OBSURDH presentará ante la JEP informe de ejecuciones extrajudiciales en el Huila
En total se ha compilado 127 casos con 255 víctimas de falsos positivos en el departamento, entre 1984 y 2012. El documento revela preocupantes cifras de jóvenes de Pitalito, Acevedo, Garzón, Gigante, Neiva y Baraya que presuntamente fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública, para posteriormente presentarlos como guerrilleros o integrantes de bandas delincuenciales abatidos en combate.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, será presentado un completo informe de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Huila.
El informe elaborado por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y territorio, OBSURDH, compila 127 casos con 255 víctimas que se presentaron entre 1984 y 2012, siendo 2006 y 2008 los años donde se evidenció un incremento de esta práctica; se identificó un total de 93 casos con 191 víctimas.
“Este informe acumula todo el esfuerzo investigativo que durante 10 años el 0BSURDH ha desarrollado sobre esta práctica sistemática y generalizada que se presentó en el departamento de ejecuciones extraoficiales bajo la modalidad falsos positivos”, sostuvo Oscar Prieto, integrante de OBSURDH.
El documento será presentados ante la JEP sobre las ejecuciones que se presentaron en el Huila.
De acuerdo con Prieto, la principal exigencia del Observatorio es que sean vinculados a los procesos de investigación, juzgamiento y sanción por estos hechos a los altos oficiales de la Novena Brigada que estuvieron involucrados en estos casos reseñados.
“Entre junio de 2006 y noviembre de 2007, estuvo al frente de la Novena Brigada, con sede en Neiva, el entonces coronel -hoy general- Jaime Lasprilla Villamizar y donde presuntamente se presentaron 103 casos a través de distintas unidades militares de la Novena Brigada”.
“Después estuvo a cargo el brigadier general William Pérez Laiseca, el cual estuvo a cargo de la Novena Brigada entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008. Durante su periodo de mando presuntamente se presentaron 75 casos”, señaló Oscar Prieto.
Preocupantes cifras
El documento revela preocupantes cifras de jóvenes de Pitalito, Acevedo, Garzón, Gigante, Neiva y Baraya que presuntamente fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública, para posteriormente presentarlos como guerrilleros o integrantes de bandas delincuenciales abatidos en combate.
“Los municipios donde más hubo víctimas por estos hechos fueron: Pitalito (44), Gigante (28), Garzón (27), Acevedo (16), Algeciras (11) y Baraya, Isnos y Timamá (10). De igual manera, identificamos que en 28 de los 37 municipios del departamento se registraron ejecuciones extrajudiciales y solo en 7 no se presentaron”.
Con este informe se busca probar que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales dentro de unidades militares de la Novena Brigada y el Batallón Magdalena no solo ha sido una práctica desde el periodo 2006 -2008, sino que ha sucedido a partir de los años 80.
“Hemos tenido casos desde el 93. Ya hay una sentencia en contra del Batallón Magdalena donde se ha identificado y se ha juzgado la responsabilidad de esta unidad militar en ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falso positivo”.
A las víctimas las hicieron pasar como guerrilleros o integrantes de bandas delincuenciales.
Seis mujeres víctimas
También uno de los elementos más relevantes que han logrado identificar el Observatorio, es que hubo seis mujeres que fueron víctimas de esta modalidad de falso positivo. El caso más notorio que han compilado ocurrió en 1993 cuando integrantes del Batallón Tenerife, adscrito a la Novena Brigada, habrían sacado a dos mujeres de una discoteca muy reconocida de la ciudad de Neiva, luego las llevan a la unidad militar y las presentan como muertas en combate e integrantes de la Columna Teófilo Forero, de la otrora Farc. En consecuencia, un juez falló en contra del batallón, argumentando que las víctimas eran civiles y reconocidas en el municipio.
Acciones del Observatorio
Además del proceso de documentación, el OBSURDH ha venido trabajando en el proceso de reparación jurídica y de atención psicosocial a las víctimas.
“La reparación por parte del Estado no se les ha brindado, al negársele el acceso de registro único de víctima en la mayoría de los casos y como medida de reparación es que sean reconocidas su carácter de víctima del conflicto armado a nivel legal y por parte del Estado en primera medida”.
Y adicionalmente el Observatorio exige que se vinculen a los altos mandos tanto de la Novena Brigada como de las unidades militares que más realizaron este tipo de hechos, como lo son el Batallón Magdalena y Cacique Pigoanza, y que el Ejército reconozca que los familiares asesinados no eran guerrilleros ni delincuentes.
“Apenas algunos como el teniente coronel Hair Salamanca Robles es de los pocos que están vinculados en este momento al proceso y que va a rendir versión ante la Jurisdicción Especial de Paz, de resto muy pocos están siendo vinculados, por ejemplo: Marco Evangelista Pinto Lizarazo, hoy general está siendo vinculado a la JEP por 45 casos, pero que pasaron en Casanare y hasta ahora no ha sido vinculado por los 32 casos que, por lo menos, el OBSURDH presuntamente tiene documentado que sucedieron bajo su mando en el Batallón Magdalena entre 2007 y 2009”.
Esta semana el OBSURDH dará a conocer de manera oficial los primeros datos ante la oficina del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien es el encargado del caso 003 en la Jurisdicción Especial de Paz. El documento recopila casos registrados a lo largo de diez años sobre esta práctica sistemática de falsos positivos en el Huila.