Acuerdo de Justicia con las FARC ha dejado muchas inquietudes: Sofía Gaviria

Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, estuvo de en el departamento del Huila en la audiencia pública de “Víctimas, paz y posconflicto”. Gaviria, quien ha vivido en carne propia las consecuencias del conflicto armado en el país -en el año 2003 la guerrilla de las FARC asesinó a su hermano Guillermo Gaviria Correa- viene liderando en el Capitolio Nacional esta comisión encaminada a la defensa, visualización y representación de las víctimas de las FARC en el proceso de paz que se adelanta en el momento en La Habana.

En diálogo con DIARIO DEL HUILA la senadora fue crítica con respecto a el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a algunos puntos del proceso de paz con la guerrilla, especialmente en lo relacionado con justicia y víctimas, en donde señaló que tal y como se han establecido en lo pactado en este punto de la agenda, muy seguramente no existirá ni verdad, ni justicia, ni garantías de no repetición, por lo cual manifestó sentirse preocupada.

En la audiencia pública de “Víctimas, paz y posconflicto” que se llevó en Baraya (Huila), usted se comprometió a velar porque este municipio sea categorizado como laboratorio de paz.

Esta audiencia pública que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República  junto a la Alcaldía de Baraya fue precisamente para generar ese proceso de reconocimiento para que este municipio sea reconocido como laboratorio de paz por el impacto tan brutal que ha tenido durante todos estos años el actuar de los violentos, especialmente la guerrilla de las FARC. El 70% de esta población es víctima directa de esta organización guerrillera, eso amerita una atención especial y este fue el fin de la audiencia.

Usted señala que aunque el gobierno argumenta que las víctimas son el eje central de las negociaciones, esto en la práctica no se ha observado, ¿por qué lo dice?

Basta dar una mirada con el acuerdo llegado en el tema de justicia y  víctimas donde se crea una comisión especial que va a ser conformada en un 50% por las FARC, con lo cual van a poder decir quién es bueno y quién es malo, cuáles fueron los delitos, quiénes fueron los responsables y después remata con el Tribunal de Justicia que aún no se conoce cuánto tiempo va a estar, quien va a dirigir esos jueces, cuándo van a ser elegidos esos jueces y de qué forma y obviamente con insumos con esa comisión de la verdad que en un 50% la van a organizar nuestros victimarios.

Esto es absolutamente preocupante ya que es claramente el punto más importante y trascendental de todos los acuerdos derivados del proceso y es con el que quedamos más desilusionados.

Precisamente lo que reclaman las víctimas, más que una compensación monetaria, es  verdad y justicia.

Así es.  La reparación tiene que ser integral, no solamente económica. Algunas víctimas hemos renunciado a nuestra reparación económica en aras de que exista mayor reparación para otras, pero por ejemplo las misma FARC nos dicen que no tienen dinero  y por lo tanto no van a reparar las víctimas, entonces, ¿vamos a sacar del propio bolsillo las víctimas para pagar la reparación que ellos vayan a hacer?, eso no se entiende desde ningún punto de vista, por eso ese acuerdo nos ha dejado muchas inquietudes, nos parece que hay que trabajarle muchísimo más al tema de justicia, porque de esta manera no se van a cumplir los postulados de verdad porque va a ser una comisión manejada por las FARC lo cual va a hacer muy difícil que vaya a ser reflejada y si no se da esta es muy difícil que se vaya a construir un pilar de justicia, y no existiendo las dos anteriores no puede haber reparación, lo cual no generaría la garantía de no repetición, esto preocupa sobremanera.

Usted habla del tema en el cual las FARC sostienen que no tienen dinero para reparar las víctimas, entonces, ¿qué ha pasado con el dinero del narcotráfico, de las extorsiones, los secuestros, entre otros?

Pues eso es lo que yo me pregunto. Por eso le digo al gobierno que hizo un acuerdo muy beneficio para las FARC y muy dañino para todo el país, porque es que la reparación de las respectivas víctimas debe estar en cabeza de sus victimarios, en el caso del total del 60% de las víctimas del país, se refiere exclusivamente a la guerrilla de las FARC.

Hace pocos días se aprobó en plenaria del Congreso del República la reforma a la ley de orden público, con la cual el gobierno tendrá unas facultades para definir unas zonas de concentración para una futura desmovilización de las FARC. ¿Cuál es su opinión sobre este acuerdo?

Nosotros somos campeones para hacer leyes y campeones para no cumplirlas o aplicarlas de mala manera. Esperemos la aplicación y que las recomendaciones que dieron algunos grupos políticos de la oposición acerca de limitar estas zonas sean tenidas en cuenta. Hay que ver cómo se van a ir implementado.

A pesar de lo espinoso del tema, en este se pusieron de acuerdo el santismo y el uribismo, ¿esto es importante pensando en un posconflicto y en la reconciliación del país?

Yo creo que todos los sectores tienen que remar en este momento en la misma dirección. Una crítica al gobierno profunda es que han hecho un ejercicio de exclusión y de no participación, lo que ha ocasionado que la oposición se radicalice. Lo que nosotros necesitamos sobre todo cuando se habla en aras dela paz es que nos dirijamos hacia el mismo camino.

Espero que lo que se dio sea una señal de que aquí se va a venir un trabajo más organizado y con mayor participación de todos los sectores: de la oposición y de quienes tenemos algunas reclamaciones sobre el proceso para fortalecerlo ya que esta es la idea y el fin hacían donde debemos llegar.

Aunque aún no se han definido las zonas de concentración en el país, el miedo que tienen algunos habitantes del departamento del Huila es que en esta región se establezcan algunas de ellas y se pueda repetir lo de San Vicente del Caguán.

Algo claro es que no pueden ser las mismas zonas de distención, no pueden reflejar lo que fue el mal manejo del Caguán. Claramente tiene que haber permanente presencia del Estado y de la fuerza pública la cual pueda clarificar que la seguridad, la garantía y los derechos de todos los pobladores de esas regiones esté garantizada por el gobierno y no sea que se convierta en un nuevo gobierno de las FARC autónomo, porque no sería pactar un adelanto hacia el camino de la paz, sino por el contrario, fortalecer una presencia de territorios violentos  manejado a manos de este grupo armado.