Fiscal Montealegre se despidió de su cargo

El Fiscal General de  la Nación, Eduardo Montealegre, terminó su gestión al frente del ente acusador el día de ayer después de cuatro años. Su paso dejó defensores por su empeño en una reforma institucional que generó más recursos a la entidad y la modernización de la Fiscalía; así mismo, también existieron detractores por su defensa de los diálogos en la Habana, los escándalos de contratación en la entidad y su constante división con el Procurador, Alejandro Ordóñez, y la excontralora, Sandra Morelli.

Montealegre llegó a la Fiscalía el pasado 22 de marzo de 2012 en reemplazo de la hoy senadora Viviane Morales, cuando resaltó por un perfil más académico que político, pero con grandes expectativas: era el favorito y único penalista de la terna que presentó el presidente, Juan Manuel Santos, además de que traía el prestigio de su trayectoria académica y profesional.

Antes de llegar a ser fiscal general, Montealegre asumió la defensa jurídica de Saludcoop, EPS, que movía 2,5 billones de pesos al año y que generó un desfalco por 1,4 billones de pesos, según una investigación de la Contraloría. Como asesor legal de esta entidad, Montealegre recibió cerca de 5.000 millones de pesos.

Pero esta asesoría no solo le significó importantes dividendos económicos, también fue el motivo por el cual la excontralora Sandra Morelli lo denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por recibir, supuestamente, honorarios después de ser nombrado fiscal y no ejercer desde esa entidad ninguna investigación a profundidad contra esa EPS.

Ante esta denuncia, Montealegre se defendió al señalar que: “Es una mentira tan grande como el tamaño de una catedral. Jamás he recibido como fiscal general de la Nación, dinero proveniente de Saludcoop (...) Que ella (Morelli) le explique al país por qué razón salió a diseñar una mentira tan enorme frente a mi comportamiento ético como Fiscal General de la Nación”.

Así empezaba Montealegre su jefatura en la Fiscalía General de la Nación, la cual estuvo marcada por escándalos y controversias.

El pasado domingo, la Presidencia de la República abrió la convocatoria pública para buscar el reemplazo de Eduardo Montealegre, a la cual los aspirantes tendrán plazo de inscribirse hasta el próximo domingo 3 de abril. Finalmente, será la Corte Suprema de Justicia quien elegirá entre la terna de aspirantes al fiscal de los próximos cuatro años.

Gestión de Montealegre

Desde su llegada al ente acusador, Montealegre quiso cambiar la política criminal como estaba establecida en el país; para tal fin, tan solo seis meses después de posesionarse sacó una directiva para concretarlo: en ella definió con qué criterios se iba a priorizar la investigación penal.

Esa decisión de darle prioridad a unos casos sobre otros, comenzó a organizar la forma en la que se investigaba en la Fiscalía, que hasta entonces pretendía investigar todos los delitos aunque nunca lo había logrado por la cantidad de crímenes, por lo que terminaba poniendo el foco en los más sencillos o más mediáticos.

Otro de los cambios fue sumar el cambio de enfoque de la investigación al cambio organizacional, en una nueva estructura de la Fiscalía con la misma lógica de la priorización: en vez de una entidad dedicada a investigar y acusar caso a caso, la idea era que se tomaran decisiones más estratégicas.

Para hacerlo tuvo el apoyo del gobierno Santos, que usando facultades extraordinarias dadas por el Congreso para reformar la Fiscalía, en enero de 2014 sacó siete decretos ley que materializaron los objetivos de Montealegre.

De igual forma, durante su gestión logró un aumento presupuestal a la institución, pasando de 2 billones en el 2013 a 3,1 billones con los que cuenta actualmente.

Uno de los logros fue la creación de la de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto en que trabajan 250 funcionarios entre analistas, investigadores y fiscales. Su objetivo es ahondar en contextos bajo los cuales se han cometido violaciones de derechos humanos en el país.

En su último balance de gestión, publicado a mediados de 2015, el fiscal rescató la modernización de la Fiscalía, especialmente en el ámbito investigativo: “El proceso de modernización emprendido en el 2013 se materializa mediante la conformación de direcciones estratégicas, cuerpos de policía judicial especializados, nuevas seccionales y el fortalecimiento de otras”.

Escándalos por contratación

Uno de los escándalos que tuvo que asumir Montealegre fue la firma de tres contratos con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S., en cabeza de Natalia Springer, psicóloga y politóloga de la Universidad de los Andes, y doctora en filosofía de Universidad de Viena. En total, se destinaron cerca de 4.000 millones en contratos con Springer para investigar el conflicto armado.

Uno de los objetivos del contrato con la Fiscalía fue elaborar un análisis minucioso sobre crímenes de las FARC, procesando información mediante herramientas cuantitativas, algoritmos y ecuaciones. El estudio fue criticado por ausencia de novedad y rigurosidad.

Al respecto el funcionario dijo en su momento: “no entiendo por qué dicen que Natalia Springer es una impostora. Los periodistas, en general, nunca se han tomado la molestia de investigar los costos de este contrato antes de iniciar este linchamiento mediático contra Natalia Springer y contra mí”.

Asimismo, a finales de 2014 se conoció que la Fiscalía había destinado más de 3.600 millones de pesos en contratos para asesores que se desempeñaban en estudios sobre la paz. Dos cuestionamientos surgieron: que los contratos fueron “a dedo” y que no entregaron mayores resultados en sus investigaciones.

“Esa platica no se ha perdido, son inversiones por la paz. Voy a seguir impulsando las contrataciones para sacar adelante este proyecto, el proceso de paz y la modernización de la Fiscalía General”, dijo en ese entonces Montealegre.

Se fue sin responderle a Macías

El congresista huilense del Centro Democrático, Ernesto Macías, convocó en su momento al fiscal Montealegre para que rindiera cuentas por las revelaciones periodísticas sobre la millonaria nómina paralela, o mejor, los numerosos contratos que suscribió para delegar funciones propias de la Fiscalía a particulares, esto, por los casos Natalia Springer.

En su momento, Montealegre señaló que la Constitución no le da facultades al Congreso para citar a control político a ningún miembro de la rama judicial, aunque dijo que respondería por escrito las preguntas.

Hoy, tras finalizar en el cargo, el fiscal Macías anunció: “El fiscal se va y nunca informó sobre los contratos oscuros de su despacho. Interpreta la ley a su acomodo. Para eludir al Congreso sí se acoge a la Constitución, pero para otros casos la desconoce”.