Pena de muerte, ¿una solución definitiva y valida en Colombia?

César Pérez
Diario del Huila

Este  ha sido un tema que desde los diferentes medios de comunicación, ha generado debate y controversia. Por un lado están las personas que ven la medida como un ultimátum a personas que cometan delitos graves y como una solución definitiva;  y por otro lado están los que prefieren recurrir a un proceso de resocialización en centros carcelarios y que preponderan, porque la vida es un bien que ninguna persona puede quitar ni siquiera la justicia del Estado.

Las propuestas de legalización de la pena de muerte, y la irrupción de ciertas expresiones sociales favorables a su uso por fuera de la institucionalidad, reflejan la posición de quienes encuentran que en diversos momentos de nuestra historia reciente, la justicia ha sido desbordada tanto por diversas formas de delincuencia como por la presencia de un largo conflicto armado.

Según el abogado Ricardo Falla, abogado especialista en Derecho Penal, el problema con esta medida en Colombia es que no tiene ventajas y esto hace muy difícil su aplicación. Expresó además que si es difícil en países como Estados Unidos en donde en ciertos estados está vigente cómo sería acá en Colombia, con una justicia y una investigación tan deficiente. Añadió que esto también involucra problemas de cultura, de seguridad jurídica y de principios de derecho.

«Aunque estemos en un proceso pena de tendencia acusatoria el mismo tiene deformaciones, como sería con una decisión de semejante tamaño expedida por un Juez que se supone humanista y garantista, cambiar esto desde el punto de vista constitucional con una carta magna tan amplia en el respeto de los derechos humanos significaría el cambio de media Constitución», afirmó.

Puntos a favor

Los partidarios de la pena de muerte se apoyan principalmente en dos tipos de argumentos: los que consideran que es una medida judicial justa frente al daño ocasionado por el delincuente, lo cual reedita la llamada «ley del talión». Si se admitiera ese argumento, la justicia penal pasaría a convertirse en la herramienta del sentimiento primario de la venganza, y la sociedad estaría mostrando que solo puede controlar el delito matando, es decir, que estaría acogiendo los mismos valores del homicida.

El otro argumento destacado es que la pena de muerte puede tener un efecto disuasivo frente al delincuente. Sin embargo, no se ha demostrado que su aplicación tenga un efecto intimidatorio, o incluso que exista una relación entre la pena capital y el comportamiento de la criminalidad. Un estudio de 2014, realizado en los Estado Unidos, indica que la mayor tasa de homicidios en ese país procede del sur, donde tenía lugar el 80 % de las ejecuciones, mientras que en el noreste –de donde provenía menos del 1 % de las ejecuciones– tenía una tasa de homicidios más baja. 

Historia de los intentos de pena de muerte

Durante la violencia liberal-conservadora (1946-1965) la pena de muerte se propuso en cuatro ocasiones para reprimir los delitos atroces cometidos en las zonas rurales por las bandas partidistas, es decir masacres combinadas con incendios, violencia sexual y cortes y amputaciones en los cuerpos de las víctimas.

Después, durante el actual conflicto interno, se presentaron ocho propuestas dirigidas a controlar conductas relacionadas con este conflicto. Entre 1965 y 2002 se registraron siete propuestas dirigidas a reprimir el delito del secuestro. De ellas, en tres peticiones también se pidió que cobijara a los actos terroristas; en otras tres que abarcara diversas modalidades de homicidio, y en una ocasión que también comprendiera las masacres. Otra propuesta más se dirigía a reprimir los delitos atroces y los crímenes de lesa humanidad.

A medida que ha declinado el conflicto armado, el foco de las propuestas se relaciona con actos criminales cometidos contra menores de edad. Entre 2008 y 2016 han existido tres propuestas en medio de la reacción por la conmoción desatada por delitos ejecutados contra menores indefensos. 

Penas de muerte por fuera de la ley

Algo que es innegable y que ha sido denunciado en un sinfín de ocasiones, ha sido las ejecuciones sumariales, realizadas por la justicia colombiana, las cuales han sido practicadas por los diversos actores del conflicto armado en el país: Agencias del Estado, el paramilitarismo y las guerrillas en donde se evidenciaron que dentro de la dinámica del conflicto se ejerció la pena de muerte sin procesos judiciales, sobre todo en contra de la pequeña delincuencia en donde se ejecutaron ladrones cuatreros o violadores para así poder ofrecer seguridad a campesinos, hacendados comerciantes y empresarios sobre todo, al ser los directamente afectados por sus actividades cotidianas o comerciales.

Otra aplicación evidente que se ha producido en lo que a este tema respecta, ha sido las llamadas Limpiezas Sociales, efectuadas en zonas urbanas en donde se han llevado a cabo asesinatos sistemáticos de habitantes de calles, “raponeros”, atracadores, personas con antecedentes penales, prostitutas, consumidores y personas relacionadas con el microtráfico de estupefacientes entre otros, convirtiéndose en un grave problema de percepción de seguridad.