Podrían quedar libres 6 capturados por irregularidades en contratos de salud

Hoy continuarán las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento que se desarrollan desde ayer en el Palacio de Justicia de Neiva, contra las seis personas por presuntas irregularidades en procesos de contratación en el sistema subsidiado de salud en los municipios de La Plata Y Garzón, y que superan los $25.000 millones.

Los abogados defensores intentan demostrar al juez tercero penal  municipal con funciones de garantías, que Armando Ariza, gerente de Comfamiliar Huila; Juan Pablo López Rebollón, gerente de la IPS Mediláser; Ramiro Paredes, ex alcalde de La Plata (2004-2007); Édgar Bonilla Ramírez, ex alcalde de Garzón (2008-2011); Carlos Francisco Tovar, ex gerente de Mediláser; y María Maryori Zuluaga; tienen arraigo en la región y son personas que no cuentan con antecedentes penales, por lo que no representan un peligro para la sociedad que amerite una medida intramuros.

En la noche del pasado martes, en la primera audiencia de legalización de captura, fueron dejados en libertad el ex alcalde de La Plata, Adolfo León Ubajoa y la ex gerente de Mediláser y actual gerente de la Nueva EPS, Ana Isabel Hernández Triana, quienes también habían sido capturados en Neiva y Bogotá respectivamente, pero continuarán vinculados al caso.

En igual condición podrían quedar los otros seis capturados a quienes el fiscal 23 seccional de Cundinamarca les imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés ilícito en la celebración de contratos y concierto para delinquir, y solo deberán asistir a las próximas audiencias del proceso.

Para hoy a partir de las 8:00 a. m. se tiene previsto reanudar la audiencia de medida de aseguramiento, en donde se conocerá si el juez decide otorgarles la domiciliaria a los investigados.

Las contrataciones

Sin embargo el fiscal del caso insiste en solicitar como medida intramural para los capturados, debido a la gravedad de las irregularidades que pusieron en juego la salud de miles de huilenses. Según expresó el representante fiscal, Comfamiliar habría contratado con la IPS Mediláser para prestar el servicio de salud en el centro, sur y occidente de Huila; pero esta última empresa nunca tuvo la posibilidad de cumplir el contrato, pues la IPS no tenía la infraestructura para prestar adecuadamente el servicio. El monto de la contratación alcanzó los 25.000 millones de pesos.

A la vez, Confamiliar contrató con las ESE de los municipios de Garzón y La Plata los mismos servicios de salud por valor de 6000 millones de pesos a través de la modalidad de evento controlado.

Según señaló la Fiscalía, en dicha contratación con las ESE de los municipios se indicó que el monto de los servicios que se prestarían a los afiliados al Sisbén donde Mediláser no tenía la infraestructura ni está habilitado para prestar el servicio, lo cubrirían las ESE de esos municipios, en este caso de Garzón y La Plata.

Pero en todo caso no podían ser superiores a una suma determinada de 6000 millones de pesos aproximadamente, por tanto Comfamiliar descontaba de esos $25.000 millones del contrato inicial a Mediláser los $6000 millones que podrían valer esos servicios. Aquí se dejaba en total desprotección a la población, porque se contrataba a través de la modalidad de eventos controlados, es decir que las ESE de los municipios podían prestar servicios de salud hasta determinado monto de dinero, una vez cubierto ese monto, las personas de los municipios quedaban en absoluta desprotección.

También encontró la Fiscalía, que de esta manera de contratar se garantizó ilícitamente que la empresa Mediláser se apropiara de una buena parte de los dineros de la salud.