Pliego de cargos a militares por vender información a hacker Sepúlveda
Los hechos están relacionados con la Operación Andrómeda, en donde los uniformados suministraron información secreta al hacker Andrés Sepúlveda.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres miembros del Ejército Nacional, vinculados a la Operación Andrómeda por presuntas irregularidades con la supuesta venta de información de carácter secreto del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, a Andrés Sepúlveda, conocido como “el hacker del proceso de paz”.
La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares adelantó averiguaciones en ejercicio del poder preferente y vinculó al Mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, comandante de la Operación Andrómeda, el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la Central de Inteligencia Técnica y el GAHD y al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la Operación.
El ente de control tuvo en cuenta la información de las diligencias que se iniciaron al interior las FFMM y las declaraciones de Sepúlveda el 15 de agosto de 2014, acerca de la presunta compra de base de datos del GAHD, información de seguridad nacional con datos de desmovilizados, obtenida por el suboficial Moreno Montes de manera indebida, por la que “al parecer recibió de manera indirecta remuneración económica por la venta de la misma”, falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.
La Procuraduría también pudo establecer que en cuanto al suboficial Betancur Sánchez, al parecer fue señalado por el hacker como quien le ofreció la venta de cien correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares, información por la que recibió contraprestación económica, conducta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.
De igual manera, el Ministerio Público formuló cargos contra el oficial Guerrero Herrera por posible incumplimiento a sus deberes y funciones, porque al parecer no ejerció control sobre los suboficiales a su cargo y presuntamente permitió desarrollar, utilizar y ofrecer en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional, vulnerando con ello los deberes y obligaciones que todo servidor público debe cumplir, falta calificada provisionalmente como grave a título de culpa
Así mismo, la Procuraduría archivo las investigaciones realizadas a favor del capitán Manuel Alexander Betancur Montoya, del cabo segundo Yessid Aramis Cáceres y del cabo tercero Michael Steve Beltrán Durán.
Boicot al proceso de paz
El hacker Andrés Fernando Sepúlveda había aceptado ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad y participación en las interceptaciones ilegales a los correos de los negociadores de paz en La Habana. La confesión se registró durante el primer interrogatorio que se le había realizado en mayo de 2014.
Sepúlveda reconoció que pagó por información obtenida a partir de interceptaciones hechas desde ‘Andrómeda’. En la diligencia explicó que tenía un amigo que era su contacto directo con personas de ‘Andrómeda’ y de otros organismos de inteligencia.
“La primera parte de la infiltración fue organizada por medio de ingeniería social, un tema muy básico que era interceptar por medio de un perfil en Facebook a medida que el perfil iba cogiendo más fuerza. Ellos empezaron a aceptarlo desde guerrilleros rasos hasta una persona muy cercana a Santos, un periodista ecuatoriano y Hermes Aguilar que es un vocero internacional de las Farc”, confesó Sepúlveda en su momento.
De igual manera, aceptó haber participado en espionaje, admitió vínculos con militares y haber sido cercanos a miembros de la oficina Andrómeda, creada por inteligencia militar, al parecer para sabotear también el proceso de paz.
“Por casualidades de la vida tenía un amigo que era contacto directo con toda la gente de Andrómeda y otros organismos de inteligencia, pero nunca tuve relación con ellos, porque los trabajos que hacían ellos iban con orden estrictamente militar”, manifestó.
Pago por información
Y agregó sobre su pago por la información que suministraba: “mi objetivo fue tener información relevante para poderla suministrar a otros organismos de inteligencia y servir como fuente técnica especializada… La información la entregaba directamente a los encargados en la Sijín. Lo hacía sin ninguna retribución económica, lo hacía por amor a la patria. A veces, cuando yo estaba mal de dinero ellos me entregaban recursos, pero era informal…”, dijo durante la audiencia. Las declaraciones fueron publicadas en exclusiva en su momento por la emisora Blu Radio.
Además de esto, el ‘hacker’, que trabajaba para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, reveló quién era su contacto en la inteligencia de la Policía de Bogotá.
“El teniente Usme, que era el director en ese entonces del grupo de terrorismo de la Sijín. Yo les facilité información que iba recopilando…”, agregó.
Interrogatorio
Dentro del entramado investigativo, las autoridades también se dieron a la tarea de interrogar a la esposa de Sepúlveda en un procedimiento que duró cerca de cinco horas.
Al término de la diligencia y en compañía de su abogado, el penalista Ulises Durán, Lina Luna salió del ente acusador sin dejarse ver de los medios de comunicación, para no dar declaraciones sobre el caso.
Ante la Fiscalía 56, la esposa del ‘hacker’ tuvo que explicar el origen y el uso que se les daba a los equipos y documentos allanados por agentes del CTI en su casa, al norte de Bogotá.
