Orden público y posconflicto en Colombia

Sergio Clavijo Vergara
Especial para Diario del Huila

Tras casi dos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC, el balance en los frentes de orden público y de implementación de lo allí acordado deja mucho que desear. De una parte, se tiene que el Estado resultó incapaz de contener el escalamiento del narcotráfico (triplicándose las áreas dedicadas a ello) y copar los lugares que dejaban cerca de 5000 guerrilleros desmovilizados, y unas 10.000 personas de apoyo, ver gráfico 1.

De otra parte, la estrechez presupuestal del período 2016-2019, resultante de la caída de los precios del petróleo y de las bajas ganancias en presión tributaria, está poniendo en seria duda las asignaciones “básicas-operativas” del pos-conflicto (estimadas en un 2 % del PIB). Dada la precariedad tributaria, Colombia está prácticamente enterrando la idea de aprovechar la situación de pos-conflicto para intentar modernizar la infraestructura agrícola y su red vial. Recordemos que estas tareas requerían asignaciones presupuestales adicionales por un 3% del PIB, según los estimativos de ANIF.

El deterioro del orden público en Colombia durante 2018-2019 es particularmente preocupante dada la delicada situación geopolítica por la que atraviesa Venezuela. Ese gobierno tambaleante de Maduro y su extensa frontera del Catatumbo se han convertido en un corredor-refugio para crecientes asociaciones delictivas relacionadas con contrabando de combustibles, minería ilegal y narcotráfico. Colombia asiste nuevamente a una amenazante proliferación de “Bandas Criminales”

(Bacrim) asociadas con las disidencias de las FARC (unos 2000 combatientes) y el fortalecimiento del ELN (unos 5000 miembros) que buscan restablecer su reclutamiento bajo células urbanas (denominadas JM-19).

Infortunadamente, se ha estado materializando lo que ANIF denominó, dos años atrás, el “efecto avispero” de esparcir el conflicto asociado al narcotráfico a nuevas áreas de la geografía nacional. ¿Sabía Ud. que varios municipios del Valle del Cauca y Norte de Santander muestran tasas de homicidios próximas a 50 por cada 100.000 habitantes (tasas cercanas a los peores registros históricos de Colombia)? ¿Sabía Ud. que la deforestación se ha acelerado en las zonas del Putumayo, Cauca y Nariño, precisamente donde más se expande el narcotráfico, mientras que el país debate si debe retomarse la fumigación aérea ante la imposibilidad de implementar la erradicación manual?

El deterioro en el orden público ha sido particularmente evidente en lo referente a: i) los ataques a oleoductos (107 en 2018 vs. 63 en 2017); ii) asesinatos de líderes sociales (141 vs. 73); iii) matanzas colectivas masacres (67 vs. 61); y, en general, iv) las acciones bélicas de los principales grupos armados al margen de la ley (282 vs. 243).

Un área donde aún se tiene progreso es en la reducción de la tasa de homicidios a nivel nacional, habiéndose estabilizado en niveles de 25 por cada 100.000 habitantes. Pero esta cifra todavía sigue siendo intolerable para la época de pos-conflicto de un país que dice sentirse orgulloso de estar entrando a la OCDE, especialmente cuando sabemos que, por ejemplo, en España o en Chile esas tasas de homicidios son tan bajas como 5 por cada 100.000 habitantes.

Así, las relaciones diplomáticas de Colombia se han vuelto a “narcotizar”. No solo están en la palestra los temas de objeciones a la JEP y las retaliaciones referidas a las visas a Estados Unidos, sino que podrían también comprometerse ayudas relacionadas con los inmigrantes venezolanos y con el llamado plan “Paz Colombia” (representando US$250 millones anuales). La presente nota analiza esta compleja situación geopolítica y presupuestal de Colombia.

Deterioro en los indicadores de seguridad rural

Ya mencionamos cómo ha venido materializándose el llamado “efecto avispero”, durante la era de pos-conflicto 2017-2018. Este postulaba que, al intentar “remover” un avispero del tamaño de nuestro problema de orden público sin la debida precaución-planificación, la consecuencia última sería la de esparcir “avispas” (ahora enardecidas), exponiéndose el país a dolorosas “picadas” (escalamiento de acciones delictivas).

Prueba de ello ha sido el fortalecimiento del ELN, cuyas cuadrillas se han incrementado de unos 1000 combatientes en 2015 hacia unos 5000 actualmente (incluyendo su asociación al Clan del Golfo y Urabeños). Ello ha derivado en incrementos en la violencia rural, especialmente en zonas otrora dominadas por las FARC (tales como Cauca-Nariño, Magdalena Medio y Norte de Santander-Catatumbo).

Esa mayor violencia rural ha implicado reversas en la favorable tendencia que se tuvo durante 2013-2016. En particular, cabe mencionar el quiebre en las cifras referentes a: i) población desplazada, aumentando un 14 % anual en 2018 hacia 108.000 personas, aunque aún inferiores a los picos de 250.000 personas en 2013, ver gráfico 2; ii) víctimas de ataques terroristas, incrementándose hacia 121 personas en 2018 (vs. 76 en 2017), más el atentado del ELN a la Escuela de Cadetes en este 2019; y iii) voladuras a la infraestructura minero-energética, donde los atentados a los oleoductos totalizaron 107 en 2018, prácticamente duplicando los 63 de 2017, ver gráfico 3. Esto último no solo perjudica la operación de la industria petrolera, sino que conlleva irreversibles daños ambientales.

¿Dónde están las ONG ambientalistas protestándole a la guerrilla este demencial accionar? Por último, preocupa el aumento de las víctimas de minas antipersonales, cuya incidencia se triplicó hacia 178 en 2018 (vs. 57 en 2017). Esta situación tiene paralizados los programas de erradicación manual de cultivos ilícitos, al tiempo que el país debate el delicado tema de la fumigación aérea.

CUADRO 1

CUADRO 2

CUADRO 3

CUADRO 4

Deterioro en los indicadores de seguridad urbana

El deterioro en las cifras de seguridad urbana se ha concentrado en los repuntes del hurto a personas, incrementándose de 125.000 casos en 2017 (254 por cada 100.000 habitantes) a 209.000 en 2018 (419 casos por cada 100.000 habitantes), ver gráfico 4. También preocupan los repuntes en los hurtos a entidades comerciales, triplicándose en los últimos dos años hacia unos 60.000 casos. Todo ello ha implicado evidentes deterioros en la percepción de seguridad ciudadana.

Colombia continúa mostrando fragilidades en su pie de fuerza policial y de allí que ANIF tempranamente manifestara que los “dividendos de paz” (entendidos como el espacio para reducir el gasto en fuerza pública) eran nulos. El caso más agudo de dichos faltantes policiales es el de Bogotá, contando solo con 238 policías por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está muy lejos del referente internacional de 450 por cada 100.000 habitantes para ciudades principales. Peor aún, Bogotá está por debajo de los 500 policías que sí se observan en muchas otras ciudades intermedias de Colombia.

Finalmente, no ayuda para nada a tranquilizar a los ciudadanos el elevado grado de impunidad del sistema judicial colombiano. Estadísticas recientes indican que la impunidad raya en el 95 %, siendo común el expediente de libertad casi inmediata a delincuentes recurrentes y sorprendidos en flagrancia. Las tasas de reincidencia delincuencial bordean actualmente el 40 %. La justicia colombiana requiere profundos cambios operativos para asegurar el funcionamiento del principio “disuasivo” y la sobreocupación carcelaria no puede seguir siendo la excusa para no castigar a dichos delincuentes. Por ejemplo, el elevado hacinamiento carcelario debería poderse enfrentar con inversión en infraestructura carcelaria bajo esquemas de APP.

“Hacia una Paz Estable y Duradera” (a manera de conclusión)

Esta coyuntura de evidente deterioro del orden público amerita recordar lo dicho por ANIF sobre los temas de “dividendos, aceleración del PIB-real y los requerimientos presupuestales del pos-conflicto”.

1. Espacio para reducir el gasto en fuerza pública (el llamado “Dividendo de paz”)

Inexistente, dada la escalada del narcotráfico y el discutido deterioro del orden público (que era previsible según nuestra hipótesis del “efecto avispero”).

2. Crecimiento potencial de Colombia

Decíamos que solo a la vuelta de unos cinco años Colombia estaría acelerando su crecimiento del PIB-real en cerca del 0,5 % - 1 % por año. Infortunadamente, vemos que dicho potencial ha caído del 4 % anual hacia un 3 % y, de hecho, el crecimiento promedio del último quinquenio ha sido de solo un 2,7 % anual.

3. Exigencias presupuestales del pos-conflicto

En este frente, la verdad es que estamos algo más pesimistas que hace un par de años, dado el fracaso de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) en arbitrar mayores recaudos tributarios. Por el contrario, dicha Ley cometió el error de poner la relación Recaudo (neto de devoluciones)/PIB en una trayectoria descendente durante el próximo cuatrienio.

Efectivamente, dicha presión tributaria estaría cayendo del pico del 14,5 % en 2015 hacia un 13,7 % en 2020 (levemente inferior a la cifra observada en 2018) y, probablemente, tan bajo como un 13,3 % a la altura de 2022. Así, la brecha en materia de recaudo tributario, respecto de la media de América Latina, se estaría agravando hacia niveles del 3% del PIB, en vez de cerrarse en al menos un 1,5 % del PIB como lo recomendaba la OCDE.

Como resultado de esta fragilidad fiscal, se ha optado por relajar aún más la Regla Fiscal, en cerca de un 2 % del PIB durante el período 2018-2022. La “cláusula de escape” de 2019 tuvo que ver con el costo de los inmigrantes venezolanos. Esto ha hecho perder credibilidad en dicha Regla Fiscal como elemento de “anclaje fiscal”. Si en la evaluación de dicha Regla de abril de 2020 el Comité Consultivo concluye que la “nueva cláusula” de escape tiene que ver con la carencia de recursos para el pos-conflicto, seguramente Colombia enfrentará rápidamente la pérdida de su Grado de Inversión.

* Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Este artículo contó con la colaboración de Nelson Vera y Carlos Camelo.