Procuraduría inició proceso disciplinario contra alcalde de Oporapa
Ayer la Procuraduría provincial de Garzón inició el proceso disciplinario verbal contra el alcalde del municipio de Oporapa, Yamid Sterling Sánchez, por “haber realizado un posible negocio jurídico en nombre del municipio con un pariente en segundo grado de consanguinidad”.

El burgomaestre asistió a la diligencia en compañía de su apoderado, el abogado Guillermo Leyva. Según la investigación, el mandatario habría suscrito en 2012 la escritura pública 488, en virtud de la cual se transfirió a título de venta un lote de terreno del municipio, sin haber manifestado el impedimento que tenía para actuar, pues el comprador era su hermano.
Adicionalmente, con el acto de compraventa del predio avaluado en 919.000 pesos y vendido por un equivalente a 25.000 pesos, el mandatario habría desconocido los procedimientos establecidos en los artículos 5 y 6 de la ley 137 de 1959 y el acuerdo 012 de agosto de 2012, según se desprende de la investigación realizada por la Procuraduría provincial de Garzón, en la etapas de indagación e investigación formal.
El ministerio público calificó provisionalmente las posibles faltas del mandatario como gravísima y grave, en ambos casos cometidas a título de dolo.
En la audiencia pública, donde se le imputaron cargos, la defensa solicitó al ente de control la recaudación de pruebas a favor del alcalde, pero no presentaron recusaciones o nulidades del proceso disciplinario en curso.
Absuelven al alcalde
En otro proceso que se le adelantó recientemente al alcalde Sterling Sánchez en la Procuraduría provincial de Garzón, por el nombramiento sin los requisitos legales de la comisaria de familia del municipio, el burgomaestre fue absuelto por exclusión de responsabilidad, al haber realizado una convocatoria pública para proveer el cargo a la que nadie concurrió.
“El alcalde necesitaba urgentemente proveer el cargo para la cual a través de medios de comunicación escritos y radiales de la región hizo una convocatoria pública a la que ningún profesional de la región que tuviera título de abogado y especialización concurrió por el bajo salario que ofrecía el municipio. Ante tal situación el mandatario como no podía dejar a Oporapa sin comisaria de familia, nombró a una abogada, pero la convocatoria se convirtió en una exclusión de responsabilidad que favoreció al burgomaestre, quien finalmente fue absuelto en este caso por la Procuraduría” manifestó a Diario del Huila, el abogado Guillermo Leyva.