viernes, 12 de septiembre de 2025
Política/ Creado el: 2014-09-04 08:00

Reforma propone acabar con reelección, pero periodo presidencial sigue igual

La "reforma al Estado" presentada por el Gobierno tumbaría la reelección de todos los altos funcionarios y no contemplará el voto obligatorio.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | septiembre 04 de 2014

Ante la falta de consenso entre los partidos de la Unidad Nacional para presentar un texto unificado, el Gobierno Nacional radicó ayer ante el Congreso de la República la reforma constitucional denominada por el presidente Juan Manuel Santos como la "reforma al Estado", la cual no incluirá varias de las propuesta que hizo el mandatario en la pasada campaña electoral.

El texto del articulado fue presentado por el propio Santos al término de una reunión con la mayoría de los partidos, que han anunciado que apoyarán el proyecto.

"El proyecto tiene un mínimo de consenso", sostuvo Santos al detallar algunos de los temas de la reforma. En particular destacó que se incluye el artículo para eliminar la reelección presidencial y la de todos los funcionarios.

Incluso, en lo que se entendió como una crítica a su antecesor Álvaro Uribe, dijo que "yo no tuve que reformar la Constitución para un segundo mandato, respeté las normas".

Sin embargo, Santos aceptó que una de las ideas que él había planteado, la ampliación de los períodos presidenciales, no quedo incluida dentro del proyecto.

En tal sentido, dijo que el Congreso estudiará la ampliación del periodo, pero que no se incluye en el articulado que radicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

"En las discusiones que hemos tenido hemos visto los costos y beneficios. Nos han convencido a todos de que lo más conveniente es mantener los cuatro años. No se va a presentar la ampliación del periodo", declaró Santos.

La reforma, además, deja por el suelo la propuesta del jefe del Estado de que los alcaldes y gobernadores se puedan reelegir de forma inmediata. Como también la idea de unificar los periodos de mandato.

Santos agregó que la propuesta de limitar la reelección de los congresistas no se incluye en el proyecto y planteó que serán los parlamentarios quienes digan si lo restringen a periodos determinados.

Además, dijo que no hubo consenso en cuanto al voto obligatorio, que era una iniciativa que había cogido fuerza en los últimos días para tramitarse. Se planteó que fuera inicialmente por dos periodos y que posteriormente se evaluará la conveniencia o no del mismo.

El presidente aclaró que por acuerdo con la mayoría de los partidos, las grandes reformas en el tema electoral se tramitarán en una enmienda diferente.

En los temas que sí busca aprobar esta reforma constitucional es que el voto preferente se elimine, por lo que las listas serían cerradas. En tal sentido, Santos dijo que esto fortalece a los partidos y combate las llamadas microempresas electorales.

El articulado busca, adicionalmente, que se garantice que todos los departamentos con menos de 500.000 habitantes tengan representación en el Senado.

"Garantizar vocería a todos los departamentos en el Senado, pues en la actualidad 14 de los 32 no tienen representación", indicó el jefe del Estado al resaltar que precisamente esas regiones son las que más se han visto afectadas por el conflicto armado.

Cambios en la justicia

En cuanto a los cambios en la justicia, explicó que se busca acabar con el Consejo Superior de Judicatura para mejorar la administración de la misma. "No es lo más eficiente, por eso su transformación", señaló.

También aseguró que se cierra el paso a la llamada puerta giratoria en las altas Cortes e indicó que hay consenso para modificar la forma de elección del Procurador y Contralor, como también las responsabilidades de esos funcionarios.

La reforma incluye un artículo en el que se propone imponer la silla vacía en caso de delitos de corrupción en la administración pública. Frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, dijo que se eliminará y se dará paso a un Tribunal de Aforados.

Elección del procurador quedará en manos del presidente

El Gobierno Nacional confirmó un sustancial ‘revolcón’ al sistema de elección del Procurador General de la Nación.

En el proyecto de equilibrio de poderes se incluyó una reforma para que la elección del jefe del Ministerio Público quede prácticamente en manos del Presidente de la República.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se elegirá el procurador de una terna enviada por el Jefe de Estado a consideración del Senado de la República.

Este cambio también incluye dejar claro en la Constitución la limitación a la posibilidad de que el procurador pueda reelegirse.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el próximo procurador sea del ‘bolsillo’ del Gobierno, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que “esta fórmula es una metodología con la que tradicionalmente se eligió el procurador en Colombia en el pasado”.

“Es un ejercicio que ya se ha hecho y no hay ninguna norma que garantice 100% un resultado porque la regla está hecha con la pretensión de que funcione de una manera diferente a como ocurre hoy”, señaló.

Frente a la elección del Contralor se dejará en libertad a la Cámara de Representantes para que elija tras un concurso de méritos.

En cuanto a la elección del Fiscal, la reforma al equilibrio de poderes mantuvo intacta la actual normatividad.

Reforma electoral uribista

Un proyecto de acto legislativo radicado ayer busca otorgarle al sistema electoral colombiano, según los uribistas, herramientas que aseguren un voto libre, sin presiones y así hacerle frente a la corrupción que se ejerce contra el elector.

Luego de radicar dicho proyecto, el representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, aseguró que “se proponen cambios sustanciales a través de 13 artículos que modifican 9 puntos del régimen electoral establecido por la Constitución de 1991, en lo que se refiere a la participación ciudadana, la contienda electoral y los mecanismos de impugnación electoral”.

De acuerdo con Rodríguez, está reforma estructural al régimen electoral, permitirá promover la participación ciudadana, la consolidación de los partidos y movimientos con personería jurídica, blindando las elecciones de la compra de votos, el clientelismo, la manipulación engañosa del electorado y el debilitamiento de las instituciones electorales.