La ANLA fue alcahuete de Emgesa: Senador Macías

El senador Ernesto  Macías  exigió  a los ministros  de Hacienda, Minas y Energía,   y a la   directora  de la ANLA, su presencia en la audiencia del  Quimbo  convocada para el próximo 11 de noviembre en Garzón. 

El congresista recordó que  esa  iniciativa  surgió  de  un  debate  que se  realizó  en la  plenaria del Senado, en la que intervinieron  los  tres  congresistas huilenses y que luego fue impulsada por el  gobernador Carlos  Julio  González.

Dijo  que todos los abusos  que cometió la multinacional  constructora de El Quimbo tienen  la autorización de la ANLA, alcahuete   de Emgesa    en el incumplimiento de las compensaciones.

Macías anunció que está   listo para participar  en esta audiencia,  con el objetivo de que  tanto el Estado como la multinacional respondan a la  comunidad  por los desmanes que se cometieron en la ejecución de esta obra.

Propuesta de Santos

De otra parte,  el legislador  calificó de muy preocupante  la propuesta  que  insinúo  el  presidente Santos para             que  la   refrendación de los  acuerdos de paz  se haga  a través del  Congreso.

Para  el  dirigente político, la  mayor inquietud  radica en el manejo que el  jefe del Estado  tiene  sobre el legislativo, tras señalar  que si hay un  acuerdo entre las partes, los del Sí y los del No, no habría objeción    si la  refrendación   se  hace  a través  de cualquier  instancia  institucional.

En declaraciones a DIARIO DEL  HUILA manifestó     que la alarma   surgió porque el Gobierno se anticipó a plantear  esta propuesta,    sin  haber  definido  un  nuevo  acuerdo o al menos  un entendimiento en torno    al documento  inicial,  con la  pretensión de  someterlo a un   Congreso  que ha sido manipulado  por el  presidente de la República.

Revisión de propuestas

Al  cabo del cónclave  que   los representantes del No  sostuvieron con el  Gobierno    para la revisión de las propuestas    del acuerdo de paz, el Centro Democrático   dijo que  se transmitieron  todas las preocupaciones   de la campaña del  plebiscito y se analizaron  los  temas del documento  que  no fue aprobado por los  colombianos.

Macías declaró que esa  fuerza política está a la espera de que el Gobierno  y las FARC  determinen   la firma de un nuevo acuerdo  sobre una  base más sólida   que proteja  a las  instituciones.

“Esperamos que eso se produzca en La Habana, en  virtud de  los cambios planteados  por parte de los   voceros del No, para que no sean  cosméticos   y  garanticen un verdadero acuerdo de paz”, declaró  el congresista.

En medio de la reacción que produjo la  iniciativa, según  Macías,  el presidente cambió de opinión y después   dijo que había otra instancia  como el plebiscito o los  llamados cabildos en los  municipios  para la refrendación.

“Nosotros esperamos que el Gobierno juegue limpio  con las  cartas  sobre la mesa  por el bien del país  y sus instituciones”, expresó  el  vocero del Centro Democrático.

Sin embargo,  precisó que en  este proceso no está en  juego  el nombre de Santos ni de Uribe, o de un partido o el otro, sino   el   futuro de Colombia.

“No se puede  seguir jugando a este tipo  de circunstancias  que no le hacen  bien a un  eventual  nuevo acuerdo” puntualizó. 

Puntos de aproximación

Uno de los puntos que mayor acogida tuvieron es el que prevé la posibilidad de que se incluyan recursos extraordinarios para los procesados, como la revisión o la tutela, que podrán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte Constitucional.

Eso  quiere decir que  el Tribunal de Paz no sería entonces un órgano de cierre absoluto, pues podría tener esta única excepción, en el caso de que, por ejemplo, un procesado quiera alegar favorabilidad en la pena.

Otro aspecto debatido tuvo que ver con la limitación en el tiempo en el que va a operar la JEP. Para ello se plantean dos alternativas. La primera tiene que ver con el tiempo límite que se podría establecer para que los procesos de investigación arranquen, cuyo plazo estipulado se fijaría en los dos años siguientes a partir del nacimiento de dicha jurisdicción.

En ese lapso, quienes quieran someterse a esa justicia transicional deberán presentarse ante el Tribunal de Paz. De lo contrario, quedarían sujetos a la justicia ordinaria.

La otra alternativa plantea que en un plazo de cinco años deben estar resueltos todos los procesos, es decir, investigados y juzgados. Y para otorgarles garantías a los procesados, hubo acercamientos entre los del No y los del Sí sobre la denominada cosa juzgada.