Aprobada proposición para la regulación del mototaxismo en el país

A la proposición presentada por el concejal Jorge Édison Patiño Sánchez, se sumaron varios de sus colegas, quienes manifiestan la preocupación que genera el mototaxismo no solo en el departamento del Huila sino en todo el país.

Asegura Patiño Sánchez, que el mototaxismo es un problema social y económico del país, porque de esta actividad informal de servicio público de transporte, muchas personas a nivel nacional derivan su sustento diario ya que ofrece en muchas ocasiones la movilidad de pasajeros a menor precio y a muchos lugares donde no existe cobertura de servicio público formalizado.

Que según un estudio sociodemográfico de motociclistas en Colombia del año 2012 demuestra que el 29% de los nuevos compradores de motos las utilizan como medio de trabajo es decir 153.788 personas, y que según el Comité de Ensambladores de Motocicletas Japonesas, establece que el mototaxismo genera 450 mil empleos anuales en Colombia.

Lo que significa, según datos entregados dentro de la proposición, la desestimación que el Gobierno Nacional ha proferido al mototaxismo ha llevado a que dicho transporte informal aumente significativamente en las grandes ciudades del país, desarrollando como efecto negativo elevadas pérdidas económicas al transporte colectivo y además se está percibiendo por parte de la comunidad un progresivo pero silencioso daño ambiental en las diferentes ciudades del país.

Para lo cual el concejal ponente Jorge Édison Patiño Sánchez y los 13 concejales que apoyaron el proposición, solicitan al Presidente de la República definir la posición del Estado Colombiano frente al Mototaxismo, que el Gobierno Nacional no delegue mediante cualquier tipo de legislación la responsabilidad única de controlar el mototaxismo a las entidades territoriales, sino que sea una función compartida entre la Nación y el ente territorial.

Adicionalmente, solicitan que los controles implementados por los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal no restrinja la libre movilidad de los ciudadanos en este tipo de vehículos ya que la mayoría de quienes lo compran las utilizan como medio de transporte personal o familiar y que exista un verdadero control acerca del cobro de las tarifas de transporte público en colectivo y taxis para que los costos correspondan a la naturaleza de los recorridos y a la extensión de la urbe.