Quieren liquidar el Inpec

Los escándalos de corrupción, abusos contra los derechos humanos, privilegios de algunos internos, como fiestas, celulares, licor y hasta mujeres, son algunos de los problemas manifestados por el Inpec.

De acuerdo con informaciones de El Tiempo, 62 sindicatos hacen parte de un dosier que investigan Fiscalía, Policía y Procuraduría, tras las denuncias del Inpec y del Ministerio de Justicia.

Esto, unido a la bomba de tiempo del hacinamiento carcelario, hoy en 54,6 por ciento, ha reforzado el debate sobre la necesidad de liquidar el Inpec –que tiene a su cargo 155.000 presos– en un proceso como el que se dio con el hoy desaparecido DAS.

La propuesta, que desde hace varios años ronda al instituto, volvió a sonar hace un par de semanas con la iniciativa planteada por el senador Roy Barreras en el Congreso.

Al expediente de corrupción, en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y Control Disciplinario del Inpec, se sumó esta semana la polémica protagonizada por Emilio Tapia, procesado por el ‘carrusel’ de contratos y que recordó desórdenes como los del exsenador Juan Carlos Sinisterra, quien fue señalado de remodelar sin permiso su celda; o el de los Nule, que tenían celulares y videojuegos, entre otros lujos, en la casa fiscal de La Picota.

Fuentes en la cárcel dijeron a este diario que al video en el que aparece Tapia cantando con una parranda vallenata –lo cual está en investigación– se sumaron fotografías y testimonios de internos que revelan cómo desde hace varios meses Tapia, al parecer, tenía otros privilegios, según reveló el periódico nacional.

Esos mismos desórdenes fueron detectados en el pabellón de Justicia y Paz de la cárcel en Montería. Hace exactamente una semana, el Inpec y la Policía se tomaron el penal y encontraron 75 celulares, 200 sim card, botellas de aguardiente y marihuana. En una celda, dice el coronel Juan Carlos Vargas, comandante de la Policía en Córdoba, hallaron manuales y cartillas de cómo extorsionar por vía telefónica.

En la inspección de los teléfonos, la Policía detectó que de cada uno de los equipos había registros de 85 llamadas aproximadamente, y de ese total 70 eran con fines extorsivos. Este año, de acuerdo con cifras del Inpec, han sido incautados 15.000 celulares en las prisiones.

Detrás del ingreso ilegal de celulares, que alimenta el negocio de las llamadas extorsivas, la Fiscalía, la Procuraduría y el mismo Inpec trabajan en establecer la posible omisión de los controles por algunos miembros de la guardia.

Uno de esos procesos está dirigido contra seis dragoneantes asignados a la cárcel de Cúcuta por, presuntamente, ayudar o permitir daños a los inhibidores de la señal celular. Hace ocho meses, el Inpec evidenció en ese penal un daño repentino en la sala de cómputo desde donde se controlan los bloqueadores, que generó que durante 15 días ningún inhibidor funcionara. La razón, de acuerdo con el análisis técnico, fue el derrame de agua con sal en los equipos.