Avanza la polémica reforma al equilibrio de poderes

Inició la discusión en la Comisión Primera del Senado del proyecto de ley denominado “Equilibrio de poderes”, el que esperan convertir en ley de la República al final de la presente legislatura (junio del presente año), un plazo coherente si se tiene en cuenta que ayer arrancó el quinto de ocho debates reglamentarios.

Hasta el cierre de esta edición se había votado el paquete de artículos que no tenían proposiciones, como el fin de la reelección presidencial y las demás reelecciones.

Aquí presentamos una radiografía de las principales modificaciones en lo político y judicial que plantea la reforma.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la eliminación definitiva de la reelección del presidente de la República, la supresión de la Comisión de Acusación y la creación de la Comisión de Aforados que se encargará de la investigación y acusación de los altos funcionarios del Estado.

El texto expuesto ante la Comisión Primera del Senado, también amplía la silla vacía para delitos de corrupción y termina de una vez por todas con la llamada “puerta giratoria” a los magistrados de las altas cortes, dando fuerza a la meritocracia como mecanismo para su elección.

Pero además no solo elimina la posibilidad de la reelección del presidente de la República. La medida se amplía para otros importantes cargos como el de procurador, defensor del Pueblo, registrador Nacional y Consejo Electoral.

Un punto muy importante es el de asignar curules en Senado, asambleas y concejos a los que obtengan las segundas votaciones en las elecciones de Presidente, gobernaciones y alcaldías. En este orden el segundo en votación en las presidenciales obtendrá de manera directa una curul en el Senado. El segundo en la carrera por la gobernación se quedará con una curul en la respectiva Asamblea y el que se ubique en la segunda posición a una alcaldía, automáticamente se convertirá en concejal.

En este punto se garantizará una curul fija en el senado para los raizales de San Andrés y Providencia, como también para los departamentos (antiguos territorios nacionales) que tradicionalmente no tienen la posibilidad de elegir representación en el legislativo.

En el articulado propuesto también se amplía la aplicación de la sanción de la silla vacía para los miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra la administración pública y se elimina el voto preferente.

Para los expertos este nuevo proyecto tiende a fortalecer los partidos políticos con listas cerradas, lo que puede generar la desaparición de pequeños movimientos, debilitando así la democracia.

Los cambios en la administración de justicia

En este punto lo más destacado es que se le da toda la fuerza a la meritocracia. En el proyecto se prohíbe expresamente “el yo me elijo y tú me elijes”, una práctica que está vigente entre los magistrados de altas cortes y también en los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría. En este orden de ideas quedará establecido, como norma general, la meritocracia para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, se obliga a que toda elección en corporaciones públicas –sin excepción alguna- deba tener previamente una convocatoria pública para asegurar control social y transparencia en la elección.

También se aumentan requisitos, calidades y condiciones para la elección de magistrados de las Cortes y se inhabilita a los magistrados que salen de una Corte para litigar ante la misma corporación por un término de 5 años.

En el mismo articulado se elimina el polémico y poco querido Consejo Superior de la Judicatura y se crea un nuevo sistema de gobierno y administración de la rama  con expertos en administración pública y no salas de magistrados. Se crea la Dirección de la Magistratura. También se elimina la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y se crea un Tribunal Disciplinario que no conocerá, por ningún motivo, las tutelas.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la eliminación de la Comisión de Acusaciones y la creación de una Comisión de Aforados. En este punto es donde habría un gran “mico”, como lo denunció la senadora Viviane Morales.

La parlamentaria insiste que la denominada “inviolabilidad” que piden en la ponencia para los jueces, magistrados y el fiscal, es un mensaje claro de impunidad.

“La inviolabilidad que proponen para magistrados y fiscal, deja las cosas igual. Si no se pueden investigar, si tienen esa inviolabilidad para qué reforma, deberíamos dejar las cosas como están y no legislar”, recalcó la parlamentaria.

Finalmente el proyecto establece que el contralor general no será postulado por las cortes ni los territoriales por los tribunales, con lo que se despolitiza estos nombramientos que hoy son manejados por los senadores y grandes caciques políticos.

Las cortes no postularán nombres para procurador general de la Nación a partir del 7 de agosto del 2018.