos falsos en los diferentes casos. 

Este punto fue uno de los más criticados por la oposición ya que veían inviable el hecho de que quienes estuvieran juzgando a los guerrilleros y demás partícipes del conflicto armado en Colombia, fueran jueces extranjeros. Se pudo arreglar que aunque sí habrá participación de expertos que tendrán como objetivo ayudar con temas sensibles como la justicia transicional, la Corte Constitucional será la instancia de cierre, pues allá se definirán las acciones de tutela que se presenten contra las decisiones del Tribunal para la Paz.

Había preocupación entre los empresarios de que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación de la justicia transicional. Ese temor se disipó, los empresarios que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.

Pena de restricción efectiva de la movilidad

Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad. En el documento se aclara que aunque reciban este beneficio, estas tendrán que mantenerse en las Zonas Veredales de Desmovilización, acordadas previamente. Si por algún motivo los condenados necesitan salir de esas áreas, deberán tener autorización. Por otro lado, se mantiene la sanción de hasta veinte años de prisión para quienes no colaboren. 

Participación en política

Todos los miembros de las FARC podrán ser elegidos políticamente. Este punto es tal vez el que más ha generado controversia. Esta organización guerrillera no podrá presentar candidatos para las 16 circunscripciones especiales de paz en zonas de conflicto. El único punto que no tuvo cambio fue el las curules asignadas a las FARC, serán cinco en Senado y cinco en Cámara. Sin embargo, se harán contar, los candidatos tendrán que someterse al veredicto de las urnas.

Enfoque de género

Significa un reconocimiento a las mujeres como víctimas del conflicto y así garantizarles sus derechos. Nada tiene que ver con algún tipo de ideología o dictadura de la población LGBTI que se venía manifestando. En el contenido del acuerdo se aclara que se deben respetar los derechos de las minorías.

Narcotráfico

Se analizarán caso por caso. Antes de que algún guerrillero pueda recibir indulto o amnistía, así sea por el delito de narcotráfico, que por ley está conexo a la rebelión, tendrá que someterse a una detallada inspección para ver si puede obtener alguno de estos beneficios. De esta manera se atribuirían  responsabilidades y se evitaría que la delincuencia común quiera terminar beneficiada con el acuerdo.

Justicia para miembros de las Fuerzas Militares y de Policía

Se planteó una fórmula que garantiza a soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Tendrán todos los beneficios que la justicia transicional les brinda a los guerrilleros que dejen las armas, sin equipararlos con esta fuerza insurgente como planteaban los promotores del No.

Sostenibilidad fiscal

Nadie tiene claro a cuánto puede equivaler la inversión estatal en la etapa del posconflicto. La propuesta de paz es ambiciosa y requiere millonarias inversiones públicas en las regiones. Por eso, para garantizar la solidez de las finanzas del Estado se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal y así no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno.

Líderes del No analizan nuevos acuerdos

Entre tanto ayer en Bogotá se desarrolló una cumbre de los promotores del NO con el objetivo de verificar los ajustes plasmados en el nuevo Acuerdo Final de Paz, frente a las propuestas y las inquietudes que se recogieron en estos 40 días luego del plebiscito por la paz.

Allí estuvieron analizando los cambios que se registraron en temas como Justicia Especial de Paz, entrega de bienes de las FARC para reparación a las víctimas, respeto a la inversión, a la empresa y la propiedad privada.

También los que se dieron en materia de la restricción efectiva de la libertad para los responsables de delitos de lesa humanidad, enfoque de género y libertad de culto, entre otros. De allí saldrán las observaciones que le presentarán al Gobierno Nacional.