Ocupan bienes del exgobernador Hugo Aguilar por presunto enriquecimiento ilícito
Dice la Fiscalía que el dinero de estos inmuebles en extinción de dominio será destinado para reparar víctimas de grupos paramilitares.
Mediante un fallo judicial emitido por un Juzgado de Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación inició la ocupación de bienes al exgobernador y oficial en retiro de la Policía Nacional, Hugo Aguilar, cuyos patrimonios entre esos tres vehículos de alta gama serán trasladados a la ciudad de Bogotá.
Por ejemplo el famoso vehículo porsche, que originó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito al coronel Aguilar Naranjo, hace parte de los automotores que fueron sacados del edificio de la Fiscalía en la capital santandereana, custodiados por agentes del CTI y de la Policía Judicial.
Los otros dos vehículos son dos camionetas, una de ellas de la marca Mercedes Benz, que tiene un valor comercial superior a los $200 millones. Otros 30 bienes inmuebles, entre apartamentos, casas, fincas y oficinas, también fueron incautados por la Fiscalía al exgobernador Hugo Aguilar, para cumplir un fallo que le ordena pagar a víctimas de grupos paramilitares por de más de $6.000 millones.
Cabe recordar que por esta investigación, Hugo Aguilar Naranjo radicó en Washington, Estados Unidos, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, por no tener garantías en Colombia en el proceso judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Sergio Ramírez, abogado de Aguilar, afirmó que fue radicada la demanda porque “el exgobernador Hugo Aguilar, su esposa Mónica Barrera y su suegra Socorro Carreño sienten vulnerados sus derechos, porque el jefe del Ministerio Público se extralimitó en sus funciones al solicitar cárcel en su contra”.
La defensa del coronel, además solicita medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que Hugo Aguilar, Mónica Barrera y Socorro Carreño, continúen en libertad hasta que un juez de la República tome una decisión final frente al proceso por enriquecimiento ilícito.
