Altas Cortes, a debate de control político en el Congreso
Los presidentes de las altas cortes, los ministros de Justicia y del Interior deberán comparecer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para dar su punto de vista sobre la crisis que se atraviesa en esas corporaciones.

Después de Semana Santa se llevará a cabo un debate de control político al que el Congreso de la República citó a las Altas Cortes. Esto con el fin de conocer de cerca las diferentes visiones de las partes frente al escándalo que sacude a la Corte Constitucional y la reciente polémica en el Inpec por la fuga de alias El Desalmado, autor de la masacre de cuatro niños en el Caquetá.
Tanto la bancada del Gobierno, como los partidos de oposición, acordaron tal encuentro en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la que se espera que presidentes de las altas cortes, los ministros de Justicia y del Interior, entre otros, muestren sus posiciones frente a dichos temas.
En entrevista con Caracol Radio, Edward Rodríguez (del Centro Democrático) puntualizó que se trata de una polémica en la que no debe haber una división de partidos, sino una unificación de estos, “bajo un principio que hemos propuesto y es que la justicia debe estar por encima de” ellos. “Tenemos que protegerla y todos estamos llamados a cuidarla. De tal manera que todo el Congreso se ha puesto de acuerdo para citar a las altas cortes y al gobierno nacional y que de cara al país, demos los debates a fin de construir una justicia efectiva que le sirva al ciudadano de a pie”.
Esta sería la segunda reunión de alto nivel, después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional citara el 23 de marzo a una cumbre extraordinaria con el fin de abordar la crisis desatada por el escándalo ocurrido al interior del alto tribunal, esto después de que el magistrado Mauricio González Cuervo denunciara que el entonces magistrado Jorge Pretelt habría pedido $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela.
Tras dicha reunión el presidente Santos anunció reformas estructurales para evitar hechos de corrupción. El reemplazo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara por un Tribunal de Aforados y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura a cambio de un nuevo modelo de administración fueron algunas de las decisiones.