Movilización contra las hidroeléctricas

Es así, como estudiantes, campesinos, representantes indígenas, ingenieros y profesores se desplazaron desde sus puestos de trabajo y municipios aledaños para hacer parte de la manifestación. 

“Queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país”, gritaban frenéticos los estudiantes de las instituciones educativas. El motivo de la movilización es la defensa del territorio frente a los proyectos minero-energéticos incentivados por el Gobierno Nacional e inversionistas, en mayoría, extranjeros. Con coloridas pancartas, rostros pintados, bicicletas, malabares, batas blancas e incluso de negro, todos se manifestaron. “Estamos vestidos de negro porque hoy enterramos el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que ha sido un desastre ambiental y económico para el país”, afirmó Jesús David Casanova.

La movilización empezó en la Universidad Surcolombiana, precedida de actividades culturales y académicas que ponían en contexto la situación ambiental del país frente a la política Minero Energética materializada en el Plan Maestro de Privatización del río Magdalena, que contempla aprovechar la capacidad de generación de energía hidroeléctrica con la construcción de represas en los departamentos del Huila, Tolima, Cundinamarca y Caldas. En el Huila los municipios directamente afectados serían  Pitalito, Oporapa, Timaná, Neiva, Aipe y  Villavieja.

“Pretenden expandir su imperio económico y despojarnos de la salud de nuestra tierra, solo para beneficios particulares. Por eso plantamos semillas de cambio hacia un futuro más limpio y sanar el planeta. No somos tontos, sabemos los estragos que cometerán en las cabeceras de nuestros ríos, la intervención en obras, la apertura de vías y la alteración de afluentes relativamente jóvenes como el río Aipe. Son una amenaza a la subsistencia de un afluente hídrico que surte de agua a cerca de 19.000 habitantes. Este proyecto que se visiona en Aipe quedaría tan solo un kilómetro antes de la bocatoma del acueducto municipal poniendo en riesgo su funcionalidad a futuro, tras la descarga de materiales removidos y la sedimentación generada por dicho proyecto”, afirma Juan Manuel Ortiz, habitante de Aipe. 

Actualmente está en trámite por parte de Emgesa el proyecto hidroeléctrico Oporapa ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), solo falta que la empresa radique el Diagnostico Ambiental de Alternativas. Este proyecto sería una central hidroeléctrica de 220 mw, que afectaría territorios de los municipios de Isnos, Saladoblanco, Oporapa, Tarqui, Pitalito y Elías. Así mismo, en el área de influencia del proyecto se encuentra un resguardo indígena Rumiyaco.

Por ello a la movilización también se sumaron habitantes de este pueblo, que presentó la propuesta ante el Concejo municipal de realizar una consulta popular para decidir si quieren o no la realización de una represa. “Todo lo hacen a escondidas, la próxima represa que está planteada es en Oporapa, para eso ya solicitaron licencia ambiental. El río sería una especie de piscinas escalonadas para beneficios de empresas privadas internacionales”, afirmaba el investigador Juan Carlos Acevedo.

Un contexto en riesgo

Adicional al plan de privatización del río Magdalena, se vienen promoviendo por parte del sector privado la construcción de microcentrales en municipios como Aipe, Santa María y Campoalegre. Se trata de proyectos de generación de energía para exportación que serían integrados al Sistema Interconectado Nacional Colombiano. Adicional a esto, los habitantes de Santa María también marcharon para protestar contra la intención de Electrohuila de crear una microcentral de energía y por la que han realizado audiencias públicas. 

Actualmente existen 14 solicitudes a la CAM para proyectos minero-energéticos y se autorizó por parte de Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) una licencia ambiental global a la empresa Emerald Energy para la construcción de tres plataformas multipozo al interior del Campo de Producción de Gigante, y la construcción de líneas de flujo que podrán transportar agua, gas y crudo. La cobertura de esta empresa en el Huila se distribuye en cinco veredas del municipio de Gigante y tres del municipio de Garzón, todas ellas en la misma zona de influencia del Parque Natural Regional Páramo de Miraflores. Afectando áreas de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, declarada como territorio de protección de las aguas y la vida silvestre desde la Ley 02 de 1959.

Participaron también los colegios Proyección Social, Claretiano, Inem, Escuela Normal Superior, Liceo Santa Librada Femenino y Técnico Superior, entre otros. La Universidad Surcolombiana también se suma con propuestas académicas, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas este semestre empezó un proyecto de acompañamiento a las comunidades afectadas por los proyectos minero-energéticos en el Huila. Profesionales de la psicología, el derecho, la comunicación y las ciencias políticas, fortalecen los comités de defensa del río Magdalena, y han creado un diplomado en Pitalito y Garzón sobre conflictos socio-ambientales en el Huila, con participación de más de 150 personas, la mayoría líderes comunitarios y ambientales.

El 25 de septiembre en la Universidad Surcolombiana se realizará un foro nacional en donde las comunidades afectadas por las políticas mineroenergéticas van expresar su situación, y adicional a esto también se presentaran científicos del tema, académicos e investigadores sociales. El 20 de octubre se llevará a cabo una audiencia senatorial en compañía de la USO (Unión Sindical Obrera) que ha estado convocando a las organizaciones para denunciar la violación de los derechos laborales de los trabajadores de la industria minero-energética.

El Agrado en desagrado

Los marchantes también manifestaron su defensa a la capilla de San José de Belén de Taperas, en el Agrado. “Emgesa SA  pretende desconocer los derechos culturales y patrimoniales de la comunidad de San José de Belén, la Iglesia Católica y en general los habitantes del departamento del Huila; burlando la obligación contemplada en la licencia Ambiental (0899) de trasladar integralmente la Capilla de San José de Belén, con base en un estudio pago por la misma empresa y adelantado por el consorcio San José en donde se establece el traslado total e integral de la capilla, inviable. Les aseguraron a la población el traslado integral de la iglesia y ahora solo van a mover las sillas y las figuras. Emgesa está jugando con la gente, burlándose de sus sentimientos. Con actitud tirana no quieren responder por sus daños”, expresa el activista Míller Dussán.