Penalizaran el maltrato contra los adultos mayores
La ley contempla penas de entre 4 a 8 años de prisión contra quienes abandonen a adultos mayores dentro de sus familias, o los descuiden en su higiene, alimentación o salud.
El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1850 que penaliza el maltrato intrafamiliar contra adultos mayores ya sea por abandono, restricción de la libertad física y maltrato físico o sicológico, entre otras disposiciones que protegen a los colombianos mayores de 60 años.
La ley contempla penas de entre 4 a 8 años de prisión contra quienes abandonen a adultos mayores dentro de sus familias, o los descuiden en su higiene, alimentación, vestuario o salud.
También se cancelarán los permisos de funcionamiento para los asilos o instituciones que abandonen a los adultos mayores.
"Igualmente, a dichas penas quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea el encargado del cuidado de un adulto mayor y lo maltrate física o sicológicamente", dice un comunicado.
El gobierno advierte que esta norma ordena establecer una ruta de atención inmediata que se le "debe prestar al adulto mayor víctima de maltrato en ambientes familiares, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su cuidado y protección".
Otros temas
De otro lado, la norma ordena al Ministerio de Salud y Protección Social establecer la ruta de atención inmediata que se le debe prestar al adulto mayor víctima de maltrato en ambientes familiares, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su cuidado y protección.
Así mismo, se refiere a las estrategias, políticas, programas, proyectos y acciones que debe poner en marcha el Estado para los adultos mayores, así como a los derechos que tienen las personas mayores en materia de nutrición, habitación, vestuario, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación y cultura, entre otros.
De la misma manera, aborda el tema de los responsables del cubrimiento de la asistencia alimentaria de adultos mayores en condición de abandono, descuido o violencia intrafamiliar, las obligaciones económicas derivadas de la prestación de asistencia profesional y alimentaria a los abuelos y abuelas, y los programas de asistencia públicos a personas de la tercera edad.
