La revocatoria en Campoalegre nunca se debió hacer: Consejo de Estado

Ahora se comprueba que el registrador municipal que fue sancionado y separado del cargo, actuó en derecho. Hubo además un millonario detrimento patrimonial.

El 17 de noviembre del 2013 se realizó el proceso de revocatoria del mandato de Neyla Triviño como alcaldesa del municipio de Campoalegre, pese a que un fallo del Consejo de Estado, emitido 72 días antes (5 de septiembre), había revocado la decisión.

¿Qué pasó? Lo que está confirmado es que la sentencia del Consejo de Estado no fue notificada a tiempo, lo que evidencia la falta de comunicación entre entidades del orden nacional que llevó a la Registraduría al error, a realizar el proceso electoral que costó más de 1500 millones de pesos y que hoy se constituye en un indiscutible detrimento patrimonial.

Batalla legal y política

La tortuosa historia que ha soportado la alcaldesa de Campoalegre y su familia, la que tiene un incuestionable tinte de persecución política, inició el 8 de abril cuando la Registraduría expidió la Resolución 04 de 2013, según la cual se certificó el cumplimiento de los requisitos legales para adelantar la revocatoria del mandato. En ese momento se le hallo la razón al comité promotor y se avalaron las firmas.

Así empezó un proceso legal de doble vía, en el que la alcaldesa se defendió para no ir a las urnas y los contradictores a hacer lo propio en su afán de sacarla de la administración.

El 3 de mayo la alcaldesa entregó poder a la reconocida abogada huilense Lina María Guarnizo, para que interpusiera los recursos de reposición y subsidiario de apelación, con el objetivo de dejar sin piso legal la resolución que llevaba su mandato a las urnas.

El 7 se mayo siguiente y actuado en derecho como ahora se comprueba, el registrador de Campoalegre, Wílliam Escobar Betancourt, derogó la polémica resolución que avalaba el proceso de revocatoria del mandato, ordenando además el archivo de toda la actuación administrativa, con lo que se creía que se le ponía punto final a la intensión de los contradictores de la mandataria. Así quedó sin piso la revocatoria.

Uno de los principales argumentos del registrador, fue la invalidez de las firmas, al comprobarse que muchos habitantes del poblado fueron engañados por el comité que buscaba la revocatoria, en especial por el concejal Jairo Quintero, del partido de la U. Para confirmarlo la alcaldesa presentó las declaraciones extrajuicio firmadas ante notaria, donde se confirmó que el comité promotor hacía firmar las planillas con otro objetivo, para luego sumarlas al paquete exigido por la Registraduría para revocar el mandato.

Sin descanso

Cuando se creía que todo había pasado, surge una comunicación de la coordinadora del Grupo de Apoyo de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, Ángela Hernández,  quien pidió a los delegados del registrador nacional, entre ellos Eduardo Rujana, la revocatoria directa de la resolución emitida por el registrador de Campoalegre. También compulsó copias a la Procuraduría Regional, en cabeza de Cesar Murcia,  logrando en tiempo récord -15 días-  suspender del cargo, durante seis meses, a Wílliam Escobar Betancourt, en su calidad de registrador de Campoalegre.

Y la batalla legal continuó desde todas las orillas. Mientras la revocatoria se revivía en el Huila, una acción de tutela hacía carrera en el Tribunal Superior de Cundinamarca, esta vez instaurada por Consuelo Ramírez Cortés.

Lo que se sabe ahora es que ella fue simplemente la que firmó, pues detrás de la acción legal estaría  un abogado que durante el proceso siempre habló en los medios de comunicación como el asesor del comité pro revocatoria.

En esta tutela, que extrañamente no fue radicada en el Huila, se pedía la suspensión de los efectos de la Resolución del 7de mayo expedida por el registrador de Campoalegre, como efectivamente se concedió por parte del despacho judicial.

Para este momento nuevamente la mandataria local estaba en el ojo del huracán, con un proceso de revocatoria vivo que finalmente se dio el 17 de noviembre con resultados favorables para ella.

La impugnación

El 24 de marzo la alcaldesa Neyla Triviño, asesorada por la abogada Lina María Guarnizo, solicitó al Consejo de Estado la impugnación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demanda que fue aceptada y que hizo curso, como se comprueba ahora, hasta el 5 de septiembre, cuando se le halló la razón a la afectada Neyla Triviño Rojas, revocando todo lo actuado, es decir, dejando sin piso el proceso de revocatoria, con lo que además nuevamente se le halló la razón al sancionado registrador de Campoalegre, quien al igual que la mandataria, sufrió los rigores de una persecución que los afectó en lo laboral y lo personal.

Lo más extraño es que a pesar de múltiples oficios y llamadas telefónicas de la alcaldesa y su asesora jurídica, nunca tomaron medidas en el asunto, dejando en el ambiente que se trató de una manipulación, cuyo objetivo era llegar a las urnas.

Así pasaron 72 días entre la fecha del fallo (5 de septiembre) y el día en que se realizó el proceso de revocatoria, sin que el Consejo de Estado lograra notificar a las partes, incluida la Registraduría, para que no realizara el proceso democrático de revocatoria.

Para el 6 de diciembre, como se corrobora con el pantallazo de la página web del Consejo de Estado, se registra que ya había fallo al respecto, sin especificar el sentido. Se dice que el mismo se realizó por ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez,  presidenta de la sección Cuarta del Consejo de Estado.

El pasado 26 de marzo aparece en la página web del Consejo de Estado el fallo fechado el 5 de septiembre, confirmando de esta forma que las elecciones para revocar el mandato a la alcaldesa Neyla Triviño nunca se debieron realizar.

Surgen las preguntas

¿Por qué nunca se notificó el fallo? ¿Por qué se permitió que se adelantaran las elecciones en Campoalegre, pese a que un fallo del Consejo de Estado ordenaba lo contrario? ¿Quién es el responsable de las notificaciones en el Consejo de Estado? ¿Hubo detrimento patrimonial al realizar un proceso de revocatoria que el Consejo de Estado había “tumbado”?

Lo que se sabe es que tanto la alcaldesa de Campoalegre como el registrador del poblado ya están preparando las demandas por la evidente falla y afectación.