Andrade pide que se desmonten los onerosos esquemas de seguridad

El senador conservador Hernán Andrade Serrano denunció en un debate en el Congreso de la República que el país se gasta más de 1 billón de pesos del presupuesto en protección personal de servidores públicos y amenazados.

En su intervención, el legislador huilense puso de presente que tanto el Gobierno como la
Policía aceptan que muchos aparatos de seguridad para algunos “personajes” no son necesarios.

En su criterio, el mejoramiento sustancial de la seguridad y el Acuerdo de Paz obligan a reducir o prescindir de los numerosos escoltas, carros   y motocicletas.

Andrade, al igual que la senadora Claudia López, quien participó también en la discusión, pidieron a la Policía y UNP (Unidad Nacional de Protección) revisar sus esquemas, y de ser necesario, reducirlos.

Millonarios contratos

Asimismo, denunció que los contratos con empresas privadas concentran casi la totalidad del presupuesto de seguridad del país, con escoltas y carros blindados. Andrade insistió en que los “esquemas” de seguridad personal para servidores públicos y amenazados, con cerca de ocho mil escoltas y cinco mil vehículos, entre blindados y convencionales, que le cuestan al país un  billón de pesos anuales, deben ser reevaluados y en algunos casos, suprimidos.

Además, explicó que estos onerosos servicios de seguridad ya no serían necesarios, ante el evidente mejoramiento de la seguridad, a raíz del Acuerdo de Paz con las FARC.

Abusos

El congresista huilense señaló que, si bien no se puede bajar la guardia frente a evidentes riesgos que corren determinados servidores y grupos poblacionales como periodistas, defensores de Derechos Humanos, activistas de izquierda y sindicalistas, también lo es que en muchos casos tener escoltas y carros blindados se convirtió más que en seguridad, en símbolo de estatus y de abusos frente al ciudadano del común.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo presente en el debate, aceptó que, sí deben revisarse los “esquemas” y que en algunos casos, es posible que se desatiendan verdaderos amenazados, mientras se le entrega seguridad a otros que no lo requieren.

Al respecto, el senador Andrade, citante del debate en la Comisión Primera Constitucional, indicó que eso debe aplicar para todos los congresistas, para los magistrados, procuradores, contralores, ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y toda clase de funcionarios”.

A renglón seguido, solicitó a la Unidad Nacional de Protección y la Policía que le revisen su propio “esquema” de seguridad y de ser necesario, que lo reduzcan. Esa solicitud fue compartida por la senadora Claudia López.

No más caravana de escoltas

Luego, con cifras en la mano, dijo que en estos tiempos donde las amenazas terroristas de la mafia o de la guerrilla han caído a niveles históricos, no necesitamos una caravana de gente armada hasta los dientes, con carros y motos para cada funcionario de alto o mediano nivel, también en muchos casos para sus hijos, padres y cónyuges.

En ese sentido, señaló que, por ejemplo en Bogotá, el Distrito gastará este año 3.434 millones solo en alquilar carros blindados para 43 de los 45 concejales.

Por  último,  se  refirió  a los  contratos  adjudicados este año por la UNP, y reveló que sólo cinco de esos convenios  costarán 438 mil millones  de pesos para escoltas  en  24 meses, suscritos con empresas privadas, algunas cuestionadas como las de Jorge Moreno Ojeda, quien huye de las autoridades.